El 15% de los sentenciados que cumplen su condena fuera de prisión, con una tobillera electrónica, incumplen las medidas impuestas.

Se trata de unas 160 personas de un total de 1.068, según un corte al 30 de octubre pasado, divulgado por la Policía Penitenciaria, luego de dos meses visitas de control a las siete provincias.

“Hemos encontrado incumplimientos en temas que tienen que ver con violación del área de inclusión, es decir, que la persona tiene que estar dentro del domicilio y no está”, afirmó, Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria.

Añadió que han tenido una buena respuesta de los jueces y, en muchos de los casos, las personas pierden el beneficio y son enviadas a descontar las penas en prisión.

Las visitas a casas, comunidades y sitios de trabajo están a cargo de la Policía Penitenciaria, con acompañamiento de la Fuerza Pública y de los técnicos del Ministerio de Justicia encargados de darle la asistencia técnica y seguimiento a esa población.

“Si la persona no cumple con lo que el juzgado le ordena y se demuestra que así ocurre, la decisión que el juez toma en muchos de los casos es devolver a la persona al nivel institucional”, añadió.

Otro de los hallazgos en estos operativos de control tiene que ver con las personas que, al momento de verificar el uso de tobilleras, incumplen con su obligación de tener el dispositivo en funcionamiento pleno.

Bertozzi afirmó que aproximadamente un 20% (unas 213 personas) presentó ese tipo de problemas. “Muchas veces lo que ocurre es que dejan descargar el aparato o no lo hacen a tiempo o no están pendientes. Tal vez sí están cumpliendo porque están en el sitio correcto cuando llega la Policía, pero no se preocupan por tener cargado el aparato”, explicó.

Al no tener el dispositivo en funcionamiento, la persona encargada de darles seguimiento por medio de un radar remoto no se da cuenta de una eventual transgresión de la medida impuesta.

El jefe policial reiteró que es obligación de los beneficiarios estar conectados y para eso se les da el cargador.

“Si se da alguna situación de carácter administrativo, porque la batería no está cargada o el sistema está desconectado o se daña el aparato, ahí mismo se gestiona el cambio y se le informa al juez sobre lo actuado”, acotó Bertozzi.

El uso del aparato

Una de las sentencias recientes en las que se dictó el uso de brazalete es las del médico Andrés Vargas, condenado a cuatro años de cárcel en marzo del 2017 por lesiones graves en un tratamiento hecho a la exmodelo Cristina García, quien quedó con secuelas de por vida.

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Otro sentenciado que no está en la cárcel es el extesorero del Partido Acción Ciudadano (PAC), Maynor Sterling, quien descuenta una condena a seis años de cárcel por estafar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

A Sterling se le concedió el beneficio del uso de la tobillera electrónica, tal como lo había solicitado su defensa ante la instancia de apelaciones. Se le condenó por cometer una estafa de casi ¢353 millones a la hora de cobrar la deuda política de las elecciones nacionales del 2010.

Esa vez los jueces también le impusieron tres años de cárcel al colaborador Manuel Antonio Bolaños, mientras que al PAC lo sentenciaron a retribuir unos ¢600 millones al Estado por el daño ocasionado.

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Al preguntarle a Bertozzi si también verifican el cumplimiento por parte de personas profesionales que han sido condenadas, dijo que sí.

“La idea es visitar a todo mundo. Es una situación donde todos están en igualdad de condiciones. Nuestro deber es velar porque se cumpla la medida que el juez le otorgó. Para nuestros efectos, no se ve que alguien sea profesional, sino que es una persona sometida a usar el brazalete y debe ser controlada”, dijo el jefe policial.

Consideró como positivo el programa mientras se tenga la capacidad de darle seguimiento.

Alegó que se trata de una medida alterna y el sistema debe optar por diferentes formas de otorgarle no solo contención, sino atención a las personas privadas de libertad.

También se usa con indiciados

De igual manera, los juzgados ordenan el uso del aparato para personas indiciadas, es decir, que están bajo investigación sin que hayan sido juzgados todavía.

Por ejemplo, el Juzgado Penal de Golfito ordenó el uso de tobillera por tres meses contra uno de los tres hombres detenidos en el Pacífico con una tonelada de cocaína.

Se trata de un individuo de apellidos Guerra Carazo, de 33 años. Los otros dos detenidos con él quedaron con tres meses de prisión preventiva, pues eran reincidentes.

Estos operativos permiten incrementar la seguridad de la ciudadanía mediante un seguimiento más cercano a los beneficiarios, para verificar que todo esté en regla.

En un comunicado de prensa, la ministra de Justicia, Marcia González, afirmó que uno de los principales compromisos con la ciudadanía es revisar constantemente los elementos que definen la seguridad y la mejor atención técnica.

Indicó que los operativos policiales de monitoreo seguirán en forma periódica en todo el país.

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