El presidente Carlos Alvarado firmó este jueves por la tarde la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, con lo cual se aprueba el bloqueo de la señal celular en las cárceles de Costa Rica.

Sin embargo, el mecanismo de implementación y el costo del proyecto aún no han sido definidos, reconoció Luis Adrián Salazar, ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), quien señaló que desde el pasado 13 de agosto abrieron una mesa de trabajo con los operadores con el objetivo de conocer las preocupaciones técnicas y comenzar a elaborar el reglamento.

Salazar mencionó que para la próxima semana esperan tener definido un cronograma de actividades que indicará lo que se hará y los alcances técnicos y jurídicos a considerar.

“La mejor manera de poder definir el monto es cuando se tenga definida la solución técnica. Estamos valorando algunas de las soluciones que existen y obviamente debe darse un proceso de conversación, pues los expertos en la materia son los entes técnicos", explicó el ministro.

Agregó que se tienen planificados algunos talleres "donde queremos ver la potencialidad y la capacidad de las diferentes tecnologías que se tienen, para que sea la óptima y la adecuada de acuerdo a las características de la solución solicitada”. Para él, la implementación del bloqueo debe valorar las características de cada centro penal, ya que tienen diferencias estructurales y en las características de sus perímetros habitacionales.

La reforma firmada este jueves por el mandatario incluye cambios en incisos de los artículos 49, 67 y 68, según consta en el texto final aprobado por los diputados.

El reglamento, que deberá ser aplicado por las operadoras telefónicas nueve meses después su publicación, está a cargo del Ministerio de Justicia y Paz, pero en la mesa de trabajo también participan el Micitt, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y representantes de las operadoras telefónicas.

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Baja en la delincuencia

Michael Soto, jerarca de Seguridad, destacó que espera que la cantidad de delitos que se cometen desde las cárceles disminuya, tomando en cuenta que los delincuentes no tendrán la facilidad de girar órdenes desde sus celdas.

“Se van a evitar una gran cantidad de fraudes, se van a evitar homicidios que no se van a poder ordenar y sobre todo, las organizaciones criminales, especialmente las nacionales, van a ver limitadas sus operaciones porque no van a poder utilizar los teléfonos”, destacó.

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Por su parte, Alvarado reiteró que la seguridad ciudadana es una prioridad de su administración, por lo que, en efecto, esperan que haya una disminución de la tasa de criminalidad originada en las cárceles.

“Agradezco a los diputados que nos den esta herramienta, que con el apoyo del Micitt y del Ministerio de Justicia llevaremos a la práctica con la finalidad de proteger de mejor manera a los costarricenses”, dijo el presidente.

Conversaciones para limitar afectaciones

La viceministra de Justicia, Isabel Porras, detalló que la modificación a la ley es una herramienta que les permitirá variar de gran forma la situación de la delincuencia organizada que opera en muchas ocasiones en las cárceles, ya que pese al esfuerzo de la Policía Penitenciaria por decomisar celulares, existía la necesidad de otro instrumento que limitara la posibilidad de comunicación a los privados de libertad.

Añadió que espera que los operadores colaboren y les faciliten la implementación del bloqueo para que sea una realidad cuanto antes.

“Estamos seguros de que los operadores de comunicaciones, como un interés social y como parte de su obligación en nuestro país, van a dar su colaboración y nos van a facilitar la implementación de este instrumento que hoy es una realidad como ley de la República”, afirmó Porras.

No obstante, la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), que agrupa a las operadoras telefónicas, plasmó su inconformidad con la iniciativa desde que los diputados aprobaron en segundo debate la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones, ya que consideran que les están dando una responsabilidad que no les corresponde.

Según Infocom, la ley tiene graves vacíos legales y técnicos que dificultarán su aplicación, por lo que no es posible garantizar un 100% de bloqueo de señal celular ni tampoco asegurar que vecinos, comercios y transeúntes de las comunidades aledañas a los centros penitenciarios no sufran afectación.

“Es lamentable que, aunque un grupo de legisladores mostró interés y voluntad para mejorar la redacción del proyecto, la mayoría de los señores diputados hayan hecho caso omiso a los criterios técnicos de las entidades expertas en la materia”, declaró a inicios de agosto la directora ejecutiva de Infocom, Ana Lucía Ramírez.

La Nación intentó conocer la reacción de Infocom tras la firma de la modificación de la Ley 8642, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

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Porras reconoció que, ante el reclamo de funcionarios carcelarios, se ha estado conversando con representantes de la Policía Penitenciaria para que se vean afectados de la menor forma posible con la entrada en vigencia del bloqueo celular.

“Ellos cuentan con redes de comunicación y teléfonos fijos dentro de todos los centros penitenciarios, entonces no habría ninguna afectación de comunicación ante cualquier situación necesaria dentro de su horario de trabajo”, declaró Porras.

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