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La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una causa penal por el presunto delito de prevaricato contra el juez Alcevit Godinez Prado, quien suspendió el castigo que impuso la Corte Plena contra la magistrada y presidenta de la Sala Tercera, Doris Arias.
Como parte de esa investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargó de “secuestrar elementos probatorios relevantes” en la oficina del Tribunal Contencioso, Administrativo y Civil de Hacienda, ubicado en Calle Blancos, San José. “Es un secuestro de documentos y no un allanamiento”, aclaró la misma Fiscalía.
Esta intervención se da “para investigar la actuación y participación de las distintas personas funcionarias judiciales que tuvieron relación con el trámite judicial y la resolución de la medida cautelar solicitada por la magistrada Arias”, agregó el Ministerio Público en un comunicado emitido a las 5 p. m. de este jueves.
Este miércoles 18 de julio, a las 4 a. m., la magistrada Arias acudió ante el juez de turno para solicitar una medida cautelar provisionalísima contra la suspensión de dos meses en el cargo, y sin goce de salario, que le impuso la Corte Plena por “falta grave” al haber desestimado en febrero del año pasado una causa por tráfico de influencias contra los entonces diputados Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Víctor Morales Zapata, independiente.
En cuestión de tres horas, a las 7 a. m. y media horas antes de terminar su jornada, Godínez acogió la petición de la magistrada, que es provisional.
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Entre las pruebas que secuestraron los agentes del OIJ en el tribunal están videos y libros de control que se llevan de las entradas y salidas del edificio.
La investigación se realiza de momento contra persona ignorada y se alegó que por seguridad en la preservación de la prueba, la Fiscalía ha dispuesto que no se puede detallar sobre la evidencia localizada ni en los aspectos adicionales del proceso penal.
Este jueves, el mismo Godínez también suspendió la aplicación del castigo para la magistrada suplente María Elena Gómez Cortés.
Tanto Arias como Gómez realizaron la gestión ante el Tribunal Contencioso sin haber recibido la notificación del castigo que les impuso la Corte Plena.
Godínez es un juez interino. Ocupa una plaza de juez tres desde el 9 de abril del 2012 y desde el 2 de abril del 2014 sustituye a la jueza titular del Contencioso Administrativo, que está nombrada desde entonces, de forma interina en el Tribunal de la Inspección Judicial.
Esta semana a Godínez le correspondió el turno de la noche, que se inicia a las 4:30 p. m. y termina hasta las 7:30 a. m. del día siguiente y es por disponibilidad, detalló en un comunicado el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
A la resolución de una medida cautelar se le conoce jurídicamente como del tipo Ante Causam o sea antes de que se plantee la demanda completa para lo cual el interesado, en este caso Doris Arias, tiene un plazo de 15 días.
La disposición adoptada por el juez Godínez tiene carácter de provisionalísima y usualmente se adopta para evitar un perjuicio mayor tanto al interesado como a la institución estatal demandada, en este caso el Poder Judicial.
De acuerdo al trámite normal de los asuntos, un juez una vez finalizada su jornada de disponibilidad pasa los asuntos Ante Causam a los jueces que atienden por el fondo. Eso implica que ese otro funcionario debe resolver en definitiva lo que corresponda a la medida cautelar para lo cual tiene que dar audiencia a la otra parte.
