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El exgerente de la empresa Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda. y quien firmara con la CCSS contratos supuestamente fraudulentos para la compra de insumos ortopédicos está en fuga.
Se trata de un médico de apellidos Castaño Suárez, de nacionalidad cubana, sobre quien pesa una orden de captura internacional, como está consignado en la acusación que presentó la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros ante el Juzgado Penal de San José, el 13 de setiembre.
Al profesional, así como a un enfermero de apellidos Aguilar Alcócer, y un especialista en Imagenología, de apellidos Masís Arrieta, se les atribuye el delito de estafa en perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por hechos ocurridos entre el 2009 y el 2013.
La acusación presentada por la fiscala Dixiela Madrigal Mora es la primera que se plantea de cuatro expedientes abiertos en relación con esa empresa. El caso corresponde a compra de insumos para el Hospital Max Peralta de Cartago.
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Según la acusación, Aguilar se desempeñaba como el jefe de ventas de trauma en Synthes entre 2009 y 2013, responsable de revisar, verificar y gestionar el negocio de insumos médicos para ortopedia con el trámite de facturas en hospitales de la CCSS.
Masís, por su parte, era vendedor, según la acusación de la Fiscalía. Trabajó en esas funciones en Synthes de 2009 al 2013 y era el encargado de vender los insumos ortopédicos en el Hospital Max Peralta.
A Castaño, Aguilar y Masís la Fiscalía les atribuye 47 supuestos delitos de estafa y 47 supuestos delitos de falsedad ideológica.
En total, el daño ocasionado por el accionar que se les atribuye asciende a $38.441.
La investigación original por este caso se desencadenó en el Hospital Calderón Guardia en el 2011, cuando el jefe de Cirugía de ese centro de salud recibe una alerta por 1.022 facturas irregulares de insumos de Ortopedia, calculadas en $2,3 millones.
Según la información que ha trascendido desde entonces, en el Calderón se habrían utilizado pacientes fallecidos y de otras especialidades que no son Ortopedia para aparentemente simular las compras y tramitar los pagos.
Este hallazgo llevó a descubrir otras situaciones similares en más hospitales de la Caja, entre ellos el de Cartago.
Las denuncias cayeron en manos del Ministerio Público, que abrió las siguientes causas:
- El expediente 14-000049-612-PE, por el caso del Hospital Calderón Guardia, donde se descubrió la supuesta estafa. Este expediente, de acuerdo con la Fiscalía, sigue en investigación y permanece a la espera de un informe de la Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
- El expediente 14-000567-612-PE con la situación descubierta poco después en el Hospital México. Fue enviado al Juzgado Penal con solicitud de desestimación desde el 28 de septiembre de 2018 pues la Fiscalía de Delitos Económicos determinó que no se obtuvo prueba suficiente para acusar y solicitar la apertura a juicio. La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que esa solicitud está pendiente de resolver.
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- El 15-000017-618-PE, correspondiente a la situación que la CCSS denunció en el Hospital San Juan de Dios. Esta causa ya fue desestimada por el Juzgado Penal de San José el 11 de octubre, y está archivada, según la oficina de prensa del Poder Judicial. Tampoco en este caso la Fiscalía encontró prueba suficiente para acusar y pedir apertura a juicio.
- El expediente 14-000477-612-PE, por los hallazgos hechos en el Hospital Max Peralta, origen de la primera acusación en manos del Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, en espera de ser elevada a juicio.
Con el más alto rango
Castaño Suárez es el imputado de más alto rango de los tres citados por la Fiscalía.
Entre los tres, según la acusación, “(…) alteraron las facturas relacionadas con los insumos ortopédicos utilizados en los procedimientos de osteosíntesis”
“Facturaron insumos que nunca utilizaron; realizaron doble facturación en algunos pacientes y confeccionaron facturas de personas que no eran pacientes del Hospital Max Peralta”, cita la acusación.
Así, según la Fiscalía, “estamos en presencia de una acción engañosa por cuanto teniendo como base o plataforma una serie de licitaciones públicas para la adquisición de insumos de osteosíntesis, los coimputados se basan en ellas para obtener un beneficio patrimonial antijurídico tanto para la empresa para la cual trabajan como para ellos mismos”.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, en el hospital cartaginés detectaron 47 casos en donde, entre otras cosas, los imputados incluyeron información supuestamente falsa en las facturas emitidas para cobrar a la Caja la compra de insumos ortopédicos como clavos, tornillos y placas usados en el tratamiento de fracturas.
Entre ellos, una mujer, vecina de la Península de Osa, quien fue incluida con facturas por $387 a pesar de que nunca ha sido operada y nunca ha visitado el hospital de Cartago.
El paciente número 47, identificado así en la acusación, es una de las historias destacadas por la Fiscalía, pues se trata de una persona que nunca fue operada y aún así se le incluyó en la lista ‘Pacientes Ortopedia Hospital de Cartago’.
La información para respaldar el cobro de la factura consignada a nombre de este paciente, indica que se le colocaron aparatos por un monto total de $801.
La Fiscalía califica el accionar como parte de un ‘plan fraudulento’, como se puede ver a continuación:
"Todos los justiciables actuaron con el dolo directo de defraudar el patrimonio de la Caja (…) siguiendo un plan previamente acordado en distribución de funciones se logró el objetivo perseguido de defraudar con el mayor número de facturas y en el menor tiempo posible”, sostiene la acusación, en la cual se aporta un total de 44 testigos entre peritos, especialistas, funcionarios de Synthes y de la CCSS y pacientes.
Empresa: ‘Hechos no corresponden a una voluntad corporativa’
Carolina González Roa, vocera de Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda., confirmó que los hechos que se investigan “no corresponden a una voluntad o instrucción corporativa”.
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“Somos respetuosos de las instituciones costarricenses y hemos colaborado con el proceso de investigación y continuaremos haciéndolo. Los hechos que se investigan y que han llevado a la acusación son actuaciones de personas físicas, que fueron desconocidos por nosotros y no corresponden a una voluntad o instrucción corporativa. La empresa Lorwen, S.A. nunca ha sido ni es una empresa perteneciente a nuestro grupo de compañías", dijo González en referencia al nombre que usó la empresa de 1999 al 2008, cuando pasó a llamarse Synthes.
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En Lorwen S.A., según la acusación, Castaño Suárez fungió como presidente. “La naturaleza de esta sociedad fue la comercialización de insumos ortopédicos y fue esta razón social con la cual la Caja inició una relación comercial mediante contratos de consignación y licitaciones públicas”, aclara la acusación de la Fiscalía.
"Como empresa, estamos comprometidos con llevar los mejores productos y servicios a las instituciones, los médicos y los pacientes, con riguroso cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales”, enfatizó González.
El abogado de la Dirección Jurídica de la Caja, a cargo de este caso, William Rodríguez Alvarado, confirmó la presentación de una acción civil resarcitoria por más de $1 millón por el llamado ‘caso Synthes’.
De todos los expedientes abiertos, dijo Rodríguez, el impacto más fuerte que recibió la institución fue con los hallazgos en el Calderón Guardia.
“Se está sacando Cartago primero porque es, después del hospital Calderón Guardia, el segundo en impacto. En los hospitales San Juan de Dios y México, las desestimaciones no cierran el caso. En este momento, estamos a la espera de pruebas para ver si hay personas involucradas dentro de la institución (Caja)”, informó el abogado.
“En este caso (Hospital Max Peralta), la Caja no presenta querella porque considera que la acusación está muy bien formulada. Ya tenemos planteada la acción civil resarcitoria para cobrar el daño patrimonial por la (supuesta) estafa que hicieron. La empresa la enfrenta de forma solidaria”, agregó.
La CCSS espera que, a más tardar en enero, se convoque a una audiencia a las partes en donde, por ejemplo, la empresa involucrada podría presentar una gestión conciliatoria por el daño patrimonial.
