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Viajeros a bordo de vehículos y autobuses acumulan horas atrapados por los cierres de vías en Puntarenas, Quepos y Golfito, organizados por los pescadores que realizan protestas desde horas de la mañana de este martes.
La manifestación comenzó cerca de las 7 a. m. y se mantenía a las 4 p. m.
José Luis Jiménez, jefe de la Policía de Tránsito en la región Pacífico Central, confirmó que para la tarde se mantenían cerrados dos puntos en la ruta 1 (Interamericana norte), en Barranca, en el sector conocido como La Vaca Brava y en Puntarenas frente a la subasta ganadera.
También se mantiene el cierre en la ruta Costanera frente al colegio de Quepos.
Además en el kilómetro 304 de la ruta 2 (Interamericana sur), en el antiguo puesto policial de Villa Briceño de Golfito, según detalló Minor Picado, jefe de Tránsito en la región Brunca. En este sector los carros livianos optaron por utilizar la vía alterna de San Vito de Coto Brus, pero hay autobuses y camiones pesados atrapados.
Christian Campos, vocero de los manifestantes, advirtió que tienen recursos suficientes para mantener la protesta por dos y hasta tres días. Son cerca de 500 pescadores que se unieron al movimiento.
El sector urge al Gobierno soluciones para paliar la crisis de desempleo que golpea a las zonas costeras. Alegan que desde hace varios días enviaron un pliegue con ocho peticiones, las cuales son las únicas condiciones que aceptarían para dejar las calles.
Aunque los pescadores fueron citados a una reunión esta mañana con voceros del Gobierno, no lograron un acuerdo.
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Entre los enviados del Poder Ejecutivo estuvieron Juan Alfaro, viceministro de Trabajo y viceministro a.i. de Presidencia, Olman Elizondo, viceministro del MOPT y Renato Alvarado, m inistro de Agricultura y Ganadería.
Para las 8 p.m. programaron una reunión con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien llegaría a la estación de Guardacostas, en Caldera.
Campos comentó que las soluciones propuestas por los jerarcas no satisfacían sus necesidades por eso llevarían una contrapropuesta.
“Se espera que este movimiento tenga una resolución hasta que el Gobierno atienda las necesidades del sector pesca. Es indefinido. Esperemos que termine hoy, pero la organización está preparada para mantenerse en manifestación”, advirtió el vocero.
Entre las peticiones está “que se dignifique y respete la actividad pesquera por parte del Poder Ejecutivo y todas las instituciones gubernamentales relacionadas con el sector”.
También piden que involucren a los pescadores en las mesas de negociación relacionadas con las actividades de pesca, “así como que se contemple el conocimiento tradicional en las decisiones que sean tomadas en estas instancias”.
Piden además que se activen las licencias para la pesca de camarón que estaban vigentes antes del fallo de la Sala Constitucional del 2013 que prohibió la pesca de arrastre y por lo cual decenas de personas quedaron desempleadas.
Solicitan que “por medio de investigación y utilizando la totalidad de las embarcaciones suspendidas existentes. Lo anterior hasta que se logre la aprobación del proyecto de ley que permita renovar las licencias. Todo esto respetando los parámetros de sostenibilidad ya nombrados e indicados por la autoridad rectora, ajustando a su vez la actividad pesquera a los resultados que se concluyan para una pesca responsable”.
Exonerar al sector pesquero de la factura electrónica y lograr un seguro social diferenciado para paliar la crisis que viven. Además solicitan no vender ni promover licencias con nuevas artes para la pesca de atún, hasta tanto no se hayan realizado los estudios científicos-técnicos que muestren su viabilidad.
“La gente está cansada porque no tiene trabajo y hay necesidades, hay hambre, y con hambre no se piensa. Entonces lo mínimo que esperábamos era que desde hace ocho días, como ya se conocían las necesidades del sector, enviaran una comitiva de ministros para resolver los problemas”, finalizó Campos.
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En junio anterior un grupo de pescadores realizaron una huelga de hambre frente a Casa Presidencial. Ellos insistieron entonces, en que la pesca es la única fuente de trabajo en Puntarenas y que el Gobierno le está prestando atención a las demandas de grupos ecologistas que buscan restringir esa forma de ganarse la vida.
Con base en estudios científicos, la Sala Constitucional tuvo por demostrado en 2013, que la técnica de extracción conocida como pesca de arrastre, provoca serios daños al ambiente marino debido a la cantidad de pulpos, peces pequeños, rayas, anguilas, cangrejos y demás fauna marina que queda atrapada accidentalmente en las redes, pero que no es utilizada para el consumo humano.
A pesar de esos criterios, el gobierno de Luis Guillermo Solís intentó revivir la práctica mediante un acuerdo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), que la Sala Constitucional se trajo abajo en marzo de 2018.
Ese mismo mes, fue aprobado un proyecto de ley para el ejercicio sustentable de la pesca semiindustrial camaronera en Costa Rica, que también fue declarado inconstitucional en mayo.
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Los magistrados determinaron que durante el trámite del proyecto de ley ocurrió un vicio sustancial de procedimiento, que anuló la aprobación de la iniciativa en primer debate. Los diputados realizaron una discusión “sin sustento en estudios técnicos y científicos que respaldaran el proyecto”.
El Gobierno anterior había argumentado que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) había logrado garantizar que los pescadores que utilizan la práctica utilizaran dispositivos para reducir la captura incidental de otras especies marinas, y que demostraran con estudios científico-técnicos la reducción de ese tipo de capturas, condiciones que la Sala puso en el 2013 para permitir la reactivación de la pesca.
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A pesar de esos criterios, desde la campaña política el presidente Carlos Alvarado se opuso a la técnica pesquera por considerarla como nociva para el medio ambiente y prometió que durante su gobierno no se fomentaría.
