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Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, reclamó la devolución del complejo portuario que él construyó en Portete, Limón.
La exigencia la presentó el 17 de agosto pasado al Juzgado Penal de Limón, pero todavía no ha sido resuelta.
Bell, un cuestionado empresario pesquero limonense, fue desalojado del lugar por orden judicial en agosto del 2015, junto con otras ocho personas, por, supuestamente, ser una construcción ilegal que se levantó en la zona marítimo terrestre.
El abogado Álvaro Moreno Gómez, representante legal de Bell y quien planteó la demanda, solicita que se levante el impedimento para Bell de acercarse a Portete, y se le quite la custodia del lugar al Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).
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La solicitud está fundamentada en que la nueva Ley 9577, aprobada por la actual Asamblea Legislativa el 29 de mayo y puesta en ejecución por el mandatario Carlos Alvarado el 28 junio pasado, suspende por tres años los desalojos en la zona marítimo terrestre, salvo que exista una “resolución judicial administrativa firme, fundamentándose en la comisión de daño ambiental”.
En el escrito presentado por el empresario al juzgado se aseguró que en el lugar se realizaba una actividad lícita como lo era la pesca. Además, aportó un informe elaborado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) del 8 de diciembre del 2015, en el cual se concluyó que el impacto ambiental que generó la construcción del muelle en Portete, es manejable y de magnitud baja.
Lento proceso
El caso del complejo portuario de Portete trascendió el 18 de agosto del 2015, cuando oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), Fuerza Pública y Guardacostas allanaron un área 22.000 m² de superficie. Toda el área está en la zona marítimo terrestre.
Las construcciones se levantaron entre agosto y diciembre del 2014. La mayor obra es un muelle principal de 55 metros (m)de largo por 11 m de ancho (550 m² de construcción). También cuenta con 10 edificaciones y fueron acondicionados otros seis embarcaderos a lo largo de la bahía.
El terreno debía ser administrado por la Municipalidad de Limón, según las autoridades judiciales, y todos las construcciones se hicieron sin permiso.
Por este caso, la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental abrió un proceso penal por el delito de usurpación de bienes de dominio público en el cual figuran como imputados Gilbert Bell, dos hermanos suyos (uno Bell Fernández y otro Álvarez Fernández) así como otras seis personas apellidadas Garita Lara, Rivera Salazar, Guevara Mondragón, Picado Grijalba, Lindo Roves y Buchanan Stephens.
En diciembre pasado, la Fiscalía presentó la acusación, pero 10 meses después, el Juzgado Penal de Limón todavía no ha fijado una audiencia preliminar para determinar si el caso es elevado a juicio.
La oficina de prensa del Ministerio Público comunicó que la Fiscalía Ambiental conoce sobre la gestión de Bell Fernández para que le devuelvan las instalaciones y que ya habían presentado los argumentos para oponerse a la pretensión. Sin embargo, no dieron a conocer los argumentos al alegar que el proceso es secreto para terceras personas.
