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El Estado destinó ¢1.230 millones de su presupuesto para atender a las familias afectadas por el impacto de los desastres naturales ocurridos en este 2018, sobre todo, por las lluvias.
Según el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), el principal impacto de las precipitaciones se presentó en la provincia de Puntarenas.
Las inundaciones, ocurridas entre setiembre y octubre, obligaron al Ejecutivo a desembolsar recursos para 1.390 hogares porteños. Esa ayuda significó una inversión que superó los ¢442 millones, cerca del 35% del gasto total.
La atención que brinda el Imas pretende suplir necesidades como vestido, alimento y productos básicos, así como el pago de alquiler temporal o reparación de viviendas, en casos que así lo requieran.
Gabriela Prado, subgerenta de Desarrollo Social del Imas, explicó que priorizan la atención de las familias en pobreza y pobreza extrema; no obstante, antes realizan un estudio detallado de los beneficiarios.
“Por ejemplo, con las recientes lluvias en la zona sur, el río se llevó la casa de una educadora. Ella tenía un préstamo y otras situaciones particulares, lo que la ponía en una situación de vulnerabilidad tras el desastre, por lo que se le otorgó este beneficio de emergencia”, comentó Prado.
Cada vez que ocurre un desastre natural, se activan los comités municipales de emergencias. Esta organización, integrada por diferentes instituciones públicas, entre ellas el Imas, realiza una evaluación de las familias afectadas.
“Es necesario resaltar la labor que realizan los funcionarios de las áreas regionales en todo el país, para poder llegar hasta las familias y personas afectadas.
”En octubre, por ejemplo, el personal en distintas partes del país dejó sus oficinas y se trasladó hasta las comunidades afectadas por las lluvias, para brindar atención a las familias. Esa debe ser la forma de atender emergencias, facilitando el trámite a los damnificados”, afirmó la ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del Imas, María Fullmen Salazar.
El Gobierno deberá realizar un balance final de las pérdidas totales que dejaron los desastres naturales en el presente año, sumando los gastos reportados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Desastres naturales pasan la factura a las finanzas del Estado
El último Informe Estado de la Nación advirtió sobre el grave impacto que generan los grandes eventos naturales a las arcas del Estado. Las pérdidas reportadas luego del paso de la tormenta tropical Nate representaron un 1,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, frente al 0,4% que generó el huracán Otto en el 2016.
De acuerdo con este estudio, en 2017 se registraron 841 eventos naturales, cifra superior al promedio de 808 ocurridos en los últimos 12 años. El fenómeno más dañino del año anterior fue precisamente la tormenta Nate.
Este evento climatológico causó daños en 76 cantones. La provincia de Puntarenas fue la más impactada por este fenómeno, que repitió este año como la zona más golpeada por desastres naturales.
Las autoridades contabilizaron pérdidas en infraestructura vial por ¢236.000 millones, mientras que se estima que se requerirá cerca de ¢21.000 millones para reponer el daño a 1.578 viviendas.
El informe Estado de la Nación estima que la atención a los impactos generados por Otto y Nate podría aumentar el déficit en las finanzas del Gobierno.
La investigación concluye que para recuperar las condiciones previas al primer fenómeno, se requeriría destinar el 2,4% de todos los impuestos recaudados durante un año, mientras que para atender el impacto del segundo evento se necesitaría del 6,7% de esos mismos recursos.
El informe cita el ejemplo de Buenos Aires de Puntarenas, el cantón del país más impactado por los desastres, que requiere una suma 10 veces superior al presupuesto que tuvo el gobierno local de este municipio para 2017, que fue de ¢3.829 millones.
