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Menores de edad y heridas por proyectil de arma son dos frases que nunca se deberían juntar.
Sin embargo, entre el 2006 y el 2018, un total de 94 niños y niñas de 14 años o menos han pasado por los pasillos del Hospital Nacional de Niños (HNN) por este tipo de lesiones.
Durante dicho periodo, el HNN atendió un promedio de siete pacientes baleados por año. La cifra contempla tanto los accidentes, como las víctimas colaterales de la actividad criminal.
Los años más violentos fueron el 2007 y el 2008 con 10 y 12 casos, respectivamente, mientras que los que acumularon menos heridos fueron el 2012, 2013, 2014, 2017 y 2018, con cinco afectados.
El 2018 se perfilaba como el año de más baja incidencia, ya que hasta noviembre únicamente se habían reportado cuatro internamientos por esta causa.
No obstante, el viernes 21 de diciembre, un niño de tres años fue impactado por una bala perdida en un precario en Calle Blancos y tuvo que soportar una cirugía de tres horas para que varios de sus órganos torácicos fueran reparados.
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El menor estuvo internado en condición delicada en la Unidad de Cuidados Intensivos del HNN y, hasta el 23 de diciembre, seguía en el centro médico.
Un mes antes otro menor de edad, de seis años, tuvo que ser trasladado desde Golfito, vía aérea, para una intervención de emergencia.
El niño accionó un rifle de copas, cuyo proyectil rebotó contra el suelo y se incrustó en su pulmón derecho.
En 12 años, la estadística habla de 65 niños y 29 niñas que sobrevivieron a este tipo de lesiones.
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Para Marco Vargas, jefe de la Unidad de Trauma del HNN, este fenómeno no se va a detener y es el reflejo de otros problemas sociales, como el alza la tasa de homicidios y en el número de armas en circulación.
Ante dicho flagelo, plantea que la educación es una herramienta esencial para atacar el problema.
“No hay solución. Cuando yo empecé en la Unidad, hace 18 años, teníamos como un 2% de heridas por armas de fuego. En algunos años, creo que fue el 2008, se incrementó hasta un 7% (entre todos los pacientes graves del centro médico) que es un número muy alto. Esto no va a parar.
“Hay que explicar que este es un elemento mortal y ser una sociedad más educada en aspectos de armas. Es necesario que exista una legislación acorde con las necesidades del país, en cuanto a quienes defienden las armas de fuego y en cuanto a la responsabilidad tutelar que se tiene sobre estas, cuando hay menores de edad”, explicó Vargas.
El riesgo al que se expone la población infantil por armas de fuego varía según la región del país.
A nivel nacional, San José y Limón son las provincias donde mayor número de homicidios ocurrieron durante el 2017. Al mismo tiempo, estas provincias fueron las únicas que registraron, ese año, casos de menores de edad heridos por proyectil. Tres en San José y dos en Limón.
Sociedad violenta
Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, también tiene claro que para prevenir un aumento en la cantidad de niños heridos por armas de fuego la sociedad tiene que ser más educada.
“(Para algunas personas) podrán ser pocos casos, pero es que deberían de ser cero”, expresó.
Solano asegura que un dato alarmante este año ha sido el incremento de riñas con armas de fuego entre conocidos, las cuales han terminado con personas heridas y muertas.
“Eso responde a una imposibilidad de manejar frustraciones, de manejar emociones. Todo se resume en convivencia”, dijo Solano.
Por esta razón, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) impulsará, a partir del próximo año, un proyecto de capacitación enfocado en promover dinámicas de convivencia sana entre los niños de kínder y escuela.
“En el momento en que niños o niñas ven un homicidio, son víctimas colaterales o viven en un lugar donde se dan tiroteos pierden la capacidad de asombro. La educación es la única forma de realmente transformar las realidades”, puntualizó.
El jerarca reconoce que este plan incide más en un factor cultural y estructural, cuyos resultados se verán a largo plazo.
Sin embargo, también comenta que promueven algunas medidas para tratar de mitigar, a corto plazo, esta cultura de violencia cerca de los menores de edad.
Entre ellas, Solano mencionó el expediente 20.509, iniciativa legal que propone reformar algunos artículos de la Ley 7530 de Armas y Explosivos.
Uno de estos cambios consistiría en la modificación del artículo 51, para prohibir a los ciudadanos su ingreso con armas a las instalaciones públicas, entre ellas los centros educativos y de salud.
Además, precisó que hay un plan para intensificar la presencia de oficiales de la Fuerza Pública en los centros educativos y sus alrededores.
