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El presidente Carlos Alvarado se opone a que la Universidad Nacional (UNA) continúe con el proyecto de remodelación de la Plaza de la Diversidad, que le costará a ese centro de estudios $14,5 millones.
Durante una conferencia de prensa que brindó este martes por la noche, el mandatario afirmó que un gasto de esa magnitud no calza con el llamado a la austeridad que hace su gobierno a las demás instituciones públicas en el contexto de crisis fiscal que obliga al ahorro.
No obstante, Alvarado aclaró que es poco lo que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo para impedir que el rector de la UNA, Alberto Salom, continúe con el proyecto.
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“En el contexto fiscal actual no me parece oportuno el avanzar con una obra de ese tipo. Lo segundo es que está fuera del empeño directo del Poder Ejecutivo algo que cae sobre la autonomía universitaria en este caso. Pero, bueno, yo entiendo que hay procesos administrativos que se han llevado adelante, que hay materias de un superávit, que entiendo que es con lo que se está ejecutando la obra, y hay procesos tanto licitatorios y otros que han avanzado en este sentido. Corresponderá a las autoridades de esa institución determinar cuál es el futuro de dicha obra”, afirmó.
Al gobernante se le consultó si ha puesto al rector de la UNA en conocimiento de su criterio, a lo que respondió que solo han conversado en términos generales sobre el asunto, un escándalo que ameritó que Salom fuera llamado a comparecer ante los diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Parlamento, quienes le pidieron cuentas sobre el gasto.
El presidente Alvarado agregó que el proyecto, en el contexto actual “no da el mensaje correcto”.
“No pongo en duda la importancia, desde el punto de vista cultural, de ciertas obras, pero en este contexto particular, cuando estamos pidiendo un esfuerzo al país, obviamente, no nos parece lo más oportuno”, zanjó.
Los $14,5 millones (cerca de ¢8.700 millones) que la Universidad Nacional gastará en remodelar la plaza de la Diversidad y construir la Casa Estudiantil provienen del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Es decir, esos fondos forman parte de las transferencias que el Gobierno está obligado a realizar anualmente a las universidades públicas, con el dinero recaudado mediante el cobro de impuestos.
