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El Ministerio Público solicitó que se declare prescrita la acción penal que se sigue en contra del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, por presuntamente recibir una donación de fondos de la empresa Industrias Infinito, a través de la Fundación Arias para la Paz.
La gestión la presentó el pasado 19 de noviembre la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República al Juzgado Penal de Hacienda. En ella se argumenta que, por estar vencido el plazo para perseguir un supuesto delito, se pide el sobreseimiento definitivo del exmandatario.
Sin embargo, paralelo a esta causa, Arias todavía tiene pendiente un proceso penal como sospechoso de dos delitos de prevaricato por firmar, siendo presidente, el decreto que declaró de interés público el proyecto minero Crucitas.
En el caso de la supuesta donación, según el Ministerio Público el hecho se habría dado en el segundo semestre del 2008 y, presuntamente fue de $250.000.
La entrega, supuestamente de los fondos, la hizo un representante de la empresa Industrias Infinito a la Fundación Arias para la Paz, para el tratamiento de adicciones por abuso de drogas.
El aporte, se habría hecho poco antes de que se firmara el decreto ejecutivo que declaraba de interés público y de convenencia nacional el proyecto minero Crucitas que pretendía desarrollar Industrias Infinito.
El el caso de la presunta donación, al exmandatario se le investigó por el delito de cohecho propio, que según el artículo 348 del Código Penal tiene una pena de seis años de prisión. En este asunto la Fiscalía concluyó que la acción penal quedó prescrita el 13 de octubre del 2014.
Rodolfo Brenes Vargas, uno de los defensores de Arias, consultado sobre el tema, dijo que efectivamente recibió la noticia de la solicitud de la Fiscalía.
“Lo grave de esto es que el Ministerio Público reabrió la investigación contra don Óscar y lo cita a declarar en noviembre del 2017 y en ese momento la Fiscalía General explicó que habían hecho un análisis profundo y cuidadoso de los hechos, de la prueba, de la prescripción (...) y le dijeron que lo estaban imputando formalmente por la supuesta donación ilegal.
"Nosotros recientemente presentamos un recurso de amparo alegando diversas violaciones a los derechos constitucionales de don Óscar y una de las violaciones es que no se investigó lo relacionado con la donación, ni se acusó ni se pidió el sobreseimiento. Lo que pasó es que el fiscal, cuando la Sala Constitucional le dio curso al amparo, salió corriendo a pedir la prescripción y ahora dice que el supuesto delito está prescrito desde octubre del 2014”.
Agregó que esto viene a comprobar lo que han venido alegando, “se están quebrantando los derechos de don Óscar en este proceso penal”.
Rodolfo Brenes manifestó que lo más lamentable de esto es que “la Fiscalía no haya tenido la valentía para pedir el sobreseimiento por la inexistencia del delito, porque lo cierto es que esa donación nunca se produjo”.
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Asunto pendiente
El expresidente Óscar Arias tiene pendiente la denuncia penal como sospechoso de dos delitos de prevaricato presuntamente cometidos en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minería Crucitas.
Dicho plan se iba a desarrollar en Cutris de San Carlos por parte de la empresa canadiense Industrias Infinito.
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En defensa del plan, se argumentó que la explotación de oro traería “beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el Gobierno Central”. Así consta en el decreto presidencial Nº. 34801-MINAET firmado por el entonces presidente Óscar Arias Sánchez.
Desde sus inicios, sin embargo, la iniciativa enfrentó objeciones y reclamos de supuestas anomalías de procedimiento. Por tal razón, en el 2008 se abrió una investigación penal en el expediente 08-0000-11-0033-PE.
Finalmente, en noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló la concesión otorgada a la minera canadiense.
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En este proceso fueron imputados Roberto Dobles y otras seis personas de apellidos Lezama Fernández, Boza Quesada, Cruz Ramírez, Corrales Arias, Espinoza Valverde y Cavallini Chinchilla, quienes llegaron a juicio en el 2015.
En ese debate se condenó a Dobles por el delito de prevaricato y se absolvió a los otros implicados. Empero, luego de impugnaciones, un Tribunal de Apelación de Sentencia ordenó un nuevo debate.
En setiembre del 2017, cuando se iba a realizar el nuevo debate, el Tribunal Penal de Hacienda devolvió aún más el proceso, hasta su etapa inicial, tras considerar que primero era necesario analizar si el expresidente Arias debía o no, ser acusado.
El 20 de octubre del año anterior, la fiscala general de la República Emilia Navas Aparicio solicitó la reapertura de la investigación contra Arias, alegando que no se habían agotando todos los medios de investigación correspondientes. Es así como el expresidente es indagado el 8 de noviembre del 2017.
Nueve meses después, el pasado 22 de agosto, la fiscala Navas presentó la acusación contra Óscar Arias por dos aparentes delitos de prevaricato, los cuales él habría cometido en octubre del 2008, cuando firmó el decreto que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.
Para la Fiscalía, con su firma, Arias habría dictado una resolución basada en hechos falsos, lo cual es sancionado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel.
