Entidades públicas que reciben miles de millones por transferencias corrientes del Gobierno fallan una y otra vez en aprovechar el dinero que, año a año, se acumula en sus cuentas.

Estas transferencias corrientes son depósitos que el Poder Ejecutivo hace a un conjunto de instituciones públicas por razones de carácter legal o constitucional que no puede eludir.

Con los años, esas transferencias se transformaron en el principal rubro de gasto del Gobierno: crecen a una tasa elevada porque se asignan en relación con la recaudación tributaria y el producto interno bruto (PIB) pero sin nexo ni con las posibilidades de la Hacienda Pública para sostener los desembolsos, ni la capacidad ejecutora de la institución que las recibe.

Marta Acosta, contralora general de la República, lo explica: “esas asignaciones se convierten hoy en una meta en sí misma y no responden a la realidad institucional, ni fiscal del país”.

Considera que representan otro ingrediente al déficit fiscal que encara el país cuando sus egresos son mayores que sus ingresos, razón por la cual se impulsa una reforma en el Congreso, contra la cual se promueve desde hace 24 días una huelga en servicios como salud y educación.

El último capítulo de esta crisis se dio este martes 25 de setiembre cuando la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, anunciaron una medida de urgencia para pagar sus gastos del tercer trimestre del año. Se trata del sistema llamado compra de letras del tesoro, que le permitirá acceder a ¢500.000 millones producto de emisiones monetarias.

Las transferencias

Del 2012 al 2017, las transferencias corrientes crecieron sin pausa a una tasa promedio anual de 10,8%. En cinco años, el Gobierno destinó así una proporción cada vez mayor de sus ingresos para atender estas obligaciones legales.

Tanto crecieron que en el año 2007, estos pagos a instituciones devoraban 30,6% de los ingresos corrientes y 31,8% de los ingresos tributarios del Gobierno: al 2017 esos porcentajes iban por 54,5% y 58,9%; respectivamente.

Solo en el 2017, el Gobierno Central transfirió ¢2.584 millones; 8,8% más respecto a los ¢2.188 millones del 2016, precisa la Memoria 2017 de la Contraloría General de la República.

Los principales receptores fueron las pensiones con cargo al Presupuesto de la República (¢718.092 millones), el Fondo Especial de Educación Superior (¢478.560 millones), la Caja Costarricense de Seguro Social (¢407. 594 millones), Juntas de Educación y Administrativas (¢306.285 millones), el Fondo de Desarrollo Social y de Asignaciones Familiares (¢251.551 millones) y Consejo Nacional de Vialidad (¢226.705 millones).

Estos desembolsos en conjunto suman ¢2.388 millones del total y representan 92% del total de transferencias del 2017.

Sin embargo, que el dinero se utilice con agilidad es harina de otro saco.

Según la Contraloría General de la República, al cierre del 2017, las Juntas de Educación y Administrativas aumentaron 34% su saldo disponible en sus cuentas de Caja Única que subió a ¢164.787 millones. Sin embargo, de esa suma se había ejecutado apenas 24,1% al final del año pasado.

La baja ejecución del acumulado que alimentan las transferencias corrientes afecta en ese caso a estudiantes y al sistema educativo en general ya que las Juntas de Educación (existen alrededor de 4.800) eran responsables construir escuelas y colegios.

La lentitud de las Juntas para traducir dinero en nuevas y mejores instalaciones para estudiantes y profesores obligó al Ministerio de Educación Pública a excluir a estos grupos integrados por padres de familia y vecinos del proceso constructivo.

Según la decisión adoptada en abril pasado, las Juntas solo fiscalizarán obras y ya no elaboraron licitaciones para encaminar proyectos, ni carteles para contratar personal, ni compra de materiales.

Tampoco revisarán o administrarán grandes presupuestos como ocurría hasta este año cuando algunos de estos grupo manejaban proyectos valorados en ¢4.000 millones.

Dinero guardado

Otro caso es el el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) que aumentó 27% su saldo en Caja Única hasta acumular ¢109.874 millones al final del 2017. De ese total, ejecutó solo 44%, indican datos de la CGR.

El ente contralor apunta que, “reiteradamente”, el Banco achaca a la tramitomanía del proceso de asignación de bonos y permisos en diferentes instancias y municipalidades como principal causa de la baja ejecución.

Sin embargo, la Contraloría también regañó en diciembre al Banhvi por usar fondos provenientes del llamado “impuesto a las casas de lujo” para construir parques y aceras en comunidades en vez de levantar casas para familias pobres como se suponía debía hacerlo.

El ente contralor, descubrió que el Banhvi desvió ¢3.854 millones del 2011 al 2016 para obras que no eran viviendas por lo cual le ordenó detener la práctica; indica el oficio DFOE-EC-0862 del 14 de diciembre de 2017.

Otro caso es el saldo en Caja Única del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi): creció 43% en el 2017 al pasar de ¢26.242 millones en enero a ¢37.621 millones en diciembre y un nivel de ejecución de 34%.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tuvo una subejecución presupuestaria en el 2017 de ¢49.181 millones, de los cuales ¢44.002 millones (89,5% de toda la subejecución) corresponden a transferencias corrientes.

Ante el nivel crítico que alcanza la deuda del Gobierno Central (49,2% del PIB al 2017; ¢16.066 millones), la contralora Marta Acosta consideró “apremiante” revisar si es hora de desenganchar al Gobierno de algunas de estas transferencias corrientes o, al menos, rebajar su magnitud.

Según la funcionaria, hay un problema de fondo con el modelo de transferencias que topa con entidades sin capacidad real de utilizar los fondos.

Esta situación se alimenta de problemas como errores al elaborar contrataciones, incumplimiento por omisión de requisitos, apelaciones en estos procesos que interrumpen los procesos de contratación y la lentitud al gestionar el dinero.

En conjunto, indica Acosta, estos problemas explican en buen parte la subejecución de fondos que afectan a las entidades que reciben transferencias corrientes.

“Mi punto es si ya es hora de que vayamos más allá de la subejecución de los recursos, nosotros nos preguntamos si deben seguir girándose esos dineros. El tema de transferencias corrientes y subejecución del cual hablamos es un problema estructural y requiere cambio legal; uno que es posible”, enfatizó Acosta quien califica la situación como “una tragedia”.

Para ella, si no se contiene las transferencias corrientes, lo siguiente que el Gobierno Central se verá forzado a recortar es el gasto social.