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Con la norma de que todas las personas tienen el derecho a vivir tranquilas y a sentirse libres, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está en Costa Rica para compartir sus experiencias, ayudar en seguridad y “que nadie vuelva a sufrir lo que ya sufrimos nosotros”.
Oriundo de Medellín, municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia, Gutiérrez, de 43 años, dice que en más de dos años de gestión el golpe más fuerte al narcotráfico es haber logrado que 4.272 niños que se habían salido de las aulas vuelvan a estudiar.
Eso ejemplifica su tesis de que en los lugares donde campea el narcotráfico, el Estado debe tener capacidad suficiente para combatirlo desde dos flancos simultáneos que son el social y el policial.
Gutiérrez vino invitado por el Gobierno y la Embajada de Estados Unidos a relatar la experiencia de Medellín y que de ella se puedan adoptar las acciones que considere.
–¿Qué factores llevaron a que se dispararan las estadísticas delictivas en su ciudad?
–Yo lo llamo un coctel explosivo donde hay narcotráfico, corrupción y una deuda social histórica con las comunidades, que llevó a que ni siquiera hubiese presencia gubernamental en muchas de ellas.
–¿En qué terminó eso?
–Surgió lo peor que nos pudo pasar como sociedad, la cultura de la ilegalidad, que penetró todos los sectores de la sociedad. Se refiere a la influencia de los dineros del narcotráfico y la mafia.
“Por esa situación, en 1991 llegamos a tener la tasa de homicidios más alta de cualquier ciudad que fue de 381 por cada 100.000 habitantes, mientras que en la actualidad es de 23 por cada 100.000”.
–En Costa Rica en los últimos cinco se dispararon los homicidios a tasas de epidemia, ¿estamos a tiempo de reaccionar?
–Cada persona que muere a raíz del narcotráfico cuenta y que el hecho de que en Costa Rica sean 12 por cada 100.000 debe llamar a acciones inmediatas. No hay fórmulas mágicas, pero si certeras para combatir ese flagelo. Hay que dejar de lado las discusiones ideológicas para concluir que la seguridad es un derecho que se debe garantizar.
“Yo le puedo decir que en las peores épocas del narcoterrorismo, en Medellín nos acostumbramos a vivir con el miedo. Recuerdo que cuando yo iba para el colegio en las mañanas, me despedía de mis papás y mis dos hermanas sin tener la certeza de que nos íbamos a volver a encontrar en la tarde. Así no se puede vivir”.
–¿Cuáles son las acciones inmediatas?
–Para luchar contra el crimen organizado y la penetración del narco lo primero es derrotar la ilegalidad que fomentan esas conductas y que permean todos los sectores con tal fuerza que se heredan entre generaciones. Todavía hoy, más de tres décadas después, en algunos sectores de Medellín nos cuesta derrotar esa cultura.
“Cada país debe tener su propio modelo, pero debe haber un trabajo articulado entre sector público, sector privado, universidades y sociedad. Se debe invertir mucho en educación, cultura, deporte y oportunidades en paralelo con las operaciones de seguridad que brinda el Estado”.
–¿Cuánto ayudan las leyes?
–El Estado debe tener un marco jurídico que le brinde herramientas para combatir el crimen organizado. Lo que más les duele a las estructuras criminales no son las capturas, sino quitarles los recursos que durante años han logrado a través del narcotráfico y otras rentas ilegales. La extinción de dominio y la lucha contra el lavado de activos son fundamentales. Es muy importante la confianza ciudadana en el Estado, en la Fuerza Pública.
–¿Qué papel juega la cárcel?
–No hay un solo criminal, por fuerte que sea, que a lo largo del tiempo haya superado o derrotado al Estado, todos terminan cayendo. Definitivamente se necesita una política penitenciaria que permita la resocialización y en eso, en Colombia, todavía tenemos que avanzar. No se debe permitir que la gente vaya a la cárcel para seguir delinquiendo y dando órdenes desde ahí. Se debe romper el vínculo entre quien estaba en la ilegalidad y llega a la cárcel, con las organizaciones criminales que siguen delinquiendo afuera.
–¿En qué consiste la integralidad?
–Nosotros emprendimos una lucha desde hace muchos años donde el Gobierno, municipios, empresarios y universidades llevaron a Medellín a ser una de las ciudades más innovadoras del mundo, que es referente en urbanismo social. Fuimos entrando a aquellos territorios que eran los más violentos y fuimos invirtiendo en lo social.
“Los ministros de Educación, Deportes e Inversión Social tienen una importancia enorme en materia de seguridad Ciudadana. Está equivocado quien crea que puede garantizar seguridad solo con presencia policial, debe ir de la mano con inversión social, las dos al mismo tiempo. Yo concibo un modelo duro contra las estructuras criminales y al mismo tiempo con una fuerte inversión en la gente, la familia, los valores, los principios”.
–¿Por qué insiste en combatir la deserción escolar?
–En Medellín los directores de centros educativos me tienen que pasar cada ocho días una lista de quién no está yendo a estudiar. Con esa base, yo voy puerta a puerta algunos días de la semana a buscar a esos niños y jóvenes. Lo hacemos porque de no ser así, muchos de ellos, con el paso del tiempo, van a dar a estructuras criminales. Para mi eso es más importante que las 107 capturas de jefes de organizaciones criminales que hemos sacado de las calles en dos años y las miles de personas que han ido a la cárcel. Es un camino largo porque una vez que entra el narco genera muchos males, el peor es la cultura de la ilegalidad.
“En todos los países de América Latina hay un gran reto, porque la deserción crece entre quienes están de sétimo a noveno, cuando los jóvenes tienen entre 14 y 15 años, que es el momento cuando toman la decisión de irse a una pandilla o a una estructura criminal y también por temas de consumo”.
–¿Qué otro incentivo necesitan?
–Miles de jóvenes no tienen acceso a la educación universitaria. Cuando van en edad más avanzada y ven que les faltan dos o tres años para terminar el colegio, se retiran pensando que sacar el bachillerato no les va a ayudar porque no van a tener acceso a más estudios y tampoco a un empleo digno. Entonces se deben garantizar las coberturas y calidad educativa también en la educación superior, para que esos miles de jóvenes no pierdan nunca sus sueños y esperanzas.
“En Medellín se reúnen cada mes la Alcaldía, empresarios y los rectores de universidades y juntos toman decisiones para inversión, innovación y pertinencia de la educación”.
–¿Cuáles son las medidas ante el aumento de adictos?
–El aumento de consumo de niños y jóvenes va directamente relacionada con violencia intrafamiliar, hurtos y demás problemáticas sociales. Tiene que existir una política clara que involucre la prevención y el tratamiento, pues se trata de un problema de salud pública.
–¿Por qué es importante el caso de Medellín?
–La memoria histórica es muy valiosa. Nuestros relatos desde el Estado sirven para que la sociedad no repita los errores. Siempre hay que poner por encima a las víctimas y no a los victimarios. Quiere decir que la Medellín de hoy no es la Medellín de Netflix. En los próximos meses daremos en mi ciudad un mensaje claro frente a la ilegalidad, donde vamos a derrumbar los símbolos de la violencia y la ilegalidad, entre ellos el edificio Mónaco, que era de una persona que ni siquiera voy a mencionar por el daño que nos hizo (Pablo Escobar).
“Para mi ese edificio representa la ilegalidad y lo voy a demoler en enero y en su lugar vamos a construir un parque en honor a las víctimas de la violencia, a los miles de policías que sacrificaron sus vidas, a los miles de soldados, jueces y civiles que son los verdaderos héroes y los protagonistas de la historia”.
