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La Fiscalía General de la República confirmó la mañana de este viernes la apertura de una investigación contra la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela Araya, por el presunto delito de tráfico de influencias.
La causa, que se tramita en el expediente 18-000187-0033-PE, la inició el Ministerio Público luego de que el jueves en la mañana se recibiera una denuncia por una supuesta acción anómala de la alta jueza. La oficina de prensa de la Fiscalía no precisó quién presentó la queja.
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El delito de tráfico de influencia reprime a los funcionarios que influyan en un servidor público favoreciéndose de su cargo para obtener una ventaja indebida.
El asunto en investigación está relacionado con la creación de un grupo de WhatsApp llamado “Jueces de Trabajo”, en el cual participa Julia Varela. Presuntamente, mediante este sistema de mensajería se habría tenido “injerencia” sobre jueces que resolvieron declaratorias de ilegalidad de la huelga, según una publicación de Diario Extra.
La mañana de este viernes, el Poder Judicial confirmó que la magistrada Julia Varela solicitó el jueves a la Corte Plena que abra un proceso disciplinario a la “mayor brevedad” para que “se investiguen sus actuaciones en relación con los hechos que se publicaron en un diario de circulación nacional”.
Asimismo, se dio a conocer que la Inspección Judicial inició de oficio una investigación disciplinaria sobre los mismos hechos para determinar las posibles responsabilidades de otros funcionarios judiciales en este caso.
Este jueves luego de conocerse la creación del grupo de WhatsApp, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que agrupa a jueces del país, pidió públicamente que se investigue a una “alta funcionaria del Poder Judicial” porque supuestamente habría tenido “injerencia” sobre jueces que resolvieron declaratorias de ilegalidad de la huelga.
La asociación emitió un boletín en su página en Internet donde no mencionó el nombre, pero aludía a la magistrada de la Sala Segunda, Julia Varela.
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“Ante las graves denuncias sobre la supuesta injerencia de una alta funcionaria judicial, mostramos nuestra preocupación y reiteramos la defensa a la independencia del juzgador y juzgadora.
”Es inaceptable e inadmisible la intromisión de alguna persona en la resolución de asuntos sometidos a su conocimiento y redacción de sentencias, incluido cualquier intento interno o externo de provocar alguna ‘orientación’ en sus resoluciones.
”Las revelaciones de la prensa sobre este reciente caso ameritan que de inmediato se abran las investigaciones con el propósito de conservar el ejercicio de la judicatura independiente y responsable”, dijo el boletín de “Acojud informa”, el cual fue publicado en su página de Facebook.
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Paralelamente, la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), en una nota que envió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, le pide investigar la situación.
"En momentos tan cruciales, donde está en juego la credibilidad de nuestros jueces y juezas, así como la imparcialidad de estos, no se debe dar cabida a cualquier tipo de intromisión, tráfico de influencias o bien, intereses políticos, en la forma en que las personas juzgadoras del Poder Judicial dictan sus resoluciones.
"Por eso, debido a la reciente noticia en donde se pone en conocimiento a la ciudadanía de que una magistrada de la Sala II, y recientemente electa por la Asamblea Legislativa, mantiene un chat con personal subalterno donde asesora sobre procedimientos y la forma de aplicar la ley, en temas que en su momento ella podría entrar a conocer acerca de una resolución de otro funcionario de menor rango, Anejud solicita a las autoridades del Poder Judicial, para que se inicie una investigación sobre lo allí denunciado y sentar responsabilidades.
“No podemos dejar que el Poder Judicial se vea de nuevo inmerso en escándalos de este tipo y que se ponga en entredicho la honorabilidad de nuestros funcionarios”, dice la carta.
