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Los regímenes de pensiones de la Corte y de Capitalización Colectiva de la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema) no estarían sujetos al tope de ¢2,6 millones a las jubilaciones que se debate en la Sala IV.
Así lo aclararon el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, y el exministro de Trabajo y actual diputado del PAC, Víctor Morales Mora. Ambos participaron en la vista de la Sala Constitucional en la que los magistrados escucharon argumentos a favor y en contra del recorte a las jubilaciones millonarias con cargo al Presupuesto Nacional.
Según explicaron, los sistemas de del Poder Judicial y de Capitalización Colectiva no estarían sujetos a los topes porque no se alimentan con el Presupuesto Nacional, sino con cotizaciones de los empleados y del Estado que son más altas que del régimen solidario de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
El límite recaería sobre las pensiones de Gobierno, Asamblea y del Régimen de Reparto del Magisterio, anterior sistema de los educadores.
“Poder Judicial no, porque hay un régimen del Poder Judicial que fue modificado en la legislatura pasada y ante el cual también hay varias acciones de inconstitucionalidad. Estas son las pensiones que paga Hacienda, las pensiones del Poder Judicial se pagan de un fondo especial, el fondo de pensiones del Poder Judicial. Esto (la acción de inconstitucional sobre el tope) es en relación con las pensiones que se pagan directamente de Hacienda”, explicó Morales Mora.
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El Régimen de Capitalización es uno de los dos sistemas que administra Jupema. En él, se ubican los docentes que empezaron a laborar después de 1995. Antes, los maestros cotizaban para el régimen Transitorio de Reparto (RTR), al cual sí le aplicarán los topes.
Según datos de Jupema, hay 43.000 pensionados que reciben jubilación con cargo al Presupuesto Nacional. De acuerdo con Róger Porras, director ejecutivo de la Jupema, un 4,5% de las pensiones del RTR son superiores al tope que pretende aplicar el gobierno.
“Tenemos dos poblaciones. La población que se vería afectada, si se resolviera la aplicación de la ley 7858 del tope, es la del Transitorio de Reparto, porque la norma lo que establece es que esto aplica para todas aquellas pensiones que están con cargo al Presupuesto Nacional, y el Régimen de Capitalización Colectiva no tiene cargo al Presupuesto”, dijo Porras.
En un análisis de La Nación se encontró que, para agosto, había 835 pensionados del Poder Judicial que recibían más de ¢2,5 millones.
Este martes, la Sala Constitucional recibió en vista pública a las personas que presentaron las acciones de inconstitucionalidad contra la directriz que firmó Morales Mora en el 2014, con la cual se activó la ley 7858, que establece que las jubilaciones no pueden superar los diez salarios base. Dicho monto, hoy en día, equivale a ¢2,6 millones.
En la vista participaron el presidente de la República, Carlos Alvarado; la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar; el ministro de Trabajo, Steven Núñez; el asesor jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal y el director de Pensiones, Luis Paulino Mora.
Alvarado hizo un llamado para que los magistrados rechacen la acción, con el argumento de que la situación crítica de las finanzas públicas hace insostenible el pago las pensiones de lujo.
Los recurrentes, por su parte, alegaron que un recorte a sus jubilaciones violentaría sus derechos adquiridos. También adujeron que no se respetó el debido proceso y que existió un desinterés de parte de los gobiernos anteriores por aplicar la norma.
La ministra Aguilar respondió a ese argumento diciendo que quizás en el pasado el Estado tuvo la solvencia para pagar esas pensiones, pero que ya no.
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El procurador general de la República, en calidad de asesor imparcial de la Sala, recomendó a los magistrados declarar sin lugar las acciones, pues, según dijo, el tope a las jubilaciones responde a principios constitucionales y de solidaridad, así como que pretende darle sostenibilidad a los sistemas de jubilaciones.
Según los cálculos de la Dirección Nacional de Pensiones, el tope a las pensiones de lujo, permitiría al país ahorrar unos ¢52.000 millones anuales, lo que equivale a un 12% de lo que se pretende recaudar con la reforma fiscal.
