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Con el voto favorable de cinco legisladores, la Comisión Especial de Reforma Fiscal acogió el texto sustitutivo propuesto por el gobierno de Carlos Alvarado para el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Otros cuatro legisladores se pronunciaron en contra.
Votaron a favor Silvia Hernández, Gustavo Viales y Yorleny León, de Liberación Nacional (PLN); Welmer Ramos, de Acción Ciudadana (PAC); y Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Ellos dieron sus votos para que la reforma fiscal se encamine con base en la nueva versión elaborada por el Ministerio de Hacienda. Ahora, sobre este texto, se discutirán las últimas 873 mociones de fondo presentadas por los diputados antes de pasar el proyecto a votación en el plenario legislativo.
En contra, votaron Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional; Walter Muñoz, de Integración Nacional (PIN); y José María Villalta, del Frente Amplio.
Con la reforma fiscal, el gobierno pretende reducir su déficit económico mediante la transformación del impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado (IVA), lo cual implica gravar servicios que hoy están exentos como los informáticos, los de abogados, los de médicos, los de educación privada, los alquileres, los gimnasios y las compras de servicios por Internet, como Netflix.
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La tarifa en ningún caso excede el 13% y, en algunos, se reduce hasta un 1%, como en los insumos agropecuarios.
Para la educación privada y las medicinas, se fijó una tasa diferenciada de IVA de un 2%.
En el caso de los servicios privados de salud, la tasa será del 4%, pero el impuesto se le devolverá al cliente si paga por vía electrónica.
El proyecto, además, eleva el impuesto de renta a los salarios más altos, crea la renta global y crea el impuesto sobre las ganancias de capital.
En el caso de los cooperativistas y solidaristas, el Gobierno les cobará un 10% de impuesto, en vez de un 5%, sobre sus dividendos.
Las personas que hoy reciben sueldos superiores a los ¢2,1 millones mensuales actualmente pagan un 15% de renta. Con la reforma, pagarían un 20% si su salario no supera los ¢4,2 millones y un 25% si rebasa los ¢4,2 millones.
Además, se congelarían por dos años los salarios de los jerarcas públicos que ganen más de ¢4 millones.
A la vez, legaliza medidas de ahorro en el pago de incentivos salariales a los empleados públicos. Le pone freno al crecimiento del gasto público en el pago de anualidades y dedicación exclusiva, por ejemplo.
Introduce una frase para aclarar que el pago máximo por auxilio de cesantía en entidades públicas será de ocho años, según lo establecido en el Código de Trabajo. Actualmente, algunas instituciones pagan hasta 20 años.
La iniciativa, además, libra al Gobierno de las asfixia que le provocan los gastos específicos creados por ley.
Mediante negociaciones con partidos como el PLN y el PUSC, Hacienda afinó el proyecto hasta definir una nueva versión de la reforma.
¿Qué plantea el texto sustitutivo?
- Se eleva de ¢430.000 a ¢648.000 mensuales el monto a partir del cual habrá que pagar un 13% de IVA por alquileres de viviendas o locales para negocios.
- Se incrementa de 250 a 280 kilovatios/hora el consumo a partir del cual se pagará IVA por la electricidad.
- Se incluyen una nueva tarifa del IVA del 1% para las transacciones de bienes agropecuarios de la canasta básica, así como para insumos como trigo, frijol de soya, sorgo, fruta, maíz y almendra de la palma aceitera.
- Hacienda permitirá que los contribuyentes de renta puedan deducir, como parte de sus gastos, la totalidad de los intereses que paguen por préstamos con entidades del sistema financiero nacional, con bancos extranjeros de primer orden, así como con entidades del Sistema de Banca para el Desarrollo.
- Se limita el auxilio de cesantía a ocho años. En un transitorio, mantiene que los funcionarios públicos con beneficios actuales superiores a los ocho años, los mantendrán, pero no mayores a 12 años. Y se recuerda que la renegociación de las convenciones colectivas se deberá ajustar a las normas de este plan fiscal, sobre todo en cuanto a los ocho años de cesantía.
- Se exonera del pago del IVA la matrícula en universidades públicas, así como los aranceles por matrícula o créditos de esas instituciones de enseñanza superior.
- El nuevo texto aclara que las comisiones de tarjetas de crédito y débito están exentas.
- Mantiene la tarifa para servicios privados de salud en 4%, con devolución; en el caso de los medicamentos, los ubica en una tasa reducida del 2%, así como los insumos de las medicinas y la materia prima para su elaboración y comercialización.
- Excluye de la renta bruta la distribución de dividendos cuando el socio sea otra sociedad que desarrolle una actividad económica y pague también renta.
Argumentos
Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, afirmó que la aprobación del texto sustitutivo es “fundamental para lograr que en este país se equilibren las finanzas públicas en el mediano plazo”, por lo que agradeció el apoyo legislativo.
Al defender la nueva versión de la reforma tributaria, el presidente del foro parlamentario, el diputado Welmer Ramos, aseguró que la reforma es ineludible debido a la existencia de un gran hueco fiscal y a la imposibilidad de seguir financiando gastos corrientes con deuda pública.
“Por años hemos financiado gastos con disminuciones en la inversión pública, pero cuando no se pudo hacer más, se ha seguido financiando el crecimiento presupuestario con deuda. Eso es insostenible”, dijo el exministro de Economía.
Ramos explicó que, entre las medidas para resolver esa situación, el Gobierno propone reactivación económica, eficiencia y recortes en el gasto público y, con el proyecto de ley, dotar al país de un nuevo sistema tributario.
"La última reforma fiscal se hizo hace mucho tiempo, han surgido muchas actividades que no están sujetas a tributación", dijo el presidente del foro tributario.
Esta reforma fiscal, tal como lo explicó Ramos, se intentó tanto en el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), como en el de Laura Chinchilla (2010-2014), pero fracasó en ambas ocasiones en la Sala Constitucional.
El diputado explicó que para acoger dicho texto sustitutivo se llevó a cabo una fuerte tarea de negociación entre sectores, grupos de la sociedad, diputados y partidos políticos.
"Este texto no solo trae impuestos, también recorte de gastos, desvinculaciones de impuestos a gastos determinados. Estos había que desvincularlos para tener más facilidad de asignación de recursos públicos", dijo el congresista oficialista.
La nueva versión de la iniciativa tiene, también, una norma para declarar la amnistía para quienes "hoy tienen problemas con el fisco", dijo Ramos, y aseguró que eso permitiría recoger recursos y que los funcionarios de Hacienda se deshagan de "una serie de procedimientos y juicios que hoy les quitan el tiempo".
La liberacionista Yorleny León apuntó, por parte del PLN, que le exigen a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ver resarcida la confianza que pusieron al dar sus votos con proyectos de reactivación económica, pero también para reformar la “arquitectura institucional” del Estado y que lleguen a manos de los diputados los proyectos sobre empleo público.
Aunque el socialcristiano Pedro Muñoz dio su foto a favor de que se acoja el nuevo texto, criticó el proyecto de ley. Alegó que "no le va a servir al país, salvo para darles tranquilidad a los acreedores de la deuda pública".
"Hemos venido gastando irresponsablemente y nos endeudamos irresponsablemente. Los acreedores nos están ahogando y, si no nos ponemos de acuerdo, si no demostramos ecuanimidad, estabilidad, calma, nos van a pasar la factura.
Tal como lo anunció la fracción de la Unidad desde este lunes, Muñoz reiteró que su partido no solo dio los votos para la reforma fiscal, sino que también los dará para que se apruebe el plan, pero bajo la condición de que se impulsen los proyectos para la reactivación económica.
“Hemos enviado una carta al Gobierno y hemos recibido señales positivas”, indicó el socialcristiano, pero apuntó que no darán los votos para colocar ¢4.000 millones en eurobonos, sino que exigen que se coloquen ¢1.000 millones por año, contra aprobación legislativa.
Como votantes contra la moción de texto sustitutivo, Villalta y Avendaño justificaron sus posiciones, señalando sobre todo que están en contra de gravar la canasta básica.
Aunque el Gobierno y Restauración Nacional intentaron, de último minuto, llegar a un acuerdo para que los restauracionistas también dieran sus votos al texto sustitutivo, eso no tuvo éxito.
“Es un impuesto contra el arroz y los frijoles de la población, y principalmente los más pobres. Está ahí el impuesto a los medicamentos, estamos en contra porque están los impuestos a los alquileres. Hay personas que rentan para tener su negocio, salón de belleza, barbería. Está el impuesto para la educación, para la salud, para la luz y el agua”, dijo Avendaño.
El frenteamplista dijo que, aunque “hay mejoras” en el nuevo texto del plan fiscal, “hay retrocesos importantes”.
"Sigue la intención de poner impuestos a la canasta básica y las medicinas, a pesar de que los estudios demuestran que eso incrementa la pobreza en el país. Se mantienen las normas que no solo desvinculan, sino que prácticamente eliminan la obligación del Gobierno de financiar programas para combatir la pobreza", alegó José María Villalta.
Agregó que las normas sobre empleo público golpean los salarios de los funcionarios estatales, pues alegó que "se mete la ley de empleo público por la cocina".
También, dice que se afecta a las cooperativas y las asociaciones solidaristas, al romper el tratamiento diferenciado que en el impuesto de renta se les ha venido dando.
