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Los centros diurnos y hogares de larga estancia para adultos mayores se suman a la lista de afectados con los atrasos en los giros del Ministerio de Hacienda de las últimas semanas.
La atención que se le da a cerca de 4.000 ancianos en 150 de esos centros en todo el país se ha complicado desde noviembre, porque la Tesorería Nacional tampoco les ha trasladado fondos.
En este caso, se trata de los dineros correspondientes a la ley 7972, conocida como ley de cigarrillos y licores. Con dichos fondos, las entidades pueden realizar desde el pago de personal hasta la cancelación de servicios básicos, entre ellos agua y luz.
Estos fondos se distribuyen por medio del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), cuya presidenta Teresita Aguilar confirmó el atraso en los pagos y reconoció su preocupación por las dificultades operativas que ha generado la falta de liquidez del Gobierno debido a la crisis fiscal.
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El director administrativo del Conapam, Víctor Montero, informó de que la Tesorería Nacional ya habría realizado el depósito de ¢450 millones, que corresponden a lo adeudado en noviembre y diciembre.
“Se estarán distribuyendo entre lunes y martes de la próxima semana”, confirmó el funcionario, quien no tiene certeza si contarán más adelante con los dineros de enero, cuando se debe incluir el salario escolar.
El director ejecutivo de la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano (Fecrunapa), Álvaro Román Morales, confirmó que han recibido información sobre el atraso en los giros de esa partida de centros pertenecientes a la filial de Limón.
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“Es una situación que afecta a las organizaciones y una realidad que no se puede esconder”, dijo Román. Fecrunapa reúne a 120 organizaciones de este tipo en todo el país.
Bernal Montero Arce, director del Centro Diurno Fuente del Saber, en San Diego de La Unión, en Cartago, contó que ahí han tenido que tomar dineros de otras cuentas para llenar el vacío de los montos que Hacienda debe desde noviembre.
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En ese lugar tienden a 48 adultos mayores, entre 63 años y 85 años, de diferentes comunidades cartaginesas.
Son personas a quienes se les da comida y diferentes tipos de terapias. Funcionan con variadas fuentes de recursos, incluyendo montos girados por la Junta de Protección Social (JPS), los cuales permiten ofrecer la alimentación a los usuarios.
“Por dicha, los fondos propios, que utilizamos para algunos trabajos de mantenimiento, nos ayudaron a cubrir las necesidades de noviembre y diciembre. Podríamos aguantar así dos meses más, pero eso significa quitar dinero de un lado para utilizarlo en otro”, comentó Montero.
La situación de los centros de atención a ancianos trasciende cuando la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil hizo público el atraso en el giro de dineros por parte de Hacienda.
En este caso, según el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Gobierno adeuda alrededor de ¢7.000 millones de diciembre para los programas Avancemos, que otorga becas a estudiantes de escasos recursos, y para la atención de niños.
Hasta este jueves, 44 locales que atienden menores en pobreza habían tenido que cerrar sus puertas por falta de fondos para operar. En total, más de 1.600 menores de familias pobres están afectados, según Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica (Unared).
