Managua, Nicaragua. La Fiscalía de Nicaragua se basó en denuncias de personas vinculadas al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para elaborar la acusación judicial que llevó a la cárcel a la periodista costarricense-nicaragüense, Lucía Pineda Ubao, de 45 años.

La responsabiliza, por ejemplo, de la muerte de un miembro de la Juventud Sandinista que chocó en motocicleta contra un tráiler que estaba varado en un bloqueo vial en junio, lo que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) considera ilógico, además de imparcial.

La Fiscalía nicaragüense recurrió a una ley de terrorismo tramitada por el régimen de Daniel Ortega ante el Parlamento en el mes de julio, con penas hasta de 20 años de cárcel, la cual fue calificada por opositores como una herramienta para criminalizar las protestas y la oposición política.

Pineda permanece recluida desde la noche del viernes 21 de diciembre en El Chipote, la temida cárcel de Managua donde además está preso Miguel Mora Barberana, dueño y director del canal 100% Noticias en el que ella era la jefa de prensa.

Los hechos por los cuales la Fiscalía la acusa ocurrieron entre el 18 de abril y el 30 de julio de 2018, de acuerdo con el expediente judicial 020017-ORM4-2018PN, que se tramita en el Juzgado Sexto del Distrito Penal de Managua, al cual tuvo acceso La Nación.

Estos fueron los primeros tres meses de las protestas contra Daniel Ortega en las cuales se registraron, hasta noviembre pasado, 325 muertos y 400 detenidos de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por divulgar noticias, Pineda y Mora son acusados son acusados de cometer los delitos de “provocación, preposición y conspiración para cometer actos terroristas”, según el expediente, además de “apología e inducción para cometer delitos impulsados por el odio, como circunstancias agravantes de discriminación por razones de ideología política”.

LEA MÁS: Quién es Lucía Pineda, la periodista secuestrada y llevada a los juzgados por Daniel Ortega

El texto contiene denuncias de familiares de 10 fallecidos durante las protestas; de una supuesta víctima de lesiones psicológicas, amenazas de muerte y asedio; y el de otra persona que habría sufrido lesiones graves durante las protestas.

Todos esos delitos, según la acusación, habrían sido cometidos por grupos de personas (opositores al Gobierno) “como consecuencia de la provocación, apología e inducción al terrorismo” que le endosan a Mora y a Pineda.

Por ejemplo, una de las denuncias es la de Ferson Santiago Castillo Rosales, un ciudadano de Jinotepe, Carazo, militante del FSLN.

Alega que su padre, Roberto José Castillo Cruz, y su hermano menor, Christopher Roberto, fallecieron durante las protestas que incluyeron bloqueos viales en esa ciudad. En declaraciones a medios afines al Gobierno, Ferson Santiago responsabilizó a los “golpistas” de la muerte de sus familiares.

El régimen llama golpistas a las personas que desde abril protestan en su contra, cuyos hechos califica como intento de golpe de Estado. El discurso lo acuñó el presidente Daniel Ortega junto con su esposa y también vicepresidenta, Rosario Murillo; y es repetido por la dirigencia y por las bases de su Partido.

LEA MÁS: OEA pide a Costa Rica activar proceso que suspendería a Nicaragua como miembro de ese foro

La acusación también incluye una denuncia de Amparo Audeli Ruiz Jiménez, madre de Kevin José Cruz Ruiz, habitante de El Rosario, Carazo, un miembro de la juventud sandinista que murió la madrugada del 29 de junio cuando regresaba a su casa.

Falleció al colisionar su moto contra uno de los furgones que habían quedado estacionados producto de un bloqueo en Jinotepe, ubicado a 46 kilómetros al sur de Managua, informaron los medios afines al Gobierno. La Fiscalía califica su muerte como homicidio.

El texto de la acusación contiene denuncias de otras diez supuestas víctimas de las protesta, por aparentes delitos sufridos como daños a la propiedad, lesiones graves, secuestro, tortura, amenazas de muerte, robos con intimidación y asedio.

Asimismo, contempla la denuncia de Mirlehn Cecilia Méndez Ventua, esposa de Bismark de Jesús Martínez Sánchez, a quien el régimen y sus familiares reportan como “secuestrado” y “desaparecido” desde el 29 de junio.

El hecho, según los denunciantes, lo habrían cometido manifestantes del tranque en bario San José, en la salida de Jinotepe hacia Managua.

Martínez Sánchez también es militante del FSLN, según información divulgada por medios de comunicación controlados por el Gobierno.

Él trabajaba como subdirector del área de Ornato de la Alcaldía de Managua. Ortega y Murillo mencionan su desaparición en actividades partidarias.

El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, defensa de Mora, considera que el hecho de que los denunciantes son sandinistas hace que los “juzgamientos no sean imparciales”.

Recordó que, durante la labor informativa del canal, los entrevistados por los periodistas cuestionaban al Ejecutivo por violentar la Constitución Política y los derechos humanos.

Sobre las acusaciones, Montenegro manifestó: “Significa limitar el libre ejercicio de informar y el derecho del ciudadano a ser informado”, así como criminalizar las protestas.

Además, el abogado señaló defectos procesales de la acusación porque no cumple requisitos de ley. “No hay una parte del escrito de la imputación donde se diga que tal día, a tal hora, en tal programa, los acusados hayan dicho de manera concreta que se mate o no a una persona”, señaló Montenegro.

Fiscalía los señala por ‘discriminar’ a militantes sandinistas

Apoyada en la ley sobre terrorismo impulsada por Ortega, la acusación señala que, haciendo uso del canal 100% Noticias y en las redes sociales, los encausados “han propiciado e incitado al odio, por razón de discriminación política”.

La Fiscalía alega que los periodistas difundieron “sin corroborar, mentiras y noticias falsas, con la intención de generar zozobra en la población, odio radical” hacia los miembros del FSLN, "llamando a los extremistas a desencadenar terror y violencia, con desprecio a todo militante sandinista, al igual que a las autoridades de la Policía Nacional, a quienes llama públicamente ‘Policía Sandinista’”.

Mora fue presentado ante el juzgado un día después de su captura y Pineda dos días posteriores. La audiencia inicial del caso será el próximo 25 de enero.

La Fiscalía pidió al Juzgado un trámite complejo del caso, es decir, que el proceso puede durar entre 6 y 12 meses.

Embargo de bienes contra “100% Noticias”

La Policía Nacional ejecutó el cierre de 100% Noticias la misma noche del viernes 21 de diciembre. El inmueble de dos plantas, ubicado muy cerca de El Chipote, permanece bajo custodia policial.

Durante la acción, fueron detenidos el conductor del canal Joseph Raphael Hernández Arriaza y el controlista Gustavo Cerna, sin que hasta el momento hayan sido presentados con cargos ante un juez.

LEA MÁS: Gobierno impulsará en foros internacionales estrategia para proteger a periodistas de Nicaragua

Además, dos guardas de seguridad del canal permanecen desaparecidos; según la CPDH.

A esta acción la esposa de Mora, la periodista Verónica Chávez, le llama una “toma” por parte del régimen, por el hecho de cubrir noticias relacionadas con las protesta ciudadanas en contra de Daniel Ortega iniciadas en el mes de abril.

Chávez fue detenida junto con Pineda y con su esposo el viernes, pero liberada horas después de ser interrogada en El Chipote.

El texto inicial de la acusación lo terminó de elaborar el fiscal auxiliar, Julio César Bolaños Meza, a las 4 p. m. del mismo viernes.

En la acusación, el fiscal pide juicio contra Miguel de los Ángeles Mora Barberana, “al ejecutar la acción de fomentar e incitar al odio y la violencia”.

Además de pedir prisión preventiva contra los acusados, el Ministerio Público solicitó la clausura temporal de 100% Noticias, denominada Primicias Sociedad Anónima, así como la suspensión de la licencia que opera la televisora (LIC-2016-TVAUHF-001), debido a que la misma estaba vencida desde el 26 de julio de 2016, según el expediente.

El texto alega que “el hecho por el cual se le acusa, se ha cometido prevaliéndose de la licencia de transmisión”.

La Fiscalía también pidió la inmovilización de cuentas bancarias, certificados de acciones y títulos bancarios a nombre del canal; así como el embargo o secuestro preventivo de los bienes muebles e inmuebles de la televisora, o de cualquier otro activo.

Todas estas peticiones fueron concedidas por el Juzgado Sexto de Distrito Penal de Audiencias de Managua.

Nuevos acusados

El expediente 020017-ORM4-2018PN fue modificado y ampliado a las 10:20 a. m. del domingo 23 de diciembre, 37 horas después de la captura de Mora y Pineda, por la fiscal auxiliar Lilliam Batriz Soza Mairena.

En la ampliación fueron incluidos como acusados por los mismos delitos que Mora, Lucía Agustina Pineda Ubau, Jaime José Arellano Arana, Jackson Orozco Poveda y Luis Manuel Chavarría Galeano.

Arellano Arana y Chavarría Galeano dirigían programas de opinión en 100% Noticias y Orozco era periodista del canal. Los tres ya están fuera de Nicaragua.

El último en hacerlo fue Galeano, posterior a conocer la orden de captura en su contra. Los otros dos ya lo habían hecho desde antes.