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La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) convocó este sábado a los jueces del Poder Judicial a unirse a partir del lunes a la huelga contra la reforma fiscal, en defensa de pluses salariales que se frenan con el proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa.
El gremio alega que la reforma impone rebajas al incentivo de dedicación exclusiva, cesantías de máximo 8 años y transforma la anualidad en un monto fijo, en lugar de un porcentaje del salario base.
La Acojud también reclama que los funcionarios cuyo desempeño no sea evaluado no recibirían anualidad.
En realidad, la iniciativa 20.580 no le rebaja beneficios a los trabajadores actuales, sino que pondría freno al crecimiento exponencial de las anulidades y atenúa el costo de los otros pluses para nuevos funcionarios.
Según la Asociación, estas medidas alteran la “seguridad jurídica de la remuneración de jueces y juezas de la República, sin que dichas modificaciones hayan sido consultadas a la Corte Suprema de Justicia”.
“Como vemos, este proyecto de ley contiene procedimientos que afectan directamente no solo la autonomía del Poder Judicial, sino la autonomía del ejercicio de la administración de justicia”, indica el comunicado.
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La presidenta de la Acojud, Adriana Orocú, aseveró que la disminución de los pluses abriría las puertas a casos de corrupción, por posibles sobornos a jueces, y desincentivaría a los profesionales a trabajar en el Poder Judicial.
“Por ejemplo, un juez hoy tiene un salario, pero el que ingresa llegaría con un salario de 45% menos, entonces imagínese las distorsiones que eso crea para las estructuras salariales del Poder Judicial. Jueces haciendo lo mismo y algunos con salarios totalmente mermados”, indicó.
Orocú manifestó que la intención de la Acojud es que no participen de la huelga los jueces responsables de servicios esenciales, como solicitudes de imposición de una medida cautelar, juicios con personas detenidas y de asuntos prontos a prescribir.
Aunque el documento enviado por la junta directiva enfatiza en los pluses salariales, el gremio también pretende protestar contra medidas como la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, aseguró Orocú.
“Es objetivamente un proyecto mejorable. La redistribución de cargas debe ser conforme a las condiciones de aportación de cada persona”, dijo.
Este sábado se cumplieron 13 días de huelga de empleados públicos, mientras jerarcas del Gobierno se reúnen por cuarta ocasión con representantes sindicales en busca de un acuerdo.
La solicitud de ilegalidad del movimiento fue realizada por 32 instituciones, y este viernes el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José dio la primera respuesta, al declarar ilegal la huelga de los trabajadores del Consejo Nacional de Producción (CNP).
