El delito de trata de personas, que en nuestro país recluta al menos una víctima cada 15 días, está dirigido mayoritariamente por organizaciones delictivas que también manejan el narcotráfico, el trasiego de armas, el lavado de dinero y otros del crimen organizado.
Así lo explicó Fabrizio Biondi, de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño, quien participó en un reciente congreso internacional sobre trata de personas en San José.
Añadió que hay varios perfiles de los victimarios, pero en la mayoría de los casos son parte de organizaciones criminales que además del comercio de drogas y de armas se dedican a esta actividad que les genera miles de millones al año.
Con él coincide el consultor en seguridad Marko Magdic, quien expuso en el congreso que detrás de este delito está el crimen organizado en facetas como lavado de dólares, pornografía infantil, turismo sexual y contrabando, entre otros.
“Muchas veces las comunidades no saben identificar el delito y ven como normal acciones que no lo son, por lo que se busca sensibilizar a la población para identifiquen y denuncien a quienes reclutan, ya que incluyen a menores de edad”, explicó Biondi.
Daguer Hernández, subdirector de Migración y Extranjería indicó que de las 211 víctimas de los últimos ocho años, un total de 43 eran menores de edad, la mayoría adolescentes extranjeras, pero también nacionales.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Wálter Espinoza, confirmó que en nuestro país la principal modalidad tiene que ver con la explotación sexual de personas con fines comerciales y que el delito va en aumento.
En la capital han proliferado salas de masajes y otros puntos de explotación, lo mismo que en las regiones fronterizas y las zonas costeras.
En San José, la mayoría de víctimas son costarricenses. Muchas de las jóvenes han sido reclutadas a la salida de colegios públicos de los barrios del sur, donde las engañan ofreciéndoles trabajos como modelos y muchas de ellas acudieron a citas donde incluso fueron violadas, dijo Freddy Chacón, jefe de la unidad de trata del OIJ.
Chacón agregó que en lugares como Jacó de Garabito es donde hay más casos de explotación sexual de mujeres, principalmente dominicanas, colombianas, venezolanas y nicaragüenses.
En noviembre del 2016, en La Fortuna de San Carlos, la Policía de Migración con el apoyo de la Fiscalía, allanó tres bares y detuvo a los dueños y sus colaboradores que ofrecían a 15 mujeres para ser explotadas sexualmente.
Las víctimas revelaron que la banda de traficantes las trajo engañadas desde Nicaragua. Indicaron que les ofrecieron trabajo como cocineras y saloneras, pero que, una vez en Costa Rica, las obligaron a prostituirse.
Además, aseguraron que nunca les pagaron los ¢80.000 mensuales que les prometieron y no les permitían salir de los bares.
Las afectadas vivían en condiciones insalubres, durmiendo en una especie de barracas en un cuarto pequeño. Para bañarse tenían
que subirse en cajas para evadir la cantidad de sapos que había en el sitio.
Un año después, la banda que las explotaba, compuesta por tres mujeres y un hombre, fue condenada a 23 años de cárcel por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y asociación ilícita. Esa agrupación contaba incluso con la ayuda de un oficial de la Fuerza Pública de la zona.
El calvario que vivieron esas mujeres por parte de una banda de nicaragüenses duró más de seis meses, en lo que constituyó para ellas una verdadera esclavitud.
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En el caso más reciente de explotación sexual, el 20 de setiembre se detuvo en San José a una mujer de 66 años, apellidada Soto Granados, quien administraba una pensión en barrio Don Bosco, cerca del paseo Colón, donde varias nicaragüenses eran ofrecidas para fines sexuales.
La Fiscalía Adjunta de Asuntos de Género informó que la mujer es investigada inicialmente por el presunto delito de proxenetismo, dentro del expediente 18-000190-0994-PE.
La Policía logró decomisarle una computadora, una cámara de video, celulares, una tableta electrónica y recibos que usará para demostrar el delito.
Soto fue puesta en libertad, mientras avanza la investigación en su contra y se analiza la evidencia decomisada. La sala de masajes fue clausurada.
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Apelan sentencia
La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes apeló la más reciente sentencia dictada hace 22 días contra una mujer de apellidos Salas Padilla, procesada por tres delitos de trata de personas con fines de explotación sexual.
El Tribunal Penal de Alajuela condenó a Salas a una pena de tres años de prisión por el delito de proxenetismo.
La Fiscalía mantiene su criterio de que los hechos investigados configuran la modalidad de trata de personas y por eso exige una condena más alta y apeló la decisión de los jueces.
La detención de la imputada se dio el 12 de setiembre del 2017, en el Invu Las Cañas, en Alajuela.
Se sospecha que Salas reclutaba a mujeres y luego ofrecía sus servicios sexuales por medio por medio de un catálogo en Facebook y contactos directos por mensajería y llamadas a celulares.
La investigación reveló que al menos ocho mujeres habrían sido víctimas de la imputada, todas con edades entre 18 y 23 años y en condición de vulnerabilidad por pobreza.
En apariencia, la sospechosa las mantenía ligadas a la actividad amenazándolas y condicionando el pago que recibían a que se mantuvieran trabajando para ella.
Costa Rica es un país de paso de migrantes y muchas de ellas son explotadas por redes que les ofrecen dinero para que puedan seguir su paso desde suramérica hacia Canadá y Estados Unidos, también hay costarricenses atrapadas por esas organizaciones.
En el 2009 se dio a conocer el caso de una tica en México que reclutaba a otras costarricenses a quienes ofrecía trabajo como modelos y terminaba enclaustrándolas y ofreciéndolas para prostitución.
La mujer, identificada como Keisy Johana González Corrales, que para ese entonces tenía 40 años, fue detenida en el 2011 en Mérida Yucatán y procesada en ese país.
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Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública la capturaron como sospechosa de pertenecer a una red internacional de prostitución que opera en Centroamérica y México.
A ella se le seguía la pista desde junio del 2009 cuando trascendió la historia de dos jóvenes costarricenses que supuestamente fueron privadas de su libertad y obligadas a ejercer la prostitución en ese país.
Una de ellas, de apellido Canales, escapó el 9 de junio del 2009 del sitio donde estaban retenidas. La hallaron en la vía pública descalza y llorando.
Luego, la Policía mexicana liberó a la otra muchacha, de apellido Chaves. Ese día detuvieron a una mujer que supuestamente vigilaba a las costarricenses y laboraba para la red de Keisy Johana González.
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Hilo muy fino divide delitos sexuales
Eugenia Salazar Fiscal adjunta contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes recordó que la última reforma a la ley N.° 9095 define mejor la trata de personas y hace falta investigar y someter a estrés la norma para ver si requiere modificaciones.
En ese sentido, el jefe de la unidad de trata del OIJ, Freddy Chacón Morales,sostiene que dicha reforma, que entró a regir el 28 de mayo de este año, tiende a complicarles la labor.
Lo anterior, porque se les obliga a demostrar la vulnerabilidad de la persona sometida, lo cual es difícil porque muchas veces las víctimas no se aceptan como tales y eso obliga al OIJ a nuevas técnicas de investigación para demostrarlo y que el Ministerio Público lo exponga con buenas bases ante los jueces.
“Una esclavitud preocupante”
Minientrevista
Sandra Chaves Esquivel
Jefa de gestión de Trata, de Migración y Extranjería
¿Han visto otros delitos relacionados a la trata?
-Podríamos decir que el proxenetismo la explotación sexual comercial, el blanqueo de dinero y el narco se engloban en crimen organizado y se vinculan entre sí muchas veces. Especialmente en cruces de fronteras, donde pasan armas, pasan personas, droga y dineros. Ahí se dan situaciones de explotación y de esclavitud. Es preocupante porque se supone que el ser humano ha evolucionado y no deberíamos estar hablando de esclavitud en esta época.
¿Cuál fue el énfasis del congreso sobre trata?
-Resaltó la captación cibernética de personas. Fue importante no solo para funcionarios públicos, sino para la sociedad civil organizada, que también aborda el delito. La trata atenta contra la integridad del ser humano y es la nueva esclavitud.
¿Es un delito en crecimiento?
-En los últimos años se notan más víctimas nacionales y también hemos detectado víctimas costarricenses en el exterior. Algo similar al caso de las modelos en el 2009 en México. Esa vez hubo trata, pero el caso no se tramitó por esa causa en el ámbito judicial.
¿Hubo intercambio de experiencias?
-En el marco del día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas (23 de setiembre), el congreso versó sobre cómo las instituciones trabajan en prevención y en nuevas herramientas para los cuerpos policiales y las fiscalías, que tienen tarea de perseguir delincuentes y para quienes tienen que atender de primera entrada a las víctimas.
Cuál es el eje de los operativos?
Lo más importante es el rescate de las personas. En el 2013 se desarticuló red de extracción ilícita de órganos, el año pasado una que vendía pornografía infantil de niñas costarricenses y también hubo una sentencia en San Carlos contra una banda que traía nicaragüenses de León y otras partes.Era negocio familiar muy lucrativo. Se acreditaron ocho víctimas, pero sabemos que hubo más.
¿Cómo diferencian los delitos sexuales?
-Cuando hablamos de proxenetismo hay un lucro de un tercero sobre el cuerpo de alguien más, pero esa persona no está amenazada o con un proceso de coacción fuerte. Ahí también hay explotación, pero generalmente la persona llega por sus propios medios. Se tipifica distinto. En la explotación sexual comercial son niños, niñas y adolescentes que son sometidos.
La trata es un delito en el que surge la captación de alguien, hay un favorecimiento para que esa persona se traslade, la esperen en otro sitio y sea explotada. Esa persona no tiene autodeterminación de decir me voy para la casa, esto no me gustó y ya. Siempre hay amenaza y sometimiento
¿En qué hace falta trabajar más?
-Hay que reforzar todas las áreas, pero con más énfasis es en prevención. Necesitamos que los cinco millones de habitantes sepan qué es la trata de personas, para no caer en las redes y para denunciar los casos que vemos en frente de la casa, en el club o en la finca, porque una víctima de trata puede estar donde menos pensamos.
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