Cuando la Caja compraba el Rituximab a un solo oferente, debía pagar por cada tratamiento $18.630 anuales. El precio cayó a $9.153, poco más de la mitad, en el momento en que el mercado se abrió a la competencia al vencer los derechos de la patente por propiedad intelectual.

Fue a partir de ese momento que la institución pudo acceder a productos biosimilares.

La última compra de ese fármaco, utilizado para tratar un tipo de linfoma, se hizo en el 2016, y superó los $5,7 millones al año.

Para el 2019, la adquisición del biosimilar rondará los $2,4 millones; una diferencia de más de $3,2 millones anuales con respecto a la última compra. El dinero que se ahorra con la reducción de precios se podrá utilizar para otros medicamentos.

Tener acceso, por ejemplo, a medicinas biosimilares abarata sustancialmente la inversión para la Caja.

Según el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, un fármaco biosimilar debe demostrar que es seguro, eficaz y funciona de la misma manera que el medicamento de referencia, o el original. Sus costos son sustancialmente menores al del producto original, pues el laboratorio no ha tenido que invertir en investigación y desarrollo.

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el momento en que vence la patente y el mercado se abre a la competencia, el precio del producto cae un 50% o más del precio original.

El acceso a las llamadas innovaciones terapéuticas tiene un alto impacto financiero para la institución, pues son productos cubiertos por la patente de propiedad intelectual y, en consecuencia, con proveedores únicos: los laboratorios que descubrieron y desarrollaron el medicamento.

Únicamente cuando se acaba el periodo de la patente (20 años, incluyendo la investigación, el desarrollo y la comercialización), se puede tener acceso a otros productos cuyos precios son más bajos.

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Solo en el 2017, la CCSS compró 41 medicamentos de alto costo para un grupo reducido de pacientes (alrededor de 4.000 enfermos, principalmente de cáncer).

De esos 41 fármacos, 28 estaban protegidos por la patente de propiedad intelectual y 39 tenían oferente único.

Un grupo de 22 de esos 41 medicamentos tuvieron que ser suministrados por orden de la Sala IV (53% del total de los fármacos de alto costo).

Ese grupo, representó una erogación de $8,5 millones solo en el 2017, con un tipo de cambio de ¢572, para un costo total en moneda nacional de ¢4.868 millones.

En total, la CCSS invirtió casi $50 millones en comprar medicinas de alto costo durante el 2017:

- $25,2 millones en fármacos de alto impacto financiero con propiedad intelectual y oferente único.

- $15,5 millones en fármacos que no estaban en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM), pero que contaron con el aval del Comité Central de Farmacoterapia (CCF) por tener evidencia científica de sus resultados en la salud.

- Y más de $8,5 millones en productos con patente y oferente único, sin aval del CCF, pero ordenados por la Sala IV.

Apertura a otros productos

Una situación parecida a la del Rituximab sucedió con otro producto contra el cáncer: el Imatinib.

Este tratamiento con una pastilla para la leucemia mielocítica crónica (un tipo de cáncer en la sangre) pasó de costarle a la Caja $17.155 anuales a $3.248 al terminar la protección por propiedad intelectual.

Durante los años anteriores al vencimiento de esa licencia, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tuvo que negociar fuertemente con el laboratorio para que bajara el precio, originalmente estipulado en $70 por tableta. Fue así como logró que quedara en $47.

Anualmente, la CCSS desembolsó más de $8,5 millones al año por los 500 pacientes con cáncer que, en promedio, necesitaban ese fármaco.

En el caso del Imatinib, la apertura a la competencia permitió tener acceso a un equivalente terapéutico más barato y con los mismos resultados en la salud del paciente.

“El tema aquí es cuáles medicamentos tienen propiedad intelectual y el número de oferentes. En la Caja vemos cómo a pesar de que no tienen propiedad intelectual seguimos teniendo prácticamente un oferente único para muchos de estos medicamentos de alto costo”, dijo Albin Chaves Matamoros, director de Farmacoepidemiología de esa institución.

Según Chaves, esto se debe, entre otras cosas, a que el mercado costarricense es muy pequeño y hay que buscar otras estrategias para hacerlo más atractivo a otros oferentes.

También se puede deber a que otros laboratorios a nivel mundial no fabrican todavía fármacos genéricos y biosimilares.

“La falta de competencia hace que se tengan que pagar esos precios extraordinariamente grandes”, reconoció el médico.

La institución está liderando a nivel regional una negociación con farmacéuticas para que faciliten el acceso de los países como el nuestro, con ingresos per cápita bajos, a las verdaderas innovaciones terapéuticas.

Se trata de aquellos medicamentos donde la Medicina basada en la evidencia garantiza resultados en la salud del enfermo que los hace seguros, eficientes y de calidad.

Un primer intento se dio en 1996, cuando Costa Rica presentó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el Pacto de San José, que proponía, a ese nivel, fijar el costo de los medicamentos de acuerdo a la riqueza de las naciones. La iniciativa no prosperó.

Actualmente, tanto la CCSS como organizaciones de pacientes intentan resucitar el proyecto 20.144, Ley para la adquisición solidaria de medicamentos de alto impacto financiero para la CCSS, que permitiría financiar los medicamentos de alto costo mediante un impuesto a las bebidas no alcohólicas.

El plan, tuvo impulso durante la anterior legislatura sin que en la actual, hasta ahora, haya recobrado la fuerza para llegar al plenario.

Entrevista con Albin Chaves, director de Farmacoepidemiología: ‘Necesitamos un músculo fuerte para negociar con farmacéuticas’

- ¿Hay algo que esté amenazando en este momento al sistema?

- Creo que la institución tiene que seguir con la política de medicamentos esenciales. Tiene que fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias, y buscar fuentes alternativas de financiamiento para pacientes que pueden requerir fármacos de hasta $500.000 al año.

- ¿Cuál es el objetivo?

- Que esos medicamentos le puedan llegar a la sociedad, pero a los precios a los que le están llegando es una limitante extraordinaria para que la gente pueda tener acceso. Por eso, a veces a mí me da la impresión que el foco de acción se ha equivocado, y la sociedad civil puede ser que se exprese de una forma errónea al estar planteando que todo es responsabilidad del Estado.

“Este es un tema en el que todos tenemos que estar claros de dónde van a venir esos recursos. Yo debo pagar esos medicamentos en el mismo porcentaje del ingreso per cápita. Se debería trasladar todos estos principios de salud a un contexto internacional: que la equidad y la universalidad también se cumplan”.

- ¿Cómo ha logrado poner en la balanza ese tema de medicina basada en la evidencia, al mismo tiempo que la gente dice: ¡no importa, un día de vida!?

- Estoy totalmente convencido de que hay que proteger esta institución extraordinaria que tenemos. Como se dice explícitamente en un documento que tuve la oportunidad de trabajar con la Organización Mundial de la Salud: hay que buscar fuentes alternativas de financiamiento para este grupo de pacientes. Y la Caja lo ha hecho.

- ¿Como con el proyecto de ley que pone un impuesto a las bebidas no alcohólicas?

- Costa Rica ha sido el impulsor más grande del éxito que ha tenido la negociación conjunta de precios a nivel de la región. Nosotros hemos tratado de establecer algún mecanismo para organizar a todos los países de tal manera que haya un músculo muy fuerte de negociación de precios en aquellos medicamentos que son innovaciones terapéuticas reales. Hemos presentado el proyecto de ley de adquisición solidaria de medicamentos de alto impacto financiero.