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El Juzgado Penal de Desamparados ordenó separar del cargo a la administradora del Hogar de Ancianos Ofelia Carvajal en San Jerónimo de Desamparados, mientras se le sigue un proceso como sospechosa de los delitos abandono de incapaz y agresión física, ambos en perjuicio de adultos mayores.
La medida la adoptó el Juzgado el miércoles por la tarde.
La imputada, una mujer de apellidos Sojo Acuña, de 59 años, había sido detenida desde el día anterior, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fiscales y médicos forenses allanaron el establecimiento.
Aunque el Ministerio Público solicitó contra ella arresto domiciliario con dispositivo electrónico de monitoreo, se le impusieron medidas cuatelares de firmar una vez al mes, no acercarse a menos de 500 metros del centro, tener contacto con cualquiera de los funcionarios o con los residentes del hogar.
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En un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó de que decidió no apelar las medidas cautelares dictadas por el juzgado debido a que se constató que la imputada sufre de varias afecciones que implican asistencia en un centro médico.
Por su parte, Marjorie Santamaría Monge, presidenta de la Asociación Hogar de Ancianos Ofelia Carvajal de Naranjo, que dirige el centro, dijo que por el momento no podía dar ninguna declaración a la prensa.
"Estamos en reorganización, pero ahorita no puedo dar ninguna declaración hasta tanto se terminen las consultas legales que estamos haciendo”, dijo.
Consultada sobre sí el centro sigue funcionado respondió: “ahí siguen, estamos funcionando normalmente (...) estamos trabajando con toda normalidad”.
Intervención judicial
El hogar de ancianos Ofelia Carvajal fue allando el martes anterior en la tarde, luego de que las autoridades recibieran denuncias confidenciales sobre supuesto maltrato de los adultos mayores.
En la diligencia participaron tres jueces, agentes de la Sección de Delitos contra la Vida, dos médicos forenses, tres fiscales, así como trabajadores sociales y psicólogos de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público, para garantizar un efectivo abordaje de la situación, informó la Fiscalía.
Además, asistieron médicos y personal de Cruz Roja, quienes atendieron y trasladaron a centros hospitalarios a siete adultos mayores.
El martes anterior, cuando ocurrió la intervención judicial, Henry Peralta, quien tiene internado a un hermano de 75 años en el hogar, se mostró sorprendido por el amplio despliegue policial y la noticia.
“Siento que el trato que le han dado a mi hermano en tres años ha sido bueno. Me preocupé mucho por lo que se dice. Nunca he visto que amarren a ninguno de los que pasan acá”, expresó Peralta.
El delito de abandono de incapaces se castiga con prisión de seis meses a tres años y lo comete la persona que ponga en grave peligro la salud o la vida de alguien, al colocar en estado de desamparo físico a una persona incapaz de valerse a si misma, según el artículo 142 del Código Penal.
En tanto la agresión fisica está contemplada en los artículos 123, 124 y 125 que castigan las lesiones gravísimas, graves y leves con penas que van de tres meses a diez años.
La investigación de esta causa se lleva en el expediente 18-021610-042-PE.
Este hogar de ancianos abrió sus puertas en abril de 1982 y se dice que es manejado por una asociación sin fines de lucro y de bienestar social. No fue posible conocer cual es la capacidad actual del centro, pero para febrero del 2014, un total de 64 adultos mayores estaban inscritos como electores.
En abril pasado se había condenado a la administardora del centro para ancianos Villa Amatista, en Escazú, por dar un trato de deshumanizado a los internos.
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