Estas son las 39 propuestas de los sindicatos para reducir el déficit fiscal. Ninguna toca privilegios salariales

“La iniciativa podría recolectar mas ingresos, que el paquete de impuestos propuesto por el Gobierno (Expediente 20.580), sin empobrecer mas a la clase trabajadora y sus familias”, alegan los gremios.

Sin embargo, ninguna de las 39 acciones planteadas por los sindicalistas recorta lo lista beneficios de los trabajadores del sector público, como las cesantías por encima de 8 años, anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, prohibición, confidencialidad y discreción.

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El presidente Carlos Alvarado manifestó esta mañana la disposición del Gobierno de discutir este documento que incluye propuestas “complementarias, no sustitutivas” para mejorar las finanzas de la administración pública.

Este es el resumen de los 39 planteamientos sobre la mesa, según una publicación de ANDE, Bussco y SEC.

El Gobierno no se ma manifestado sobre la viabilidad de estas propuestas y anunció que esta tarde hará su contrapropuesta.

A. Acciones de impacto inmediato:

1. Impuesto a las altas tasas de interés: Aquellos bancos que cobran intereses por encima de la media, pagarán un impuesto más alto por sus utilidades, 7,5 puntos más que el resto de los bancos.

2. Ahorro estatal por supervisión bancaria: actualmente la supervisión de la banca pública y privada se paga con fondos públicos (¢20.000 millones anuales). Puesto que esta supervisión beneficia a los bancos, se propone que sean estos los que asuman el costo.

3. Aumento temporal del impuesto a las utilidades de las grandes empresas: De manera solidaria las 400 empresas más grandes del país, que tienen ganancias anuales que superan los ¢40.000 millones aportarán un 6% más de impuestos sobre sus utilidades. Después de 7 años volverán a pagar el monto actual del 30%.

4. Eliminar privilegios para los fondos de inversión: Se eliminarán los beneficios especiales y se aumentará el impuesto sobre los rendimientos de un 5% a un 12%.

5. Congelar los salarios de lujo en el sector público: Salarios superiores a ¢5 millones mensuales quedarán congelados por 2 años.

6. Congelar las dietas de las juntas directivas del sector público por dos años.

7. Aumento temporal del impuesto a los dividendos: Los dividendos que reparten distintas empresas y entidades, pagarán durante 2 años un 1,5% más, luego volverán al monto actual.

8. Eliminar privilegios fiscales para morosos con la CCSS o con el fisco: Personas físicas o jurídicas que no estén al día con sus obligaciones no podrán disfrutar de exoneraciones fiscales de ningún tipo.

9. Aumento del impuesto sobre la renta para los altos salarios: Salarios entre ¢2.103.000 y ¢4.205.000 tendrán una tarifa del 20%, entre ¢4.205.000 y ¢6 millones una tarifa del 25% y salarios de más de ¢6 millones tendrán una tarifa del 30%. Se propone rebajar la tarifa que pagan los salarios entre ¢792.000 y ¢1,1 millones de un 10% a un 8%.

10. Aporte solidario de la banca para la educación pública de manera temporal: Los bancos pagarán un 5% de sus utilidades netas al Ministerio de Educación Pública.

11. Exoneración por el pago del alquiler de locales comerciales para la micro, pequeña y mediana empresa, de manera temporal: esta medida es un incentivo para la generación de empleo.

12. Crear impuesto extraordinario para casinos y salas de juego: Durante 2 años estas empresas pagarán mensualmente un impuesto por cada una de sus mesas de juego.

13. Crear impuesto a las pensiones de lujo de los Expresidentes de la República. Los futuros exmandatarios solo recibirán pensión presidencial cuando no posean ingresos de otras fuentes.

14. Reducir el financiamiento de los Partidos Políticos para las próximas elecciones municipales y nacionales: para las campañas políticas del 2022 y 2024 el financiamiento se reducirá de un 0,19% a un 0,11% del PIB. Para las municipales de 2020 ya se aplicó reducción.

15. Impuesto solidario a las zonas francas de manera temporal: Entre todas las empresas que se acogen al régimen de zonas francas pagarán un impuesto anual equivalente al 0,2% del PIB.

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B. Acciones de mediano plazo contra la evasión y el fraude fiscal

16. Combatir la impunidad por defraudación fiscal: Cuando las sociedades anónimas sean utilizadas para defraudar al fisco o violentar la ley, la responsabilidad recaerá sobre sus socios, quienes deberán pagar por los daños cometidos.

17. Facilitar el acceso a la información tributaria: La administracion tributaria no necesitará de autorización judicial para poder solicitarle información a las entidades financieras, para identificar casos de evasión y fraude fiscal.

18. Fortalecer a la Sugef para la supervisión de los grupos financieros: Otorgarle mayores herramientas y controles a la Sugef para supervisar las actividades que realizan los grupos financieros, incluyendo sus subsidiarias dentro y fuera de Costa Rica, con el fin de combatir los paraísos fiscales.

19. Actualizar las definiciones que establece la ley sobre obligados tributarios y responsabilidades tributarias: Se busca establecer con claridad cuándo corresponde a las personas físicas y jurídicas el pago de impuestos.

20. Fortalecer la ley impuesto sobre la renta: Reforma para cerrar portillos que permiten a las empresas declarar menos ganancias de las que realmente tienen.

21. Establecer una clausula anti-elusiva general: Toda maniobra o simulación realizada para poder reportar menores ganancias y así reducir la carga tributaria será calificada como ilegal.

22. Prohibir la participación de servidores públicos en paraísos fiscales: Las personas que ocupan cargos políticos de alto rango serán fiscalizados con mayor rigor, para combatir la corrupción y el fraude fiscal.

23. Fortalecer el monitoreo de las sociedades comerciales: En Costa Rica cerca del 70% de las sociedades anónimas no son monitoreadas regularmente por la Administracion Tributaria, se propone reforzar estos mecanismos para mejorar renta.

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24. Creación de un impuesto solidario a las personas físicas o jurídicas que reciban herencias, legados y donaciones de lujo.

25. Actualizar la escala tarifaria del impuesto sobre la renta: Que pague más, quien tiene más.

26. Cobrar el impuesto sobre la renta a las ganancias de capital: Las ganancias de capital actualmente no contribuyen con el pago del impuesto sobre la renta.

27. Establecer la renta global y la renta mundial: actualmente las empresas nacionales que han obtenido ganancias en el exterior no pagan impuestos en Costa Rica por estos dineros, se propone gravarlos con el impuesto sobre la renta, al momento que pretendan utilizarlos aquí.

28. Mejorar la fiscalización de las aduanas: Crear una base de datos con los principales importadores de mercancías, para que agentes aduaneros y funcionarios de Hacienda puedan calcular más eficazmente las obligaciones tributarias.

29. Mantener exonerados aquellos bienes y servicios que consumen los sectores más pobres del país, esto incluye, como mínimo: canasta básica, medicamentos, insumos y maquinaria para actividades agropecuarias, educación privada universitaria y servicios privados de salud básica.

30. Crear un impuesto a las transacciones financieras extranjeras: Transacciones provenientes del exterior que ingresan al país y permanecen por menos de un año, deberán pagar impuesto solidario.

31. Implementar el escaneo de contendedores en las aduanas para fortalecer recaudación aduanera y luchar contra el contrabando.

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32. La política monetaria del Banco Central estará orientada por la meta de incentivar la creación de empleos.

33. Incentivar los emprendimientos productivos en zonas rurales mediante la Banca para el Desarrollo: el impuesto solidario que pagarían las zonas francas sería utilizado para generar recursos frescos a la Banca, la cual utilizará este dinero para fortalecer micro, pequeña y mediana empresa de la zona rural.

34. Un 10% de los recursos de Banca para el Desarrollo serán invertidos en las mujeres y en la juventud.

35. Ley contra la usura: Prohibir el cobro de tasas de interés abusivas y los cambios unilaterales de los términos del contrato en entidades financieras.

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Cuatro medidas para combatir la corrupción

36. Reforma la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento llícito en la Función Pública: los altos mandos políticos y sus familiares deberán hacer del conocimiento público las empresas en las que participan o en las que son accionistas.

37. Los criterios de la Procuraduría de la Ética serán de acatamiento obligatorio: Se propone fortalecer este órgano y hacer de acatamiento obligatorio sus criterios, como mecanismo para combatir la corrupción en la función pública.

38. Los informes de las Comisiones Especiales Investigadoras serán discutidos y votados por el plenario legislativo en un plazo razonable.

39. Eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes investigados por delitos de corrupción: Si un diputado, magistrado o ministro es investigado por delitos de corrupción cometidos en el ejercicio del cargo, deben ponerse inmediatamente a la orden de la justicia.

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