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El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, censuró este martes a las instituciones autónomas que, amparadas en esa condición, han hecho alegatos en contra del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Piza dijo que la normativa vigente deja en claro que autonomía no es lo mismo que independencia y que desde 1968, gracias a una reforma a la Constitución Política, no hay lugar a dudas de que las entidades autónomas están sujetas a la ley en el ámbito de su Gobierno.
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Así reaccionó el jerarca cuando La Nación consultó la opinión de Casa Presidencial sobre los alegatos contra el plan fiscal emitidos por entidades como las universidades Nacional (UNA) y de Costa Rica (UCR), así como por la Corte Plena del Poder Judical y la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
“A mí me parece que la autonomía no es independencia. Vivimos en un solo país. Todos tenemos la obligación de ser solidarios, de arrimar el hombro para resolver los problemas de cada institución y por supuesto también de las finanzas públicas del Estado. A veces, en el ámbito de cada institución, se ve la isla en la que están operando y se puede perder de vista el archipiélago integral de la nación que requiere una sociedad”, dijo Piza, llamando a la reflexión.
Según el ministro, desde hace 50 años la Carta Magna recoge el principio de sujeción de la institucionalidad pública a la Ley, lo cual se hizo, según el jerarca, precisamente para reforzar la planificación económica.
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La semana pasada, las entidades autónomas la emprendieron contra el plan fiscal en sus respuestas a una consulta que les formuló la Asamblea Legislativa tras la aprobación en primer debate, el 5 de octubre pasado, del paquete tributario.
Dicha iniciativa, entre otros, contiene un título de reformas al empleo público para frenar el gasto en beneficios salariales con cargo al presupuesto de la República y otro apartado de regla fiscal, para ponerle un tope al gasto en circunstancias económicas y financieras adversas para el Gobierno Central.
Así, por ejemplo, la Junta Directiva de la CCSS concluyó que la autonomía de la institución no debe estar sujeta a esa regla fiscal y once magistrados del Poder Judicial acordaron, en sesión de Corte Plena, oponerse al plan fiscal en el tanto consideran que violenta su autonomía en materia salarial y de gasto.
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Argumentos similares enviaron la UNA y la UCR al Congreso. El Consejo Universitario de la alma mater herediana concluyó que las reformas salariales incluidas en la reforma fiscal violentan su “independencia de gobierno”.
Entre tanto, la UCR arguyó que las normas que incluye el plan fiscal “causarían un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como a la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria”
“El proyecto actual grava actividades anteriormente exentas de las instituciones de educación superior estatal. Asimismo, otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales en contraposición con la Carta Magna y el espíritu del legislador constituyente”; adujo el Consejo de la UCR.
Sin embargo, Rodolfo Piza contestó este martes que las reformas incluidas en el proyecto van aparejadas a sentencias previas de la Sala Constitucional en las que se ratificó que los principios del empleo público son aplicables a todas las instituciones.
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“(La Sala dijo que) podía haber distintos estatutos, pero que los principios debían ser comunes. Y yo creo que esta ley va en la dirección de construir principios comunes (...). Yo creo, sinceramente, que el proyecto no afecta los conceptos básicos de la autonomía en el sentido de autonomía política, cuando corresponda, o autonomía administrativa o de gobierno, en lo que cada una de las instituciones representa", afirmó Piza.
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Por otra parte, el titular de la Presidencia confirmó que el Gobierno intensificó reuniones con las bandadas legislativas para asegurar que el proyecto tenga suficiente respaldo cuando sea sometido a votación en segundo debate.
Dicha votación se realizará una vez que se reciban las respuestas a las consultas facultativas de constitucionalidad que varias bancadas presentaron ante la Sala IV para determinar la legalidad del fondo y del trámite del proyecto.
