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¿Cuántos impuestos se necesitan para pagar los pluses salariales que la reforma fiscal pretende contener? ¿Y cuánto dinero deben dar los contribuyentes para pagar las pensiones de lujo?
Según un cálculo hecho por este medio, la suma de estos dos rubros consumirá casi ¢2,2 billones (millones de millones) en el 2019.
La cifra equivale al 46% de todos los impuestos que el Poder Ejecutivo planea cobrarle a la ciudadanía el próximo año.
Según datos de la Contraloría General de República, el Gobierno recaudaría ¢4,7 billones en tributos, principalmente por los impuestos sobre renta, ventas, combustibles y selectivo de consumo.
A su vez, los pluses demandarán ¢1,1 billones y las pensiones de lujo casi ¢1,1 billones. Sumados, ambos rubros devorarán casi la mitad de los impuestos.
Los sueldos base consumirán una cifra similar, lo que ya suma ¢3,3 billones, casi un 70% del presupuesto. Esto deja al Gobierno con solo ¢1,4 billones para el resto de sus gastos, que incluyen compras de insumos, pago de servicios públicos, un gigantesco pago de la deuda pública, obras públicas, aporte del Estado a la seguridad social, compra de tierras para parques nacionales y financiamiento de otras instituciones, entre muchas otras obligaciones.
No obstante, el presupuesto total del Gobierno para el 2019 es de ¢10,9 billones. ¿De dónde salen los otros ¢6,2 billones? Principalmente de dinero que Hacienda tendrá que pedir prestado.
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Costosos pluses
Para calcular el costo de los pluses, este medio sumó el costo que los incentivos tendrán en todos los ministerios, el Poder Judicial, Poder Legislativo, el TSE y las universidades públicas que se alimentan del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Esta última es una transferencia que el Gobierno central le hace año con año a estas instituciones para cubrir la mayor parte de su financiamiento.
Los pluses tomados en cuenta son anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, salario escolar y otros incentivos salariales.
Las instituciones que más dinero pagan en incentivos, por funcionario, son La Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y la Universidad de Costa Rica (UCR).
La Defensoría, por ejemplo, cancela un promedio de ¢1,2 millones mensuales solo en incentivos a sus colaboradores, mientras que el Poder Judicial, ¢1 millón. No obstante, la primera entidad tiene 186 empleados y la Corte, casi 12.600.
El Congreso paga una media de ¢900.000 en pluses a sus 1.000 funcionarios, y la UCR desembolsa ¢800.000 en promedio a 9.500 personas.
Así se desprende del análisis de los datos del Presupuesto Nacional y de los presupuestos de las universidades públicas.
El análisis se queda corto, pues el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) no sumistró datos y no se toman en cuenta los pluses que pueden pagar otras instituciones que se financian con transferencias del Gobierno.
En la otra cara de la moneda, la institución que menos dinero destina a incentivos es el Ministerio de Seguridad Pública, donde, en promedio, los colaboradores ganan ¢266.000 mensuales por ese rubro.
La situación del Estado costarricense llegó al grado de que los pluses consumen ¢31.400 millones más que los sueldos base.
Por cantidad de dinero, la entidad que absorbe más dinero en incentivos es el Ministerio de Educación (MEP), por su gran cantidad de funcionarios (86.000), pero es de las que más recursos destina por persona.
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La reforma fiscal pretende frenar el crecimiento exponencial en rubros como anualidades, dedicación exclusiva y carrera profesional, además de que prohíbe crear más incentivos a menos de que sea por ley.
Jubilaciones deficitarias
Por otro lado, las pensiones de lujo son las jubilaciones cuyos beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibirlas y, por lo tanto, las termina pagando el Gobierno. Algunas alcanzan hasta ¢12 millones.
Ayer, al defender en la Sala IV la imposición de un tope de ¢2,6 millones a estos beneficios, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó: “La razón fundamental es que es un régimen deficitario, los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto son el equivalente al 22% de los ingresos que percibe el Estado. La primera pregunta que nos salta es si es justo, si es equitativo y si constituye una igualdad destinar un 22% de los impuestos para cubrir este monto”.
En el país, hay unas 3.800 pensiones de lujo superiores a ¢2,5 millones. Una de cada dos está en manos de exfuncionarios de las universidades públicas de ese régimen del Magisterio.
El 61% de estas jubilaciones se originaron en el régimen de Reparto del Magisterio y un 18% en los de Gobierno y Asamblea. El 21% restante es del sistema del Poder Judicial, pero este no se vería afectado por el tope, al igual que las pensiones del régimen de Capitalización del Magisterio.
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“Desde hace ya muchos años, los montos que se reciben como contraprestación apenas alcanzaban para un 10% u 11% (del costo de las pensiones), ya la fecha eso no alcanza ni para el 7,5%”, continuó la ministra.
“Son pensiones evidentemente muy superiores a las que la mayoría de los costarricenses reciben, que superan a las de un sistema solidario como el de la CCSS", continuó.
Añadió que el déficit fiscal se acerca al 8% y se prevén más problemas. “Sin un cambio, no podremos seguir financiando al Estado costarricense”, concretó.
“Cuando más de la mitad del presupuesto, un 53% se financia con deuda, es una deuda que le estamos heredando al resto de las generaciones. Las medidas pueden resultar mucho más dolorosas si el Congreso de la República no logra concluir el segundo debate del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (la reforma fiscal), que no es suficiente pero es indiscutiblemente necesario para iniciar una ruta de ordenamiento".
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