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Tenía razón el presidente y jefe de la fracción parlamentaria del Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, cuando en una conferencia de prensa, en mayo pasado, aseguró que no había un divorcio entre él y el excandidato presidencial, Fabricio Alvarado.
“No hay divorcio con la campaña de Fabricio, porque nunca hemos estado casados”, explicó el jefe de fracción.
La suma de choques, ataques, acusaciones y una separación mal disimulada entre los líderes del PRN se fue cociendo poco a poco en una olla de presión que no dejó la cena a punto, sino que les explotó en la cara a los líderes de un partido bicéfalo, cuya situación era insostenible, al parecer, hacía tiempo.
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Ya para finales de marzo, a pocos días de la segunda ronda, el Tribunal Supremo de Elecciones advirtió a Restauración que debía abstenerse de usar estructuras paralelas en la campaña, en una medida cautelar donde también se advertía sobre la invocación de motivos religiosos con fines electorales.
Esa acción del TSE se dio luego de que trascendió que el entonces candidato presidencial había pedido ayuda a pastores para su movimiento político.
Pero ya asentados los 14 diputados del PRN en sus respectivas curules, explotaron los primeros escándalos.
Mientras los diputados se iban acomodando en sus sillas, el presidente del partido se iba negando a pasar como gastos de campaña las encuestas que el comando de Fabricio Alvarado había encargado a la firma Opol Consultores.
Se negó a reconocer los ¢18 millones a esa encuestadora porque dijo que no había un contrato firmado y, de la misma forma, rechazó los cobros que le estaban haciendo el exjefe de campaña de Alvarado, Juan Carlos Campos, y el cantante Luis Alonso Naranjo, primo de Fabricio Alvarado, por los servicios de comunicación y producción.
Entonces, Avendaño lanzó la primera piedra contra el comando de la campaña de Alvarado. En una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, afirmó que se había dado una especie de estructura paralela en el financiamiento de la campaña de su candidato.
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El reclamo del diputado fundador de Restauración fue que hubo una serie de gastos que, según él, nunca pasó por el tamiz de la legalidad ni por los procesos de control establecidos por el comité ejecutivo del PRN.
Ante la acusación del presidente restauracionista, Alvarado puso en tela de duda que hubiera alguna irregularidad y, de paso, negó que él tuviera que ver con ese asunto.
Aunque el vocero del PRN había puesto en la mira al comando del excandidato, aun así eludió toda posibilidad de que se investigaran, en el Congreso, en el seno de una comisión legislativa, los reclamos de varias empresas, entre ellas Opol, por el impago de los servicios dados en campaña.
La reacción, entonces, de los diputados restauracionistas fue mantenerse al margen del conflicto entre líderes, pero la olla de presión se fue calentando cada vez más.
A los reclamos de la encuestadora y del cantante, se unieron entonces los cobros por $300.000 que hizo Juan Carlos Campos, exjefe del comando fabricista, por servicios que en campaña había dicho que eran “ad honorem”.
En ese cobro, Campos alegaba que se le debían los $300.000 (179 millones de colones) a una de sus empresas, One Sports Costa Rica, por sus honorarios y otros gastos. Luego, añadió que ese dinero no lo cobraba para él, sino para pagar a otras empresas que él contrató en la campaña.
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A los reclamos de los colaboradores más cercanos de Fabricio Alvarado contra la cúpula del partido, se sumaron las investigaciones del TSE por supuestas donaciones ilegales de los viajes aéreos que hizo el exdiputado como aspirante presidencial.
Los meses de junio y julio fueron relativamente tranquilos en la relación interna en Restauración.
El único hecho relevante en esos días fueron las tensiones repentinas que se dieron, en junio, entre dos diputados, Melvin Núñez y Floria Segreda, hoy separados en diferentes bloques políticos.
La disputa por un puesto en una comisión parlamentaria los llevó a lanzarse amenazas y a que Segreda denunciara penalmente a su compañero. En medio de eso, salió a la luz un audio en que Núñez señalaba a Ivonne Acuña y Jonathan Prendas como unos “monstruos” políticos.
Acuña y Prendas son los dos legisladores más cercanos a Fabricio Alvarado y quienes hoy lideran el éxodo de siete congresistas de la agrupación política de Avendaño.
Volviendo a los hechos relevantes que hoy sentencian el cisma entre Avendaño y Alvarado, el siguiente golpe durísimo del fundador del PRN hacia el movimiento fabricista tuvo lugar a finales de julio, cuando le envió una carta al TSE en la que dijo que habían procedido “a presentar una denuncia penal de la estructura paralela que la fórmula presidencial montó a espaldas del Comité Ejecutivo Superior, en donde se detalla el uso de la casa de campaña y su irregularidad”.
En la nota donde hace esa petición, vincula esa estructura con la fórmula presidencial que integraban Fabricio Alvarado, Ivonne Acuña y Francisco Prendas, candidato a segundo vicepresidente y hermano del diputado.
La reacción del excandidato presidencial fue la de calificar de absurda la denuncia de Avendaño, mientras que Acuña alegó que el presidente del partido estuvo siempre al tanto de lo que hacía Juan Carlos Campos como jefe del comando.
“Me resulta completamente absurdo que se hable de una estructura paralela, cuando hubo una coordinación que queda demostrada en estos pagos, muchos de ellos ya conocidos por todos ustedes y muchos de ellos también reconocidos por el mismo Carlos Avendaño ante los medios de comunicación”, dijo entonces el excandidato, en su Facebook.
"Fue Fabricio Alvarado el que propició una reunión a mediados de febrero, recién pasada la primera ronda en la que habíamos alcanzado pasar a segunda ronda, una reunión entre el equipo. Ahí estaba don Juan Carlos Campos y el Comité Ejecutivo del Partido, donde estaba don Carlos Avendaño, estaba Juan Carlos Avendaño, su hijo, estaba otro miembro del Comité Ejecutivo. Y en esa reunión se habló de las coordinaciones que tenían que existir para lo que se iba a hacer en campaña política.
“A partir del momento de esa reunión yo asumo que todo está bien, asumo que a partir de ese momento hay una coordinación clara y lo sigo asumiendo cuando veo que, por ejemplo, el Comité Ejecutivo aprueba pagos tramitados por este equipo de campaña, aprueba pagos por pauta en medios de comunicación, por cadenas televisivas, en vallas publicitarias y otros más”, sostuvo el excandidato presidencial en ese momento.
El siguiente golpe no lo recibió el antiguo comando de Alvarado, sino el propio grupo afín a Avendaño, cuando la documentación sobre el financiamiento electoral revelara que el PRN le pagó al presidente del partido y a 12 familiares suyos la suma de ¢85 millones, por diferentes servicios y el alquiler de sus vehículos a la campaña.
Avendaño, en persona, recibió ¢17 millones en salarios, aguinaldo, liquidación y prestaciones; su exesposa Sol Salas, ¢4,1 millones en servicios profesionales; su hijo, Juan Carlos, ¢32 millones en servicios profesionales, entre otros.
A la par de ellos, también se reveló que diez legisladores del PRN y sus familiares cobraron facturas por ¢42 millones de colones al TSE, dentro de la liquidación de gastos de campaña.
Pero el foco de las irregularidades de financiamiento electoral volvería a Fabricio Alvarado cuando, el 20 de agosto de este año, el TSE denunciara el uso de un testaferro para ocultar los verdaderos donantes de los viajes aéreos durante la campaña.
Los capítulos más recientes del choque entre Alvarado y Avendaño derivan de las denuncias que hizo el primo del excandidato, en agosto, quien acusó a Restauración de robar su propiedad intelectual. En ese reclamo, exigió que se le paguen ¢490 millones por deudas de la campaña electoral.
De ese reclamo derivan la investigación que realiza el organismo electoral y que declaró confidencial, así como el plazo de cinco días que le dio, esta misma semana, a Carlos Avendaño, para que informe sobre quién pautó los videos y canciones que Luis Alonso Naranjo hizo para la campaña de Fabricio Alvarado.
En paralelo a estas responsabilidades con el financiamiento electoral, el partido pierde finalmente al candidato que lo llevó a sus máximos resultados en una campaña electoral y al menos la mitad de la fracción legislativa de 14 miembros que obtuvo en febrero, después de tener históricamente solo un diputado por administración.
