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na maniobra matemática hecha a finales de 2008 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), perjudica, desde entonces, a los consumidores de diésel y gasolina, quienes pagan más caro el litro para que las empresas asfalteras y los usuarios del gas ahorren millones con precios más bajos.

Entre 2009 y setiembre de este año, los clientes de diésel pagaron hasta ¢73.500 millones de más, mientras los de gas se ahorraron unos ¢33.270 millones. Los otros ganadores son las firmas que compran asfalto y emulsión, las cuales se economizaron al menos ¢11.600 millones en detrimento de los compradores de gasolina regular y súper, quienes desembolsaron ¢29.500 millones de más.

¢45.000 millonesUna investigación de La Nación halló que ese subsidio para abaratar el gas y el asfalto (y subir el diésel y la gasolina), está oculto en la fórmula de precios creada por la Aresep en noviembre de 2008. En esa fecha, bajo el mando del entonces regulador Fernando Herrero, la entidad modificó la forma de cargar al precio final los costos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), conocidos como factor K y necesarios para llevar a sus planteles los 15 productos que vende.

Un subsidio cruzado se da al asignarle a un producto un costo superior al real con el fin de reducir el precio de otro. Eso ocurrió con la fórmula de cálculo, porque aunque Recope tiene definidos los costos de distribuir cada producto (incluye: seguro, flete, cargos portuarios e inventario, entre otros), la Aresep los recalcula, basándose en su precio de importación.

En los últimos seis años, a Recope le costó ¢45 en promedio poner en sus planteles cada litro de diésel, pero el resultado de la operación financiera de la Aresep elevó ese monto a ¢57. Los consumidores pagaron, en promedio, ¢12 más por litro. La media del precio final del diésel (entre 2009 y setiembre anterior), debió ser ¢568 y no de ¢580.

Por el contrario, en ese lapso, los usuarios de gas (en su mayoría industrias, comercios, hoteles y restaurantes) pagaron, en promedio, ¢27 por litro; ¢24 menos respecto del costo real de Recope: ¢51. De no existir el subsidio, el litro habría costado ¢258, pero se cobró ¢234.

En el caso de la gasolina, la distribución de un litro de regular significó ¢50 y la de la súper, ¢51. No obstante, la Aresep subió el K de la regular a ¢54 y el de la súper a ¢56. Una diferencia de ¢4 y ¢5 en contra del consumidor, respectivamente. Los usuarios pagaron por litro de regular ¢641 y ¢666 por el de súper.

Al asfalto, la fórmula más bien lo favoreció. El factor K de ese producto, en el periodo estudiado, fue de ¢40 y no los ¢70 requeridos por Recope. Eso permitió a los empresarios comprar el litro en ¢333 y no en los ¢363 que debían pagar. La Aresep justificó que con el cambio bajaría el costo de los contratos de construcción y mantenimiento vial. También porque se favorecería al gas para cocinar utilizado como sustituto de la electricidad y la leña.

Para llegar a estas conclusiones, La Nación creó una base con datos extraídos de 59 resoluciones de precios, ordinarias y extraordinarias, emitidas por la Aresep en documentos de Word y PDF, entre junio de 2009 y setiembre de este año.

Los componentes de la fórmula se desagregaron para averiguar cómo se incluyen los costos operativos de Recope en el precio de los #combustiblescr. El impacto económico sobre los consumidores se estimó al multiplicar las ventas de cada carburante por los costos que les asigna la Aresep y también por los costos reales de Recope. Al resultado de la primera multiplicación se le restó el de la segunda. (Metodología de investigación)

Esta es la primera entrega de seis reportajes donde este medio evidencia por qué los ticos pagan los hidrocarburos más caros del Istmo.

Descargo. Consultado al respecto, el exregulador Herrero argumentó, en un correo electrónico, que el cambio de fórmula procuraba dejar explícito que los precios de los #combustiblescr se originan en dos fuentes: sus costos de importación y los de Recope.

“Creo que no se puede hablar de un subsidio cruzado, porque al usar un factor (K) en porcentaje igual para todos los productos, lo que se hace es distribuir los costos de operación en forma proporcional a los costos de importación”, sostuvo Herrero.

Sin embargo, Xiomara Garita, analista tarifaria del ente regulador, afirmó que siempre se supo que al variar la metodología se creaba un subsidio en contra de los consumidores de diésel y gasolina.

“Fueron decisiones superiores. El regulador fue plenamente consciente de eso”, agregó Garita, quien formó parte del grupo redactor del informe que sustentó la nueva fórmula. La funcionaria alegó que actuaron a petición de Fernando Herrero y sus asesores. “Se da la orden al equipo técnico y este la aplica”, recalcó.

El subsidio se produjo aunque, por ley, la Aresep está obligada a garantizar que ninguna empresa de servicios públicos discrimine a un sector o consumidor.

En cuanto a Recope, el cambio en el cálculo de sus costos no la afecta; siempre recibe los recursos necesarios para funcionar. “La fórmula sí impacta a los consumidores”, reconoció Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Económicos de la Refinadora, para quien la metodología “no es transparente”. La empresa apeló la resolución de la Aresep en todas las instancias, pero sin éxito.

Hasta hoy, la Autoridad Reguladora mantiene el mismo esquema para fijar los precios de los #combustiblescr. Ingrid Araya, coordinadora de tarifas de Hidrocarburos, dijo el miércoles anterior que analizan una nueva fórmula.

Así nació el subsidio

Antes de noviembre de 2008, la Aresep sumaba al precio del litro de los carburantes un monto único (¢58 ese año) para cubrir los costos de Recope (factor K). Dicho método también incorporaba un subsidio, pues cada combustible tiene un costo diferente.

A finales de ese mes, la Autoridad Reguladora convirtió ese monto fijo en uno porcentual. Para estimar el porcentaje multiplica el precio de importación del litro de cada combustible por la proyección de sus ventas anuales. La sumatoria de esas operaciones se divide entre los ingresos autorizados a Recope (¢188.000 millones para este año).

El porcentaje obtenido se aplica al precio internacional de cada producto y el resultado se carga al precio final del litro. Ese monto difiere de los costos reales de distribución, generando el subsidio. Herrero permitió esa distorsión al avalar, en agosto de 2008, el informe técnico donde se propuso la nueva fórmula. Lo anterior, pese a que desde su llegada a Aresep en 2006, le declaró la guerra a los subsidios y advirtió: “no los creamos ni los reducimos, nada más cumplimos con la ley”.

60%
del gas

vendido por envasadoras, lo consume primordialmente la industria y luego los hoteles, comercios y restaurantes.En el reporte técnico, la Aresep reconoció que esa fórmula abarata los carburantes de menor demanda y precio internacional “eso sí, a costa de ajustar, en mayor medida, los precios de los más caros en el mercado internacional (gasolinas y diésel)”.

“El cambio de modelo se justifica porque favorecería la construcción de carreteras al afectarse menos los precios futuros del asfalto y los precios del gas", indica el documento.

En abril de 2008, siete meses antes de que la fórmula rigiera, la Cámara de Industrias se quejó por los altos precios del búnker y el gas, usados por sus afiliados en hornos y calderas de producción.

“Sería una lástima que ahora que se aprobó el TLC con EE.UU., y se está en proceso de negociación con Europa, empecemos a dar muestras de pérdida de competitividad por el costo de los #combustiblescr”, manifestó Martha Castillo, entonces vicepresidenta de los industriales, en una carta en la cual se oponía a un ajuste de precios. Castillo declinó comentar sobre el asunto.

Actualmente, Recope vende el 90% del gas a las envasadoras y el otro 10% va directo de sus planteles al sector industrial. Felipe Mejía, gerente de Comunicación de Gas Zeta, explicó que los grandes clientes son industrias (especialmente de loza y cerámica). Luego están los comercios, hotelería y los restaurantes. Juntos, consumen cerca del 60% del carburante. Otro 32% se destina a hogares y sodas. El 8% restante va a carros adaptados.

Entre tanto, el búnker recibió un subsidio de ¢4.100 millones en 2013 y lo que va de este año. Anteriormente, ese producto pagó un sobrecosto de ¢3.600 millones.

En cuanto al asfalto, este ya había gozado a inicios de 2007 de otra rebaja: ¢128 menos por litro. Lo anterior ocurrió cuando Herrero eliminó los subsidios que desde 1980 favorecían al diésel y al combustible de avión.

En aquél momento, la medida tuvo el beneplácito de la Constructora Meco, una de las principales contratistas del Estado para conservación vial, que vaticinó una rebaja de casi 18% en el costo del arreglo de las calles.

“Si la reparación de una carretera tiene un presupuesto de ¢100 millones y la participación del asfalto en el costo total es de un 40%, esos ¢40 millones bajan a ¢22,4 millones, con un ahorro de ¢17,6 millones (en la obra)”, expresó Magda Verdesia, apoderada de Meco, en una carta de 2006.

Víctor Padilla, gerente general de Concreto Asfáltico Nacional S.A., elevó las expectativas de ahorro a más de un 26%. Sin embargo, ocho años después, el Consejo Nacional de Vialidad desconoce si esas promesas se cumplieron.