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La Sala Constitucional escuchará los argumentos de las partes que apoyan y objetan el reglamento que facilitaría los planes reguladores de las municipalidades.
El tribunal constitucional convocó a la vista que se realizará el jueves 1.° de noviembre a las 9 a.m. en el Primer Circuito Judicial de San José.
La vista fue ordenada dentro de la acción de inconstitucionalidad No. 15-14450-0007-CO interpuesta por los ambientalistas Allan Francisco Astorga Gätgens y Alvaro Sagot Rodríguez, quienes pretenden la declaratoria por varios artículos del Decreto Ejecutivo No. 39150-Minae-MAG-Mivah-PLAN-TUR, publicado en el periódico oficial La Gaceta, el 3 de septiembre de 2015.
Ese decreto ejecutivo, denominado “Reglamento de la Transición para la Revisión y Aprobación de Planes Reguladores”, establece un régimen de transición por cinco años para la aprobación de planes reguladores aprovechando la información que se encuentra archivada en las instancias administrativas, así como la adaptación de los trámites, mediante herramientas de agilización y de metodologías.
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Un total de 57 cantones tienen varados sus planes con los que pretenden ordenar el desarrollo de los territorios, desde que la Sala Constitucional congeló el decreto que permitiría agilizar y abaratar los trámites para crear los planes reguladores de los municipios, los cuales marcan la cancha sobre dónde y cómo construir.
Entre los argumentos de los quejosos está que algunos artículos excluyen “información ambiental importante como el tema de amenazas naturales y capacidad de uso de la tierras”.
El decreto ejecutivo impugnado permitía a los municipios emitir planes con información básica, mientras otras entidades dan insumos en temas como el hidrogeológico.
Figuran como partes de la vista que se realizará el jueves la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Energía (Mina), entre otras instituciones. De igual manera está apersonada la Procuraduría General de la República y como coadyuvante la Municipalidad de Santa Ana.
