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La sanción económica que los tribunales le impusieron al Partido Acción Ciudadana (PAC) en diciembre del 2016, por una estafa en perjuicio del Estado, cumple dos años en suspenso.
El caso está en la Sala III de la Corte Suprema de Justicia a la espera de que los magistrados decidan si estudian un recurso de casación interpuesto por las autoridades de la agrupación política.
El recurso está en la etapa de admisibilidad desde el 14 de abril del 2018, informó la oficina de Prensa de la Corte; es decir, la Sala penal todavía no le ha dado curso.
El 5 de diciembre del 2016, el Tribunal Penal de San José condenó al PAC y a dos de sus partidarios por cometer una estafa en contra del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.
Los jueces de ese estrado concluyeron que el extesorero de la agrupación política, Maynor Sterling, y un colaborador de nombre Manuel Antonio Bolaños Murillo, le cobraron al TSE 179 contratos de servicios especiales con dirigentes y militantes que, en realidad, ofrecieron su trabajo de forma gratuita, que brindaron un servicio distinto o que, del todo, no participaron.
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En ese momento, el Tribunal estimó el monto de la estafa en casi ¢353 millones, cifra que el partido tendría que pagar en forma solidaria más ¢205 millones por intereses y ¢40 millones por costas personales y procesales, para un total de casi ¢600 millones.
El PAC no apeló la sentencia de Tribunal Penal de San José, pero la Procuraduría General de la República (PGR) sí lo hizo alegando que debieron ser incluidos otros 84 contratos que habían sido excluidos de la sentencia inicial.
La PGR argumentó que todos los contratos por servicios especiales tenían aspectos idénticos que comprobaban que formaban parte del plan delictivo y, por ende, también debían ser incluidos dentro del daño patrimonial.
El Tribunal de Apelación del II Circuito Judicial de San José acogió la apelación el 18 de diciembre del 2017 y elevó a 263 el número de contratos falsos, lo que subió a ¢516 millones el monto de la estafa.
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El PAC, en esas condiciones, debería pagar ¢819 millones incluyendo ¢240 millones de intereses y ¢63 millones de costas personales, procesales y de la querella.
Hace un año, el 21 de diciembre de 2017, la cúpula del PAC cambió de opinión y decidió apelar la sentencia ante la Sala III.
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El anuncio lo hizo la actual ministra de Justicia, Marcia González, quien en ese momento era la presidenta del partido. “La resolución genera una reforma en perjuicio de nuestro partido, ya que aumenta la mencionada condena civil y solidaria, a pesar de que en la etapa del debate no se logró conocer las condiciones que la documentación habría sido firmada”, adujo en ese entonces.
Anthony González, actual secretario general del PAC, afirmó que la última noticia que recibieron, de parte del abogado del partido, fue que el recurso había sido presentado, bajo el alegato de que el monto de la sentencia se consideraba injusto.
