La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) maneja los inventarios de combustibles de forma que encarece innecesariamente los precios.

En el 2017, por ejemplo, cada vez que Recope importó al país cargamentos menores a 16.000 metros cúbicos (m³) de diésel, el costo promedio por traer así un metro cúbico fue de ¢16.535.

En cambio, cuando importó diésel por encima de 16.000 m³ (más de 16 millones de litros), el costo promedio de traer el mismo metro cúbico de ese carburante caía a ¢5.873.

Esa diferencia de ¢10.661 supone 81% de variación en el gasto de traer ese metro cúbico de diésel al país según sea importaciones altas o bajas en volumen.

La situación se repitió en el 2017 en las gasolinas con diferencias de ¢2.200 a ¢7.600 por metro cúbico importado de acuerdo con las cantidades.

¿Por qué no se importa todo el combustible de forma que se minimicen los fletes y costos de descarga asociados?

Porque Recope administra los inventarios de gasolinas y diésel sin criterio técnico o científico alguno, según un análisis de la Contraloría General de la República (CGR).

“La gestión de los inventarios de diésel y gasolinas Plus 91 y súper de Recope S.A., carece de parámetros basados en la ciencia y la técnica, que permitan determinar los niveles de existencias en los cuales se obtiene el menor costo razonable (niveles óptimos) y se resguarda la seguridad del abastecimiento en el país (inventarios de seguridad)”, señala la Contraloría.

Actualmente, la Refinadora mantiene carburos suficientes para atender las necesidades del país por entre 30 y 39 días.

“Sin embargo, el sustento de tal especificación procede de la experiencia de Recope S.A. sobre la base de consideraciones tales como prácticas de comercio internacional de combustibles y precios internacionales de referencia, lo cual no se ha complementado con el análisis científico y técnico de variables como: tiempo de aprovisionamiento por producto, demanda de combustibles y capacidad de almacenamiento”, añade el órgano contralor.

Así lo reconoció la propia Refinadora en su respuesta a la Contraloría.

Para la CGR, esta situación es “relevante” pues en principio una alta variabilidad en los niveles de inventario puede implicar riesgos de desabastecimiento, o incurrir en costos adicionales por mantener existencias superiores a las necesarias.

Por ejemplo, el costo promedio de los fletes pagados en 2017 de embarques con cargamentos menores a 16.000 metros cúbicos casi duplica el costo de los cargamentos mayores a dicho volumen para los tres combustibles analizados.

El encarecimiento por la abundancia de fletes y costos operativos por cada traslado (salarios de personal de Recope, por ejemplo) también se repitieron en el 2015 y 2016 en las gasolinas y de nuevo en el diésel; precisa el informe de auditoría DFOE-AE-IF-00014-2018 del 14 de diciembre pasado.

El análisis advierte que el costo promedio en fletes navieros pagados en esos años descendía en tanto se importaban cargamentos de carburantes al mayor volumen posible.

Del 2015 al 2017, los consumidores financiaron ¢86.581 millones en almacenamiento e importación de combustibles; cifra que excluye la compra de los carburantes en el mercado internacional.

La gestión de los inventarios de Recope depende de la importación de combustibles la cual abarca 75% del costo total de ese manejo de inventarios, el cual también contempla fletes, seguros y almacenamiento de los carburantes. El restante 25% de los costos ligados a inventarios, son en su mayoría por gasto en electricidad y remuneraciones del personal a cargo.

Llamado

Ante este manejo que hace la empresa pública que tiene el monopolio de la distribución de combustibles en el país, la Contraloría consideró necesario superar la era de la “experiencia” y cambiarla por métodos más exactos.

Por eso, instó a Alejandro Muñoz, presidente de Recope, a remediar esta falta de criterios técnicos y científicos en materia de inventarios. Eso sí, también reconoce que la satisfacción de la demanda nacional de combustibles por parte de Recope, “ha sido ejecutada eficazmente”.

El cambio al que llama la Contraloría resulta conveniente, sobre todo, al tomar en cuenta que Recope suma dos nuevos tanques de almacenamiento lo que convergerá con la entrada en operación del nuevo muelle petrolero en Moín; una inversión que asciende en conjunto a $130 millones.

Solo esa ampliación del muelle permitiría a los costarricenses pagar precios más bajos pues permitirá recibir buques petroleros de más tamaño y, por ende, contratar menos barcos para traer combustible, al ser instalaciones con mayor calado (profundidad).

En el 2013, la Casa Presidencial estimó el ahorro que generaría la obra en $20 millones anuales (¢12.100 millones).

El muelle está en un 95% de avance pero ha sufrido atrasos por un diferendo entre una compañía costarricense y una mexicana, esta última declarada en quiebra.

El Gobierno y Recope carecen de fecha de cuándo podría, finalmente, entrar en funcionamiento dicha instalación.

Desactualizado

El órgano contralor también hizo observaciones con respecto a la aplicación del reglamento a la ley de Recope (Decreto Ejecutivo N.° 14874-MIEM de 1983), según la cual en la medida de lo posible, el país debe disponer de existencias de combustibles para 60 días.

Sin embargo, señala la Contraloría, de cumplir con ese normativa, el país mantendría reservas con las cuales podría cubrir el doble de la demanda nacional de hidrocarburos, “con el consecuente aumento en costos asociados” a fletes y gastos administrativos.

En su criterio, mantener existencias para 60 días es incongruente con el contexto actual de distribución de combustibles.

Recordó que la normativa se emitió en la década de los 80, “cuando se presentó la segunda crisis mundial del petróleo, situación que no prevalece en la actualidad”, precisa el documento.

“Lo indicado en esa norma ha representado un desincentivo a la eficiencia, pues circunscribe las existencias de productos a un volumen específico, sin considerar la evolución del nivel de desempeño de la Institución, buenas prácticas de la industria, recursos disponibles, prioridades y cambios en el entorno”, señala el documento.

Recope, sin embargo, explicó a la CGR que mantiene inventarios de diésel y gasolina para entre 30 y 39 días porque cree que esto provee equilibrio entre su capacidad de almacenamiento y la demanda nacional.