Los 236 trabajadores del Poder Judicial --de 12.596-- que se mantenían en huelga desde el 10 de setiembre, levantaron el movimiento y regresarán a sus labores a partir de este miércoles, a una semana y media para irse de vacaciones.

Los sindicatos que mantenían la protesta en 17 despachos de la institución, decidieron deponer el movimiento luego de que el Tribunal Superior de Trabajo ratificara la legalidad de la huelga de los empleados judiciales.

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En el primer fallo, el juez Víctor Manuel Orozco Zárate argumentó que la huelga no afectó servicios esenciales en la institución, como la práctica de autopsias, la atención de denuncias, las solicitudes de imposición de medidas cautelares y la atención de peticiones de medidas de protección.

Aunque la Procuraduría General de la República, como abogado del Estado, solicitó declarar ilegal el movimiento porque “la administración de justicia es un servicio público esencial" y por tal razón sus funcionarios “no tienen autorizado el derecho de huelga”, el juez consideró que no se probó la afectación de servicios esenciales.

El máximo tribunal respaldó la argumentación inicial y rechazó las apelaciones del Estado, por lo que la legalidad de la huelga en el Poder Judicial fue ratificada.

“Los sindicatos reconocemos y agradecemos el esfuerzo y la perseverancia de los judiciales que participaron valiente y activamente en este movimiento patriótico”, dice el comunicado emitido por el Frente Gremial del Poder Judicial.

A partir de este miércoles, los 17 despachos con trabajadores que estaban en huelga, deberán operar con normalidad.

Estos son: Cartago, Corredores, Golfito, Coto Brus, Puerto Jiménez, Segundo Circuito Judicial, Heredia, Pérez Zeledón, Puntarenas, San Carlos, Turrialba, periferia de San José, Nicoya, Liberia, Santa Cruz, Limón y Pococí.

El fin de la huelga

Los 236 empleados judiciales (1,87% de la planilla) eran los últimos trabajadores públicos en huelga. El movimiento convocado por los sindicatos contra la reforma fiscal inició el lunes 10 de setiembre y se extendió durante los siguientes 93 días.

El Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC) levantó el movimiento el 29 de noviembre pasado; la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) tomó la misma decisión el 6 de diciembre, mientras que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) lo hizo un día después.