Patricia Recio, arecio@nacion.com
Martes 15 de marzo del 2022, a las 12 mediodía: esa es la fecha y hora en la que a doña Ana Cecilia Campos Vindas le harán un ultrasonido de rodilla en la Clínica Marcial Fallas de Desamparados, San José.
Esta vecina de Gravilias probablemente no acuda a la cita, pues asegura que el dolor en su extremidad es tal que ya no la deja levantarse y va a tener que acudir a un médico particular.
El suyo no es un caso aislado, pues las listas de espera que manejan clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hacen que historias como esta se escuchen por miles.
Según datos de la entidad, dados a conocer este 6 de junio por La Nación, a febrero pasado, 153.000 personas aguardaban por cirugías y algunos exámenes médicos.
Esa cifra no incluye citas con especialistas ni las correspondientes pruebas, como ultrasonidos o mamografías, que, en otros años, llegaron a rebasar los 300.000 en espera.
Obligados por el dolor o la urgencia de un diagnóstico, muchos acuden a médicos privados, aunque a veces eso implique endeudarse.
Para otros, pagar no es una posibilidad. Ya sea porque creen que es injusto o porque no tienen los medios para hacerlo.
Ese es el caso de Alicia Iturbe Camela quien, a los 76 años, sufre el deterioro progresivo de su audición. Ella acudió al Seguro porque no considera justo que siendo pensionada del régimen contributivo tenga que pagar $700 (cerca de ¢378.000) cada dos años para adquirir aparatos.
“Yo me estuve haciendo la audiometría en una clínica privada, pero son carísimos los aparatitos (para escuchar); la primera vez pagamos $700, pero ya el aparatito hay que cambiarlo porque no sirve. Entonces, como yo soy pensionada, me aconsejaron que fuera a la Caja. Cuando fui al hospital, me dieron la cita para febrero del 2019”, relató.
En problemas. Alicia Iturbe llegó a la Caja para que le dieran unos nuevos aparatos para escuchar, pero le dijeron que debe esperar al 2019.
La mujer se debate entre la preocupación –porque oye cada vez menos– y el desvelo por volver a sacar el dinero para renovar los aparatos.
Años atrás –cuenta su hija, Adriana Mora– habían pedido un crédito para financiar un procedimiento médico.
A Kevin Murillo Chaves, de 35 años, el dolor de espalda no lo deja dudar. Cuando ya ni siquiera puede levantarse de la cama, no le queda más que llamar a un médico particular para que lo inyecte. Por cada visita paga ¢30.000.
Para conocer cuál es la causa de sus dolores, Murillo solicitó, en el 2013, una cita en el Servicio de Ortopedia del Hospital San Rafael de Alajuela. Se la dieron para tres años después: el 27 de abril del 2016. Sin embargo, no fue atendido porque ese día, los servicios de salud de la CCSS estaban en huelga.
Ahora, este ciudadano del distrito de Turrúcares debe esperar un año más. Su cita fue reprogramada para el 28 de abril del 2017, pese a las promesas de las autoridades de la Caja de que todo sería atendido “a la mayor brevedad posible”.
“A mí me duele todos los días. Cuando me dan las crisis, paso hasta 15 días con fuerte dolor, pero no puedo incapacitarme más de tres días”, comentó este empleado de una empresa que brinda servicios de tecnología.
Según dice, él no puede “darse el lujo” de pagar un ortopedista ni un tac (examen de diagnóstico) para saber qué tiene.
“Cuando me dan las crisis, no puedo ni siquiera levantarme. Lo que más me preocupa es no saber ni lo que tengo porque nunca me ha visto un ortopedista. Yo trato de caminar, he bajado de peso; pero incluso para dormir es una tragedia, porque esto me ha causado también problemas en el sueño y también me empezó a afectar la rodilla, ya no camino de la misma manera”.
Kevin Murillo, administrador de empresas
Las historias son inagotables y muy comunes en todo el país.
Prácticamente, cualquier persona conoce a alguien que ha vivido la zozobra por citas que no se dan --cuando se cierran las agendas, a pesar de la prohibición expresa de la Gerencia Médica--, o por aquellas que se programan a plazos increíblemente largos, que atentan, a todas luces, contra sus derechos más elementales.
Francisco Pérez, director del Hospital San Rafael, aseguró que desconocía que las citas se hubieran reprogramado para tanto tiempo después, como en el caso de Murillo.
“La orden que yo di es que no era justo; que si tenían cita, no es culpa del paciente volver para atrás por la huelga”, comentó.
El jerarca hospitalario solicitó a otros pacientes con problemas similares que acudan a la Dirección Médica para analizar su situación.
Miedo al cáncer. Miriam Soto Sánchez vio a cinco de sus hermanos perder la batalla contra el cáncer. Por eso, su salud no es algo que ella se tome a la ligera.
Hace tres años, mediante un ultrasonido de control, le encontraron unos nódulos en la garganta. El médico del Ebáis de San Rafael de Heredia la refirió al Hospital San Vicente de Paúl, en esa provincia, para ultrasonidos de control cada tres años.
Antecedentes familiares. “El doctor dice que debo tener control porque se me han muerto cinco hermanos de cáncer, pero, cuando llego a sacar la cita, me la dan para el 2018. Lo que me queda es pagar, porque no voy a estar corriendo ese riesgo”. Miriam Soto, pensionada
La cita inicial se la dieron para el 22 de mayo del 2018; es decir, un lustro después.
Los reclamos de esta mujer de 72 años no fueron escuchados, por lo que a veces acude con la esperanza de que otro paciente falte y le den su lugar.
Natalia Gallegos Moreno también lidia con el temor al cáncer. Esta colombiana de 41 años y unos 12 de vivir en Tamarindo, Guanacaste, cuenta que el año pasado esperó seis meses por una mamografía y otros tres para conocer el resultado.
El análisis reveló que tenía algunas protuberancias en uno de los senos, por lo que debía hacerse un ultrasonido en el Hospital La Anexión, en Nicoya.
“En el mismo hospital lo que le sugieren a uno es que pague por fuera, pero no me parece justo porque uno está pagando el seguro. En mi caso, de todas formas, me lo voy a hacer por fuera en estos días, porque es algo que uno no puede esperar tres o cuatro años. Uno pensaría que, en este sentido, debería haber prioridad y no es así”.
Natalia Gallegos, contadora
A su preocupación se sumó pronto la sorpresa, pues la cita se la programaron para el 2019.
“El mismo muchacho del hospital me sugirió que lo sacara por fuera, pero no me parece justo porque uno está pagando el seguro”, concluyó Gallegos.
Pese a su molestia, cree que terminará desembolsando los ¢45.000 del examen.
