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Los planes reguladores permiten establecer en cuáles terrenos se pueden hacer desarrollos comerciales o industriales, y cuáles deben protegerse por su riqueza de recursos naturales . Fotos Melissa Fernández (Melissa Fernández)
La Sala Constitucional rechazó una acción interpuesta contra un decreto presidencial que agilizaba la elaboración de los planes reguladores de los municipios, los cuales establecen políticas estratégicas para el desarrollo de los cantones costarricenses.
La gestión había retrasado la implementación de este decreto ejecutivo de 2015, con el cual el entonces presidente Luis Guillermo Solís, pretendía corregir el atraso histórico de los gobiernos locales en la elaboración de estos estudios, para la cual los municipios se quejan de exceso de trámites y elevados costos de las investigaciones.
Los magistrados rechazaron por mayoría, las acciones presentadas por los ambientalistas Allan Astorga y Álvaro Sagot, quienes denunciaron que la acción presidencial obviaba información ambiental importante, con temas como amenazas naturales y capacidad de uso de tierras.
La directora general de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras, aseguró que esta organización recibe de buena manera el fallo de la sala, pero también le reitera al Poder Ejecutivo, establecer una hoja de ruta para que las municipalidades tengan claridad acerca de los requisitos que deben cumplir y las instituciones a las que deben acudir para elaborar su plan de desarrollo.
“Los municipios son los encargados de velar por el desarrollo del cantón. Un cantón sin planificación no tiene rumbo. Hoy en día, en las condiciones que está el país, requerimos de una planificación adecuada del territorio, y son los planes reguladores los que planifican el futuro de cada cantón, independientemente del gobierno que lo administre”, aseguró Porras.
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Los planes reguladores contemplan información clave para el desarrollo de los cantones, pues con base en los recursos con los que cuentan los territorios se establecen políticas como distribución de población, uso de la tierra, aprovechamiento de recursos naturales y necesidades viales, según lo establece la Ley de Planificación Urbana.
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