Ante el impulso de varias bancadas legislativas de darle vía rápida a un proyecto de ley para modificar la Reforma Procesal Laboral, el viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, reacciona con prudencia.

Para él, los cambios deben plantearse con cuidado, luego de un profundo examen a la legislación que en apenas un año de vigencia ya se ganó muchos detractores. Las nuevas normas rigen desde el 25 de julio del 2017 y se estrenaron, en materia de huelgas, con las protestas de junio y setiembre.

“Tampoco se pueden tomar decisiones al calor de la huelga. Se tienen que analizar muy en detalle las reformas, porque también hay unas cosas que no devienen de la norma como tal, sino que tienen relación con la gobernanza del Poder Judicial (decisiones de jueces)", aseguró Alfaro.

El viceministro se refiere al proyecto presentado el 26 de octubre por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides.

La prudencia a la que llama Alfaro contrasta con el pedido del presidente de la República, Carlos Alvarado, de revisar la normativa sobre huelgas.

“A la luz de lo que ha sido esta huelga, la primera en la que se aplica el nuevo código procesal en materia laboral, yo sí creo que tiene que ser sujeto a revisión y análisis, y no solo por la opinión de diputados, diputadas o del propio presidente, sino por la opinión ciudadana”, afirmó el mandatario el 9 de noviembre.

Para el viceministro, hay que recordar que la modificación al Código de Trabajo fue producto del consenso social entre los sindicatos, los empresarios y el Gobierno. Eso, dice, se debe respetar.

“Quedarse únicamente con el capítulo de huelga de la reforma sería menospreciar ese consenso social, sin embargo el presidente Alvarado también señaló que era prudente revisar algunos puntos”, confirmó Alfaro.

El objetivo principal de la iniciativa es agilizar el proceso para las declaratorias de legalidad o ilegalidad de las huelgas y establecer sanciones para las personas que cometan abusos, tales como bloquear calles o sabotear instalaciones públicas. Además pretende cerrar cualquier portillo para la huelga en servicios esenciales.

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Se presenta en momentos en que la mayoría de 39 solicitudes de ilegalidad de la huelga contra la reforma fiscal, planteadas el 10 de setiembre, carecen todavía de calificación final. Además, en las dos que ya fueron declaradas ilegales, los tribunales de trabajo resolvieron que no se hicieran rebajas salariales.

Está pendiente todavía la declaratoria de la protesta de los docentes que cumple este jueves 74 días. Aunque el caso llegó hasta el Tribunal de Trabajo del II Circuito Judicial, el expediente fue devuelto al Juzgado para una nueva redacción del fallo.

Vía rápida

La meta del legislador verdiblanco es que el proyecto se discuta en una comisión especial durante tres meses entre diciembre y febrero. Esta mesa estaría integrada por todas las partes: empresarios, sindicatos y Gobierno.

“No es una vía rápida atropellada, presupone tres meses en comisión para escuchar hasta el último sindicato. También vendrán las cámaras empresariales, la Defensoría de los Habitantes y los padres de familia de estudiantes afectados por la huelga”, aseguró Benavides.

La vía rápida, que todavía está en borrador, contaría con el apoyo de cuatro jefes de fracción: Carlos Ricardo Benavides del PLN, Víctor Morales del PAC, Erwen Masís del PUSC y Carlos Avendaño del PRN. Mientras que el vocero del bloque independiente, Jonathan Prendas, anunció que se opondrán a abreviar este proyecto de ley.