El lote 165 del Condominio Sole, en San Rafael de Alajuela, iba a tener una casa de 90 metros cuadrados con pisos de cerámica, tres dormitorios, dos baños completos, parqueo para dos carros, cocina con un sobre de granito sintético, lavandería y un jardín con zacate para que ahí jugara Tamara, la bebé.

Para sus padres, Gabriela Mora Severino e Iván Ortiz Madrigal, esa no era una vivienda, era la posibilidad de concretar un sueño, un proyecto propio al que pudieran llamar hogar. Pero el anhelo se transformó en frustración.

En julio del 2015, Mora firmó un contrato por $114.500 con la desarrolladora Casas Vita y pidió un crédito de ¢5 millones para cubrir parte de la prima de una propiedad que, 37 meses después, no existe.

No haber recuperado el dinero y darse cuenta de que el compromiso no se cumplió fue como si “un balde de agua le hubiera caído encima” a esta mercadóloga de profesión.

“Es frustración, enojo, impotencia de ver que habías entregado mucho esfuerzo, porque yo saqué un préstamo que aún sigo pagando y dos años más me faltan para pagar ese préstamo. Y no tener nada, no tener la plata, no tener la casa, es frustrante”, se lamenta Mora.

Ella y su esposo son algunos de los ciudadanos que accedieron a contarle a La Nación cómo se involucraron en proyectos habitacionales de una inmobiliaria que en los últimos meses agrupa decenas de denuncias por presunta estafa, porque no entregó las viviendas prometidas.

El único señalado, hasta ahora, es un empresario de apellidos Villagra Martínez, quien descuenta tres meses de prisión preventiva desde el 11 de agosto pasado en la Cárcel de Pococí, mientras avanza la pesquisa.

Los más recientes datos del Ministerio Público indican que Villagra acumula 210 denuncias por el presunto delito de estafa, que el Código Penal sanciona con cárcel de seis meses a 10 años. Todas se tramitan en el expediente 17-000354-1220-PE.

De momento, el caso se encuentra en la fase preparatoria de la investigación, la cual consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas, según el artículo 295 del Código Procesal Penal.

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Los afectados esperan que estas gestiones les permitan recuperar su dinero, al tiempo que intentan convivir con el malestar y la frustración. Estas son algunas de sus historias:

Una casa para Tamara

Gabriela Mora sostiene que cuando se decidió por una propiedad de Casas Vita, el poder de persuasión del vendedor fue el verdadero gancho para decir que sí. Ella quería un sitio donde su hija, que en julio del 2015 tenía apenas un 11 meses, creciera cómoda y segura.

“La vendedora me decía, ‘no Gabriela tranquila (...) vos vas a poder trabajar, aquí te la van a cuidar (en una guardería dentro del condominio) y va a estar dentro de tu casa, dentro de su confort’; y yo decía, pucha, es que es lo que yo necesito, mi hija no va a tener que salir de su casa, mientras mamá trabaja. Le apelaban mucho a la parte emocional de uno como madre, yo siento que esta gente trabajaba mucho psicológicamente a cada persona”, relató.

Por eso no lo dudó para dejar que la empresa Expertha Consultores (cuyo representante legal también es Villagra), la ayudara a conseguir un crédito de ¢5 millones para cubrir parte de la prima de $11.450.

El resto del dinero lo fue pagando en cuotas de $100 mensuales durante un año completo.

Durante ese lapso, ella y su esposo, el contador Iván Ortiz, iban con frecuencia al terreno en San Rafael de Alajuela, para, según ellos, ver los avances del proyecto.

Sin embargo, conforme pasaban las semanas, la finca seguía en verde y sin movimientos. Cuando pedían explicaciones, el propio Villagra les respondía que estaban en una fase del proyecto que no era tan visible, porque estaban lanzando tuberías y tramitando permisos.

Empero, cuando el contrato venció, en julio del 2017, no había ni un ladrillo. Esto los llevó a plantear una demanda civil para tratar de recuperar $20.000 que corresponden al monto de la prima y los intereses del crédito por el que aún sigue pagando ¢147.900 mensuales.

Iván habla mucho menos, pues dice que prefiere contenerse porque el enojo no ha desaparecido. Él confirma que, luego del impacto de sentirse estafados, han seguido trabajando en cumplir su sueño y ahora lograron involucrarse en un proyecto de vivienda en Alajuelita que ya está en construcción.

Tamara, que ya cumplió los cuatro, por fin tendrá un patio para jugar.

‘Nos agarraron pollitos, nos fuimos resbalados’

En octubre del 2015, Alejandra y Ricardo sacaron un préstamo de $10.600 para pagar la prima de una casa en Ciudad Vita, en La Guácima de Alajuela.

Se habían inclinado por esa desarrolladora por múltiples razones, la cuota de enganche era bajísima: $500, les ofrecieron $5.000 en extras para mejorar los acabados y habían sido bombardeados de publicidad en medios de prensa consolidados y eso les generaba confianza.

Además, siendo una pareja joven, sintieron que Ciudad Vita era una alternativa acorde con sus capacidades económicas, pues alegan que el sistema financiero ofrece pocas alternativas para la clase media.

“Nos ofrecían la comodidad de los pagos, las tarifas en las casas, propiedades desde $55.000, con una prima bastante baja, incluso también nos ofrecían el financiamiento, eso es lo que más cuenta en este país”, relata Ricardo Mora Mata, un profesional dedicado al sector turismo.

Sin embargo, la ilusión empezó a desvanecerse cuando vieron que la finca en verde no cambiaba de aspecto.

“Mi esposa y yo nos dimos cuenta cuando llevamos a mi mamá a que conociera el proyecto y no habían movido pero ni una piedra, entonces salió una de las vendedoras y nos dijo que estaban ofreciendo los proyectos y que entregaban las propiedades en dos años. Entonces yo le dije: ‘qué raro, ¿por qué en dos años si mi casa me la entregan en un año?’ y ahí fue donde empezó la pesadilla.

“Nos dieron una tarjeta y nos dijeron encárguese usted con esta persona, se desentendieron de nosotros y ahí empezó la pesadilla para que nos devolvieran el dinero porque las propiedades no las iban a entregar”, dijo Ricardo.

A partir de ese momento, empezaron a buscar información del proyecto y así descubrieron que carecía de permisos básicos, como el ambiental. Según reconoce Mora, son pasos que debieron revisar primero.

“Nos agarraron pollitos, nos fuimos resbalados. Es falta de malicia de parte de uno”, reconoce su esposa Alejandra Garro.

Ahora solo esperan recuperar el dinero que invirtieron, aunque ellos dudan que la empresa tenga capacidad para indemnizar a todos los perjudicados.

“Vivimos alquilando en Tibás, no nos hemos metido en ningún proyecto porque no se puede confiar en nadie”, concluyó Ricardo Mora.

Una casa sin puertas, ni canoas

Cansada de los atrasos, las justificaciones y las promesas que alega no se cumplieron, la presentadora de televisión Natalia Rodríguez Quesada decidió tomar posesión de su casa en el Residencial Los Arcos, o al menos lo que había de ella hasta entonces.

Fue así como en julio pasado se encontró con una vivienda sin canoas, con las tuberías taqueadas y latas de cinc en lugar de puertas.

Es la propiedad que un empresario inmobiliario de apellido Villagra le vendió en $130.000 y que se comprometió a entregarle en abril del 2017.

Sin embargo, la historia es más larga y desgastante, según relata la propia presentadora. Desde marzo del 2016, Rodríguez grabó varios anuncios promocionales para Casas Vita, valorados en $5.000, a cambio de una rebaja en el valor de la propiedad que ella quería construir.

Por eso el empresario le ofreció un lote y casa dentro del Residencial Los Arcos, en San Antonio de Belén. A cambio, ella grabó los videos, le entregó ¢10 millones como prima y esperó ansiosa por su casa.

“Como a finales de marzo (del 2017) voy al lote y me lo encuentro en verde. Ahí empezaron las excusas, ‘estamos atrasados, te doy la casa en un mes’”, me decía.

Como ella es una figura conocida, por su trabajo, presionaba al empresario publicando mensajes en las redes sociales en los que hablaba de los atrasos y el incumplimiento del contrato y eso le permitió que la casa empezara a constuirse.

Durante meses, esa fue la estrategia para avanzar, pero al tiempo la obra se paralizaba y ella tenía que volver a presionar.

“Todos los extras de los proyectos de Casas Vita los tengo yo, la malla de dos metros, los baños de lujo, son vales que me firmaba por los atrasos y que nunca se cumplieron”, señaló la joven que vive en casa de su hermana, en Heredia, mientras logra mudarse.

Declara que en julio, cansada de esperar, llamó al empresario y le dijo que ella iba a dejarse la casa así como estaba, porque no quería seguir discutiendo.

Desde entonces, descubrió que la vivienda tenía las tuberías taqueadas, y hasta presume que fue una represalia de un subcontratista que también está esperando su paga. También tuvo que sustituir la red eléctrica, comprar puertas y reparar goteras y paredes dañadas por la falta de canoas.

Entre lágrimas, reconoce que ya no tiene dinero para plantear una demanda penal por lo que ella considera un incumplimiento del contrato y alega que ahora está terminando su casa, literalmente, con sus propias manos y su propio esfuerzo, mientras muestra un dedo magullado por un martillazo.

Como los recursos escasearon, Natalia está vendiendo sus vestidos de gala en Facebook para costear lo que falta. Es su forma de decirse a sí misma que no se detendrá.

Defensor de empresario responde

Juan Marcos Rivero, abogado defensor de Villagra Martínez, sostiene que, al estudiar las denuncias, han logrado comprobar que muchas son reclamos por incumplimientos contractuales y no por ilícitos penales.

Además, alega que hay aproximadamente 70 casos duplicados en la Fiscalía y que no se han excluido otros 25 o 30 que ya se resolvieron fuera de Tribunales.

Rivero denuncia que su defendido y la empresa Casas Vita enfrentan, desde hace tres años, una campaña de desinformación en redes sociales que los perjudica y que movilizó a muchos clientes a pedir la devolución de sus inversiones, equivalentes a $6,4 millones en primas que ya fueron entregadas a los interesados.

Por último, el abogado cuestiona que las autoridades no tomaran en consideración, a la hora de fijar las medidas cautelares, que Villagra tiene convenios con otros desarrolladores y que en este momento cuenta, aproximadamente, con 200 viviendas para entrega inmediata.

Según alega, esta es una decisión “conciente y clara de la empresa” de buscar soluciones para los clientes interesados. No obstante, sostiene que esta intención se ve entorpecida por el hecho de que su defendido está en prisión preventiva.