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Un juez ordenó quitar 19 niños de 0 a 12 años al Hospicio de Huérfanos en Vista de Mar de Goicoechea, San José, ante una denuncia del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) por supuestas agresiones.
A las 7:50 p. m. de este viernes, funcionarios del Patronato ya tenían bajo su custodia a los menores, confirmó Patricia Hernández, gerenta técnica de esa entidad.
La orden provino del Juzgado de Niñez y Adolescencia de San José, agregó la funcionaria, al indicar que “detectamos violaciones a derechos de los niños, las cuales están en investigación judicial y son graves. También hay razones de índole financiero, pero son lo mínimo".
Según había dicho horas antes el PANI, se produjeron presuntas “situaciones violatorias de derechos graves por agresión física, psicológica y sexual” que fueron detectadas por el Departamento de Protección e incluidas en el informe de supervisión.
Esos hechos, alegaron, fueron denuciandos ante la Fiscalía de Goicoechea (Segundo Circuito Judicial de San José) contra las encargadas del cuido en ese centro. Según el PANI hubo incluso un allanamiento.
Sin embargo, la Oficina de Prensa del Ministerio Público confirmó que desde el 21 de mayo anterior, bajo la causa 18-001014-175-PE, se investiga a una mujer como sospechosa del delito de privación de libertad sin ánimo de lucro, en perjuicio de personas menores de edad.
La mujer fue indagada el 24 de mayo y luego quedó en libertad sin medidas cautelares.
“El caso continúa en trámite, en la etapa de recolección y análisis de pruebas, esta fase es privada para personas ajenas al proceso, según lo señala el artículo 295 del Código Procesal Penal”, añadieron.
Boris Molina, abogado del Hospicio, dijo que las agresiones a las que se refiere el Patronato, fueron denunciadas por el mismo albergue. Según él, eran tres personas las involucradas y fueron despedidas.
“Una de las cosas que dicen es que estaba utilizando material pornográfico (una sospechosa) pero a la señora se le encontró en el teléfono, no se lo estaba mostrando a los niños. La mujer fue despedida”, dijo Molina.
Finanzas y convenio
En el comunicado difundido por el PANI también argumenta que aparte de las presuntas agresiones, el Departamento Financiero Contable determinó un supuesto incumplimiento del Reglamento para el uso, control y liquidación de los recursos girados a sujetos privados con convenio de cooperación y transferencia de recursos vigente con el PANI.
Esa entidad pública entrega al Hospicio al menos ¢334.000 por mes por cada niño, sumas por las cuales deben rendir cuentas.
Según el informe de Financiero Contable, el aparente incumplimiento es por ¢84,4 millones, por los cuales se presentó un reclamo administrativo.
También el abogado Boris Molina refutó este argumento, al afirmar que respondieron sobre el uso de dinero “paso a paso” con informes auditados.
El tercero de los argumentos del PANI para reclamar a los menores es que el 31 de diciembre se acaba el convenio actual con el Hospicio y es “imposible” que “dadas las situaciones” se renueve para el próximo año.
“Con el fin de proteger a 19 niñas y niños que están bajo protección del PANI en el Hospicio, se hará, de inmediato, el traslado a otras alternativas de protección”, añade la entidad pública.
Jalila Meza, coordinadora del Departamento de Protección, explicó que el hogar tenía 85 niños y niñas, pero paulatinamente se han realizado traslados con la detección de las supuestas anomalías.
Sin embargo, Molina dice que no es posible romper el convenio de manera unilateral, al tiempo que recordó que el Patronato no tiene albergues propios, por lo tanto, considera que los necesita.
“El hospicio es la institución más calificada y con más atestados” , afirmó Molina.
Está pendiente todavía una reunión solicitada por las autoridades del hogar con la presidenta ejecutiva del Patronato, Patricia Vega, que se realizará el 14 de enero.
El albergue para niños huérfanos se fundó en 1869, aunque es hasta 1887 que aparece como Hospicio de Huérfanos.
A un mes de su gestión, la presidenta de la institución había denunciado una serie de anomalías e irregularidades en el manejo de recursos que destina la institución para la atención de niños y adolescentes, así como problemas en albergues y lento trámite de casos calificados como de alto riesgo.
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Los problemas, al parecer, fueron advertidas por los mismos funcionarios del PANI y se sustentan en varios informes de auditoría. La situación, advirtió Vega, la obligó a revisar la inversión que se hace en albergues y en las 52 oficinas que mantiene el Patronato en varios puntos del país.
Los informes de auditoría también detectaron lenta o nula atención en casos calificados como de alta prioridad.
