¡Peligrosísimo! Así califica la Cámara de industrias de Costa Rica (CICR) el proyecto de ley que se discute en el Congreso para darle a Recope potestades para que busque vías con el fin de disminuir el uso de hidrocarburos.

Esta manifestación consta en una carta enviada el 10 de agosto a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa donde se conoce el proyecto de Ley N°20.641 Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas.

En la carta, en poder de este diario, el grupo detalla razones legales, de costo económico, de índole técnico y hasta de competitividad del país.

Enrique Egloff, presidente de la CICR afirma allí que, de aprobarse el proyecto, se le estaría entregando un “cheque en blanco” a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para gastar a manos llenas en “todo tipo de ocurrencias”; un escenario que califica como“peligrosísimo”; confirmó esta mañana ante consultas de este diario.

“Ampliar el alcance de Recope y autorizarlo a cargar a tarifas de combustibles es otorgar un cheque en blanco para que le escriba los números que desee gastar. Esto chocaría con la Ley de Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos) que prohíbe cargar gastos innecesarios a tarifas para brindar el servicio”, mencionó Egloff.

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Para los industriales, es totalmente inconveniente ampliar el monopolio a actividades en las que el sector privado puede competir. Recordó, incluso, que actualmente se discute la conveniencia de mantener el monopolio en las actividades actuales.

“Consideramos totalmente inconveniente ampliar ese monopolio a nuevas actividades en las que el sector privado puede participar en competencia, tales como: investigar, producir, industrializar y comercializar biocombustibles, hidrógeno, gas natural y otros combustibles renovables… como se pretende en el artículo 10 del proyecto que modifica el Artículo 6 de la Ley de Recope”, advierte Egloff en el documento.

Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de Recope, refutó los señalamientos del industrial al insistir en que los precios finales no serían afectados por la reforma de ley.

“Nosotros creemos conveniente ampliar los objetivos de Recope buscando alternativas energéticas pero permitiendo a la entidad buscar financiamiento para investigar esas alternativas de otras fuentes que no sean las tarifas”, aseguró Muñoz.

De hecho, dijo el jerarca, trabajan en un texto de un proyecto de una reforma completa en las potestades legales de Recope que remitirían al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para examen.

Dicha iniciativa plantearía, que se permita a Recope crear alianzas público-privadas para proyectos de investigación de fuentes de energía más limpias sin tocar los precios finales de los combustibles en la forma de algún tributo o canon.

Según Muñoz, con una reforma de ley adecuada, Recope hasta podría convertirse en un agente dinamizador de la economía en diversos sectores productivos.

Sin embargo, los industriales no concuerdan. Para ellos las razones legales del plan que ya está en la Comisión de Ambiente son “las más graves” y esas razones supuestamente podrían poner al país en problemas por eventuales demandas legales de corte internacional.

“Modificar la Ley de Recope para alcanzar otros combustibles no derivados del petróleo como el gas natural y los biocombustibles e hidrógeno, no solo requiere la aprobación por dos tercios de los diputados, sino que requeriría la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y los demás países centroamericanos por tratarse de un acuerdo multilateral”, recordó Egloff en el documento.

La crítica se da unos días después de que la Contraloría General de la República llamó la atención a la Refinadora la lentitud para distribuir combustibles menos contaminantes, específicamente con la lenta ejecución del Proyecto de Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética.

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Costo de operación

Otra de las advertencias de la Cámara de Industrias se relaciona con el aumento de costos de planilla que implica una nueva actividad de Recope.

Citó, por ejemplo, anualidades, subsidios médicos, becas en el país y en el exterior, cesantía de 20 años, créditos, subsidios de alimentación, pagos del 100% de una incapacidad, sobresueldos, 30 días de vacaciones, pago de zonaje, entre otros.

Además, alertaron que el artículo 6 inciso h) del proyecto de ley atribuye al Minae la potestad de fijar mediante reglamento un canon el cual también se cargaría a las tarifas de los combustibles.

Según los industriales, la medida sería violatoria de la Constitución Política que en su artículo 121 inciso 13) dispone que es atribución de la Asamblea Legislativa fijar los impuestos y contribuciones nacionales.

“En momentos de una crisis fiscal en la que el Gobierno solicita más impuestos para cubrir su faltante, situación que amenaza la estabilidad económica del país, se pretende autorizar a una dirección en un Ministerio crear más impuestos, con el nombre de canon, para financiar investigaciones, experimentos, actividades de alto riesgo económico y técnico”, apuntan los industriales en su carta.

Este diario consultó al Minae al respecto de este punto pero, al cierre de esta edición, esa cartera seguía sin responder a la consulta.

“Pretender que RECOPE sea el promotor de una nueva era en la energía de Costa Rica, produciendo biocombustibles o liderando investigaciones o nuevos proyectos riesgosos, es un grave error, ya que eso encarecería totalmente el servicio al consumidor final”, agregó Egloff.

La Cámara propuso a los diputados que la posible apertura del mercado para el gas natural que, opinan, podría disminuir el déficit fiscal, uno de los principales problemas que enfrenta el país.

El grupo puso como ejemplos los caso de países como Noruega y Finlandia que supuestamente han financiado su déficit fiscal y sistemas de pensiones aprovechando la explotación de su gas.

“La explotación de gas puede ser una salida para disminuir el déficit fiscal. No estamos en un momento para cerrar oportunidades de empleo y desarrollo en una economía costarricenses que está cargando tanto de impuestos a sus ciudadanos y a las empresas, lo que provoca que se esté deteniendo el crecimiento económico y el bienestar de la población”, añadió Egloff.