Un cambio de criterio de la Sala IV, sobre el plazo que tiene el Congreso para discutir proyectos de ley, obligó a la presidenta del Directorio Legislativo, Carolina Hidalgo, a emitir una resolución que enviaría al archivo unos 600 proyectos de ley que no se ajustan a los nuevos parámetros de los magistrados constitucionales.

Se trata de cientos de iniciativas que llevan años varadas en la Asamblea Legislativa, sin ningún avance en su discusión o tramite, como por ejemplo, la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas o la reforma al Código Electoral, la cual pretende fijar por ley la paridad de género horizontal en todas las papeletas para puestos de elección popular.

Según Hidaldo, en tres fallos distintos, emitidos entre el 2015 y el 2018, la Sala Constitucional varió la jurisprudencia sobre los alcances del artículo 119 del Reglamento legislativo, donde se establece que los proyectos de ley tienen un plazo máximo de cuatro años para hacer aprobados y se detalla cuál es la única vía que tienen los diputados para ampliar ese periodo.

Así lo expuso en un pronunciamiento de la Presidencia legislativa que ella emitió el pasado 11 de octubre.

En ese documento, Hidalgo adujo que antes de esas tres sentencias (12250-2015, 2018-11658 y 2018-13520), la Sala Constitucional había establecido que el plazo de cuatro años era ordenatorio y no perentorio, por lo cual su llegada no implicaba el archivo del proyecto de ley, ni constituía un vicio sustancial de inconstitucionalidad en su trámite.

No obstante, la presidenta del Congreso asegura que dicho criterio fue cambiado por los magistrados y ahora, el periodo de los 4 años sí es perentorio y el tiempo máximo que puede estar un proyecto de ley en al corriente legislativa, es decir, en trámite hacia su votación final, es de cuatro años prorrogables únicamente por cuatro años más.

Bajo esa lógica, ya no es suficiente solo presentar una moción de orden para extender el plazo antes de que concluyera el periodo de cuatro años, sin importar que nunca se votara.

Ahora, para que el proyecto sobreviva, la Sala interpreta que la moción se debe votar antes de su vencimiento, de lo contrario, se estaría incurriendo en un vicio sustancial de procedimiento si su trámite continuara sin que se vote la moción.

“Constituye un vicio sustancial al procedimiento el conocimiento de una iniciativa luego de pasado los cuatro años calendario contados a partir de su presentación; así como todo proyecto al cual se le venciera el plazo y no se conociera de forma oportuna la moción de orden para su ampliación”, argumentó Hidalgo en su resolución.

“Las mociones de orden que pretendan la ampliación del plazo de conocimiento de cuatro años de un proyecto deben ser aprobadas por el plenario con el voto afirmativo de al menos 38 diputados y diputadas antes de su vencimiento”, aclaró la congresista del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), con base en los fallos de la Sala IV.

Actualmente, en la agenda del Congreso sobreviven con respirador artificial cerca de 1.800 proyectos de ley que nunca han avanzado en su trámite pese a los años en la corriente legislativa.

Al archivo

En su resolución, Carolina Hidalgo instruyó a la Secretaría del Directorio y al Departamento de Comisiones a archivar todos los proyectos que tengan vencido el plazo de cuatro años, aunque tengan pendiente de votación una moción de plazo cuatrienal y aquellos cuya moción para extenderles el plazo haya sido votada de forma extemporánea.

La directriz de la Presidencia del Directorio Legislativo también prevé que si llegada la última sesión antes del vencimiento del plazo del proyecto no se ha conocido la moción para ampliarle el plazo, la Presidencia deberá dar por discutida la moción y sin más trámite la pondrá a votación.

Carolina Hidalgo dijo a este diario que el inventario para determinar cuántos y cuáles proyectos deben archivarse lo debe hacer cada comisión y la Secretaría del Directorio.

Según la diputada, quien preside el Directorio desde mayo pasado, la resolución no impide que los proyectos archivados se vuelvan a presentar a la corriente legislativa, siempre y cuando haya ambiente político para rescatarlos.

“Los proyectos (archivados) que estaban prontos a ser dictaminados pueden volver a la corriente, se puede gestionar con prontitud, siempre y cuando haya ambiente. Un ejemplo de esto es el proyecto de ley que presentó el diputado José María Villalta (Frente Amplio) para la eliminación de bolsas plásticas. Estaba a punto de dictaminarse en la Comisión de Ambiente y ya fue publicado de nuevo”, explicó la jerarca.

Hidalgo dijo que hasta ahora no ha habido objeciones a su resolución. Al contrario, dijo que las fracciones la han celebrado como un intento para obligar a que el parlamento tome decisiones oportunamente y no permita que los proyectos fenezcan sin una resolución.

“Muchas de las observaciones han sido positivas, se ha entendido que esto va en la línea de incentivar la toma de decisiones y de agilizar los procesos de la Asamblea Legislativa”, afirmó la legisladora.

Sin embargo, no en todos los círculos políticos se le dio la bienvenida a la resolución de Hidalgo. Emilia Molina, quien fue diputada del PAC en el periodo 2014-2018 se quejó de las consecuencias de la decisión para el proyecto para que la paridad de género horizontal en papeletas para puestos de elección popular sea Ley de la República.

“Con la decisión de la actual presidenta del Poder Legislativo, esta iniciativa quedará en el olvido (...). Lamento que una presidenta legislativa de un partido político como el PAC (en referencia a Hidalgo), que se ha caracterizado por las luchas de género, haya decidido archivar una iniciativa tan importante para las mujeres de este país, al igual que lamento que ninguna de las otras 25 diputadas restantes hayan luchado por dicho proyecto”, escribió Molina en redes sociales, el pasado 12 de octubre.