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En lo que va del año, las autoridades han confirmado 24 feminicidios, no menos que en el 2017. Ante la gravedad de la estadística, las autoridades buscan nuevas soluciones para intentar frenar la violencia de género.
Una de estas propuestas es la reforma a la Ley contra la Violencia Doméstica, que se tramita bajo el expediente legislativo 20.947, que plantea duplicar la duración de las medidas de protección para las víctimas de este tipo de agresión.
La normativa actual establece que las medidas de protección “no podrán durar menos de un mes ni más de seis”. Con la reforma se pretende que estas prevenciones se mantengan por un año.
Entre estas medidas están la salida del agresor de la vivienda, cambio de domicilio de la víctima, o la suspensión de la guarda crianza y educación de los hijos, entre una larga lista de posibilidades.
La iniciativa de ley también plantea cambiar los artículos que regulan el decomiso de armas de fuego y la cancelación de permisos de portación por parte de los agresores; pues en la actualidad los jueces pueden ordenar la devolución.
Así lo explicó el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, cuando compareció este miércoles ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, la cual conoce el texto.
“Cuando atendemos un caso de violencia doméstica y hay un arma de fuego, una circular nos permite decomisar esa arma. Al existir un vacío normativo posterior a ese momento, los jueces nos obligan a devolver el arma a la persona agresora.
“Nosotros hacemos el esfuerzo de cancelar el permiso de portación, sin embargo se le devolvía el arma. Lo que le decíamos al agresor: ‘le devolvemos el arma pero la tiene que tener en la casa’, que es el epicentro donde se dan las agresiones de violencia doméstica”, explicó Solano.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), de los 24 casos confirmados de feminicidios en lo que va del año, cinco fueron con arma de fuego. Esto representa cuatro casos menos con este tipo de arma en comparación con el 2017.
El año pasado también se reportaron 23 casos y en nueve de ellos la víctima fue asesinada con un arma de fuego.
Durante la comparecencia, también estuvo el ministro de Seguridad, Michael Soto, quien insistió en que una participación ciudadana más fuerte, también es fundamental para estos esfuerzos.
“Muchos de estos eventos ocurren en la intimidad de los hogares y allí es donde tenemos todos la responsabilidad, como costarricenses, de llamar al 9-1-1” , expresó Soto.
Para el jerarca es vital el tema de las masculinidades en la educación de la niñez, al punto de que podría pensarse como una clase o curso obligatorio en escuelas y colegios.
“Queremos seguir creyendo que Costa Rica es un país pacífico, lamentablemente estamos viendo una cultura de violencia que ha sido permeada por muchas circunstancias.
“En muchos de los homicidios cuando (los investigadores) hacen las entrevistsa preliminares, muchos testigos dicen: ‘oímos uno gritos y que estaban discutiendo... pero en eso no hay que meterse’. Entonces es algo en lo que hay que reflexionar”, añadió el ministro.
El último caso de feminicidio con un arma de fuego sucedió este lunes en la tarde en una vivienda de Carrizales de San Pablo de León Cortés, San José.
Gerardita Marlin Agüero Fallas, de 53 años, fue asesinada de 11 impactos de bala por su excompañero sentimental, un hombre de apellido Angulo, de 65 años. En el hecho, también murió la hija de mujer, de 13 años, por un balazo en la cabeza.
El sospechoso no tenía permiso de portación de armas de fuego, según confirmó la Dirección de Armamento del Ministerio de Seguridad.
