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El juez del Tribunal de Flagrancias de Limón, que el martes ordenó dejar en prisión a un empleado de Recope, lo hizo por temor a que el trabajador vuelva a cometer daños en las instalaciones de la refinadora en Moín.
Así lo dio a conocer Sergio Céspedes Rivera, después de dictar dos años de prisión para Carlos Andrés Pérez Sánchez por el delito de daños agravados.
El juez se negó a concederle el beneficio de ejecución condicional de la pena y, más bien, envió al sentenciado a descontar seis meses de prisión preventiva, mientras la sentencia adquiere firmeza.
A Pérez, de 27 años, se le reprochó que el 11 de setiembre pasado, mientras se desarrollaba la huelga contra el plan fiscal, entró a la planta de Recope en Moín y dañó el sistema de control de una esfera que almacenaba gas licuado petróleo (GLP).
La acción la ejecutó mientras desde dos barcos se descargaba gas para llenar las reservas de la Refinería.
El juez Céspedes, al explicar las razones de dejarlo en prisión manifestó: “La situación jurídica ha cambiado de indiciado a condenado y debe empezar a purgar la pena y prisión preventiva por un peligro a la víctima, porque existe peligro para Recope, las instalaciones no están seguras y si Carlos Andrés demostró que tiene capacidad y la actitud para hacer este hecho, tiene la potencialidad de repetirlo.
“Es necesario garantizar, y ahora con el conocimiento y la certeza de que los hechos ocurrieron, hay que garantizarle a la población de que esto no se pueda volver a tener”.
Henry Loaiza Mendez, defensor del trabajador, se mostró molesto luego de escuchar la pena.
"Estoy sumamente indignado. Viene a hablar de unos supuestos daños agravados y cuando va a aplicar la pena dice que existe peligro y si existe peligro debió de ser otro delito.
“Tampoco veo la peligrosidad. Mi defendido estuvo en prisión preventiva, se la cambian y le dan no acercarse a Recope, firmar todos los días y lo ha cumplido al pie de la letra y ahora le aplica una pena a un muchacho que se le tiene que otorgar el beneficio de ejecución condicional. Son presiones externas, hay muchos yerros. Obviamente que vamos a plantear el recurso de apelación”.
En cambio, el abogado José Ramón Morales Mora, uno de los representantes legales de Recope, plaudió lo resuelto por el juez.
"La sentencia es consecuente con la prueba aportada. La prueba testimonial fue fundamental. Ahora esperamos la respuesta de la defensa técnica en el sentido de que, si van a apelar, buscar los elementos suficientes para paliar el recurso. Estamos muy satisfechos. Eso era lo que se esperaba”, dijo.
Versión del condenado
Carlos Andrés Pérez es un hombre soltero y padre de una niña de seis años. Es vecino de la Bomba de Limón y tiene ocho años de laborar en la Refinadora, donde se esforzó y logró escalar. En los últimos meses era funcionario del Departamento de Instrumentos, donde devengaba ¢400.000 al mes, según se conoció durante el debate.
En el juicio, según narró el juez Sergio Céspedes, el sentenciado dijo que el 11 de setiembre durante la huelga ingresó a las instalaciones en Moín, porque había mucho olor a gas y como tenía preparación para atender emergencias, se preocupó de que hubiera un derrame.
Agregó que adentro, lo sorprendió un policía, quien le dijo: “si se mueve le disparo” y si hay un disparo puede provocar una explosión, razón por la cual salió corriendo y luego lo detuvieron.
Para Céspedes, dicho relato no es creíble, pues la declaración es contraria a las reglas de la lógica y contradice a otros cinco testigos.
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“Si vengo a ayudar por dónde ingreso, por la puerta frontal y no me introduzco subrepticiamente. Yo digo, ‘vengo a ayudar’ y si un policía me dice algo, yo le digo ‘vengo a ayudar’. Además, dice usted que el policía le dice, ‘si corre le disparo’ y usted corre. Lo está provocando. Los hechos no se respaldan con las palabras. Yo estoy juzgando hechos, no palabras”, afirmó el juez.
Al final del juicio, el juez Sergio Céspedes, además de condenar a Pérez a dos años de prisión, lo inhabilitó durante 10 años para que pueda trabajar con instituciones del Estado.
Paralelamente, Recope le abrió un proceso administrativo para su despido.
