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De entrada, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) no apoyará en el Congreso ningún proyecto de ley sobre matrimonio igualitario; Liberación tiene posiciones encontradas; Restauración sostiene que la prohibición es legal, y en el PAC están decepcionados por el fallo de la Sala Constitucional.
Aunque todavía están a la espera de tener mayor claridad con respecto a la sentencia, así recibieron los diputados la noticia de que el matrimonio igualitario deberá pasar por el Congreso en un periodo máximo de 18 meses. Su responsabilidad será regular la figura, porque de otro modo la prohibición establecida en el Código de Familia, perderá vigencia en ese plazo.
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La Unidad, con nueve diputados, declaró que para ellos no habrá regulación para el matrimonio, sino que impulsarán las uniones civiles entre personas del mismo sexo. El jefe de fracción, Erwen Masís, señaló que para su partido la definición de matrimonio es la “unión entre un hombre y una mujer”.
Precisamente, esta fracción presentó la semana anterior un proyecto de ley para reconocer las uniones que reconozcan los derechos patrimoniales y civiles de los homosexuales.
“Nosotros, previendo ese escenario, presentamos una propuesta en donde se establece uniones civiles y que resguarda derechos patrimoniales. Para nosotros matrimonio es entre hombre y mujer, así está claramente establecido en el estatuto y en nuestro congreso ideológico”, señaló Masís.
Por otro lado, consecuente con su discurso político, el jefe de fracción de Restauración Nacional (PRN, con 14 diputados), Carlos Avendaño, sostiene que la legalidad está establecida en el Código de Familia que es la norma que actualmente prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, en el inciso 6 del artículo 14.
Sin embargo, indicó que “se puede estar de acuerdo o no” con lo resuelto por los magistrados, siempre y cuando las decisiones “se hagan en el marco de derecho”. Respetó, eso sí, que el acuerdo implique dejar en la Asamblea Legislativa la regulación del derecho en respeto a la institucionalidad.
El jefe de la fracción de Liberación, Carlos Ricardo Benavides, adelantó que en su fracción existen opiniones divididas en torno a este tema.
“En la fracción del PLN existen posiciones encontradas al respecto, como en la sociedad costarricense. Pero a mi juicio, lo único que corresponde es acatar lo que ordenen los tribunales. Justamente por eso las sentencias deben ser claras”, señaló el congresista líder de la fracción más grande del Congreso, la cual tiene 17 votos.
Aunque dijo que lo más prudente es esperar la sentencia, auguró que ninguna reforma debería entorpecer la labor del Congreso.
“Espero que entre las fracciones impere la madurez y no se vean afectados los proyectos de otra naturaleza. El país debe avanzar con todas las decisiones que se requieren en lo económico, lo social, lo ambiental, etc.”, dijo Benavides.
No fue posible obtener una reacción de otros jefes de fracción, incluida la del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Sobre el tema, se refirió Enrique Sánchez, diputado gay del PAC que preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, y quien se mostró decepcionado por el resultado.
“¿Para qué 18 meses?, pudieron haberlo resuelto hoy. Absurdo", indicó el diputado oficialista, en las afueras de la Sala Constitucional, la noche de este miércoles.
A la 1:20 a. m. de este jueves, ni el presidente de la República, Carlos Alvarado, ni su ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, se habían pronunciado sobre el fallo.
A las 11:30 p.m., cuando anunció el fallo de los magistrados, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, explicó a la prensa: "La Sala IV lo que dice es que el Parlamento tiene 18 meses para regular el matrimonio igualitario o asumir una determinada figura por un periodo transitorio. Eso es lo que dice el voto de mayoría; y deja vigente por 18 meses la norma impugnada. Si la Asamblea Legislativa no actúa (en ese plazo) desaparece la prohibición” que existe actualmente para el matrimonio entre personas del mismo sexo.
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