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Decepción, insatisfacción y desencanto. Esas fueron las reacciones entre los gremios del Poder Judicial ante la decisión de la Corte Plena de sancionar con una amonestación escrita a cuatro magistrados de la Sala Tercera.
El castigo que fue por una “falta grave” recayó contra el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí; Jesús Ramírez Quirós, Doris Arias Madrigal y María Elena Gómez Cortés, porque a inicios del año pasado desestimaron una causa por supuesto tráfico de influencias contra los entonces diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara Guth. El caso tenía relación con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Adriana Orocu, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) manifestó su preocupación tras el fallo, aunque advirtió que no lo conoce a profundidad.
“La deliberación no es secreta, pero no sabremos cuáles fueron los que votaron de una u otra forma porque eso sí es secreto. Sin embargo, sí le puedo decir que hay una sensación incómoda dentro de todos los funcionarios del Poder Judicial (…), hay un sentir colectivo de desencanto sobre lo que está pasando, los que están cuestionados en este momento es la magistratura no los casi 13.000 funcionarios", agregó.
Por su parte, Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), organización que presentó la denuncia administrativa contra los miembros de la Sala Tercera, dijo: ”Por supuesto que no estamos para nada satisfechos”.
“El lunes castigaron a ( la ex fiscala subrogante Benerenice) Smith a dos meses de suspensión sin goce de salario (…) porque indujo a error a los magistrados. Podríamos haber pensado que iba a ser la mejor de las excusas para no sentirse responsabilizados y efectivamente paso, contra todos los pronósticos”, agregó.
Paralelamente, en redes sociales circuló un llamado del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud) para realizar una concentración de empleados este viernes a partir de las 11 a. m. en la plaza de la Justicia. “Si está indignado por lo sucedido, no ladre entre corrillos, hablemos con hechos”, dice el llamado firmado por Norma Vargas Barrantes.
Por el contrario, Ronald Segura Mena, presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales, es el único que consideró que lo resuelto en Corte es “razonable”.
“Lo que puedo hacer es un análisis técnico del caso en el cual se da una desestimación por atipicidad. Hay que tomar en cuenta que con esa decisión no se pone fin al proceso. No es un archivo de forma definitiva. La afectación al proceso es mínima. La Sala Constitucional ha establecido que la sanción tiene que ser proporcional al daño (…) por eso me parece que la resolución es razonable con lo que se está juzgando”, dijo.
¿Por qué se investigó a los magistrados?
A los altos jueces se les atribuyó omitir un informe sobre el análisis de llamadas telefónicas que hizo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual comprobó que entre el entonces diputado Otto Guevara y Juan Carlos Bolaños se dieron 608 registros telefónicos entre el 1.° de mayo del 2014 y el 30 de junio del 2015; mientras que con Víctor Morales Zapata fueron 184.
El magistrado Román Solís Zelaya, a quien le correspondió llevar la investigación de los integrantes de la Sala Tercera, calificó la omisión como “grave” al presentar el informe, pero no recomendó posibles castigos, porque eso le corresponde a Corte Plena, alegó.
“El informe que ciertamente no fue compartido por algunos compañeros (…) lleva la recomendación de que la Corte Plena tenía que definir que hubo una violación al artículo 199 de nuestra ley orgánica, porque hubo un error grave en la actuación que hizo la Sala Penal (…) el informe que presenta el instructor no es vinculante”, dijo Solís, el miércoles en la noche luego de terminada la sesión de la Corte Plena.
Pese al malestar entre la mayoría de empleados judiciales por lo leve de la sanción, es la primera vez que el presidente de la Corte Suprema de Justicia recibe una reprimenda.
La amonestación es una llamada de atención escrita, la cual queda incorporada en los expedientes que lleva el Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, explicó la presidenta interina de la Corte, Carmenmaría Escoto.
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Para los integrantes de la Sala Tercera no significa un perjuicio inmediato, aunque si podría afectarlos si alguno de ellos pretende una reelección cuando termine el período para el cual fue electo, pues es un aspecto negativo en su carrera.
Tres magistrados, Chinchilla, Arias y Ramírez, tienen todos los requisitos para pensionarse; en tanto María Elena Gómez es jubilada, y en la sesión en la cual la Sala Tercera tomó la decisión de desestimar el caso de los exdiputados, estuvo como magistrada suplente.
Por hechos similares, el lunes anterior la Corte Plena suspendió por dos meses y sin goce de salario a la ex fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla, que actuando como fiscala general interina solicitó a los magistrados desestimar la causa contra los entonces diputados.
En aquel momento Smith consideró que a partir de la totalidad de la prueba recabada, no era posible proceder a una eventual acusación y solicitar la apertura a juicio por tratarse de hechos atípicos (no considerados delitos). A ella se le atribuyó obviar o mencionar la existencia del informe de llamadas telefónicas que relacionaba a los exdiputados con el empresario Bolaños.
La sesión en breve
El miércoles, los 22 magistrados de la Corte Plena sesionaron durante 10 horas y estos fueron los aspectos principales que vieron:
- Román Solís presenta el informe de manera verbal, en el cual califica de falta grave la actuación de los integrantes de la Sala Tercera e inician la discusión.
- Magistrados rechazan las peticiones de los implicados que alegaron que el proceso estaba caduco y que la corte no tenía potesta disciplinaria para analizar el tema. También no aceptan otra gestión para que se suspendiera el conocimiento del asunto hasta que la Fiscalía terminara el proceso penal que por los mismos hecho está abierto.
- Luego discuten el tipo de falta en que incurrieron los magistrados, si es gravísima o grave. La primera obtuvo ocho votos y la segunda 14.
- Pasan a la siguiente etapa, analizar la sanción para falta grave, cuya pena es suspensión de dos meses o amonestación escrita. Para la suspensión se requiere mayoría calificada es decir 15 votos. En la votación solo logró el apoyo de 12 magistrados; 10 votaron por la amonestación escrita.
Fuente: Carmenmaría Escoto y Román Solís.
