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E  l cabezal y su contenedor esperaban en el predio Termicon en el Caribe costarricense. Ese martes, el chofer de una empresa transportista lo encendió y se enrumbó hacia Venecia de San Carlos, en la zona norte del país. Eran casi las 9 de la mañana.

Durante las tres horas y media que demoró el viaje de 177 kilómetros, el conductor ignoraba que la caja de metal no iba del todo vacía. También eran inocentes el dueño de la planta empacadora y los encargados de acomodar la carga de piña que iría hasta el puerto mediterráneo de Tarragona, España.

El contenedor regresó cargado de fruta a Limón. Fue apilado en un barco y salió de ese puerto un día después: el 20 de julio del 2011.

Hasta ese momento se desconocía que, seis días antes, la gran caja había sido alterada para ocultar en su piso 37 kilos de cocaína.

El envío lo facilitó un infiltrado en una naviera. El hombre de apellido Elizondo ordenó trasladar el contenedor del predio Álamo hasta una bodega en Liverpool de Limón. Allí, dos soldadores lo modificaron para crear el escondite casi imperceptible.

Estas tres personas formaban parte de una banda de once miembros dedicada a enviar droga al Viejo Continente, camuflada entre exportaciones legítimas.

El grupo era dirigido por Samuel, un colombiano de 58 años. Su mano derecha era un costarricense conocido como Juanito (43 años), encargado de comprar y despachar la coca. Además, era indispensable Acevedo, un mexicano de 29 años, oriundo del estado de Sonora. Desde una ferretería, el joven reclutó al personal necesario para orquestar los golpes.

El cargamento logró llegar a Tarragona el 11 de agosto del 2011, pero salió bajo custodia de las autoridades españolas que lo encontraron en una inspección. En la cárcel también terminaron Juanito y otro costarricense, quienes viajaron a ese país para entregar la mercancía a un traficante colombiano.

Lo ocurrido con este envío de piñas consta en una sentencia del Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, que condenó a los imputados hasta por 10 años de cárcel.

El caso también evidencia cómo el crimen organizado usa la logística exportadora para mover droga hacia cotizados mercados, lo cual ocasiona pérdidas al sector productivo, alza en sus costos y daña la imagen del país.

Este decomiso de piña es uno de los 19 registrados en Europa entre 2010 y el año pasado. En ese continente le fueron arrebatados al narco 15.790 kilos de cocaína proveniente de Costa Rica, oculta entre frutas y vegetales de exportación, principalmente.

La cifra equivale al 40% del total incautado, en el extranjero, a los traficantes locales en ese periodo: 39.571 kilos, descubiertos también en aeropuertos, carreteras o en medio del mar.

Róterdam, en Holanda, fue el puerto de entrada del 74% de la coca de “exportación”. En esa nación se han hecho los tres más grandes decomisos de droga salida desde puertos costarricenses. Dos ocurrieron entre enero y marzo del año pasado, (8.500 kilos en total) y uno más de 3.000 kilos en 2014.

Otra cuarta parte de la sustancia cayó en España, primordialmente en Algeciras, al sur de Andalucía.

Para los traficantes el negocio es lucrativo. Si los 15.790 kilos confiscados en Europa se hubiesen vendido en Madrid, habrían ganado $1.184 millones. Cada kilo cuesta $75.000, según el Ministerio de Seguridad.

Además de los cargamentos perdidos en el extranjero, en esos mismos siete años la Policía de Control de Drogas les quitó a estas bandas 122.100 kilos en territorio (suelo y aguas) nacional.

Por ahora, el más afectado con esta estrategia delictiva es el sector agrícola, cuyas ventas representaron el 5% de la producción nacional en el 2016.

De los $2.688 millones generados el año pasado, casi la mitad se vendió en Europa, a donde se enviaron 2,6 millones de toneladas de productos cosechados en suelo nacional. Ocultas entre frutas y verduras la policía detectó 9 toneladas de cocaína.

Las cifras sobre decomisos en el extranjero provienen de una investigación hecha por La Nación , apoyada en una base de datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Los países le reportan a este ente el origen, cantidad y destino de los decomisos en su territorio, así como el medio de transporte y escondite.

La base se completó con reportes de prensa sobre decomisos, cifras del Ministerio de Seguridad y sentencias judiciales.

“Los datos sobre incautaciones individuales de droga de la UNODC son una buena herramienta de análisis, pero deben usarse con precaución porque, no necesariamente ofrecen el panorama completo de las cantidades de drogas incautadas o traficadas globalmente”, dijo a La Nación Andrea Oterová, de la Unidad de Desarrollo y Difusión de Datos de esa dependencia.

En total, los reportes de decomisos de coca oculta entre exportaciones costarricenses a Europa y América suman 18.000 kilos en los últimos siete años. Toda esa droga viajó en 28 contenedores, tanto de exportadoras legítimas como de empresas mampara que los narcos inscriben y operan para facilitar su delito.

El último golpe frustrado a los traficantes que operan desde aquí lo divulgó la prensa en Francia, en agosto de 2016, y afectó a la gigante de los refrescos Coca Cola. En un embarque de jugo de naranja, que salió de la planta de la transnacional en San José, iban ocultos 370 kilos de coca. Al llegar a la fábrica de Signes, en la costa mediterránea, los alijos sorprendieron a los obreros que, por accidente, los hallaron.

Las empresas "limpias", navieras y transportistas se han visto obligadas a extremar sus controles para evitar que sus estructuras de comercio caigan en la "trampa" de los narcotraficantes. Esto también está incrementando sus costos.

Entre más contenedores contaminados se decomisen, empiezan a revisarnos más en los puertos y eso tiene costos. Además, las horas y los días cuentan porque la mayor parte de la carga que mandamos es perecedera”. Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco)

Para una naviera, retener una embarcación en un puerto implica pagar un segundo atraque, un nuevo servicio de remolque, bajar y subir los contenedores para la inspección, mantener carga refrigerada durante más horas, e, incluso, enfrentar demandas si los productos no llegan a tiempo a los clientes.

“Esto acarrea a una pérdida millonaria para todos los involucrados”, declaró Edgardo González, presidente de la Cámara de Nacional de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE).

El sector agrícola es uno de los más vulnerables ante el narco porque su actividad se concentra en zonas rurales y alejadas de los puertos. Para un exportador, que traslada 100 contenedores semanales, el trayecto desde su finca a la terminal conlleva el riesgo de que alguno sea utilizado por los traficantes.

Solo entre 2012 y mayo pasado, la Policía de Control de Drogas detuvo 36 contenedores que pretendían salir del puerto de Moín con 5.919 kilos de coca. Además, detectó otros 22 casos donde el narco envió 4.030 kilos en las cajas de metal o en los propios barcos, la mitad de ellos venían del puerto de Turbo en Antioquia, Colombia.

Para contrarrestar los riesgos de ser usadas para trasegar estupefacientes, algunas empresas se han aprovisionado de cámaras, personal de seguridad y equipos tecnológicos. Sin embargo, estas medidas son insuficientes y no están al alcance de las compañías medianas y pequeñas (pymes).

Una de las herramientas que podría contribuir con la seguridad son los escáneres en puertos y fronteras, pero su colocación ha sido postergada durante más de una década por una falta de acuerdo político.

Este asunto se lo planteamos al presidente Óscar Arias, luego a la presidenta Laura Chinchilla y ahora a don Luis Guillermo Solís, pero no se ha resuelto”. Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco)

Con esos escáneres sería más posible “luchar contra el sunami de cocaína” que llega al país, acepta Gustavo Mata, ministro de Seguridad, quien reparte culpas y promete una pronta solución.

Pedro Beirute, director de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), asegura que, a la fecha, Costa Rica se mantiene como un país fiable, donde se puede comprar con un alto nivel de seguridad y tranquilidad en comparación con otras naciones en América Latina, algo que se quiere proteger y mantener.

“Nuestra imagen internacional en materia de comercio exterior ha mejorado. Obviamente, estamos muy preocupados de que se revierta. Cada incidente, cada publicación o decomiso de droga nos afecta. Por cinco pasos que avancemos, una incautación significa tres pasos atrás”, acepta Beirute.

Mientras lo dice, un contenedor se aproximará al puerto de Moín para ser embarcado. Antes de que termine el día, 2.055 de estas cajas de metal se habrán movilizado por la terminal. Alguna -quizás - volverá a ser descubierta con coca cuando llegue aquí o a algún otro puerto del mundo.

E  l “salón de la liga de la maldad”. Ese punto era quizá el más estratégico en la compleja logística que le permitió a una banda narco enviar droga a México, camuflada entre cubetas con jugos procesados.

La organización designó con ese nombre a un predio alquilado en Salinas de Puntarenas. También le llamaban "el cuartel" o "el salón de los secuaces".

Al "salón" eran llevados los contenedores previamente seleccionados para esconder la mercadería ilícita. Ahí, sacaban la pulpa de la piña congelada y la sustituían por clorhidrato de cocaína.

Los jugos provenían de dos exportadoras de Sarapiquí y Barreal de Heredia. A ambas las había contactado un empresario de apellido Campos, un experimentado administrador de empresas que vendía chile y carne a la Riviera Maya.

Campos ofreció comprarles jugo de piña para comercializar en México y Belice. Solo les pidió que el producto lo entregaran en baldes y tarimas plásticas.

Las empresas no desconfiaron del negocio porque quien lo proponía había dirigido compañías de gran renombre en el país. Ignoraban que el objetivo de Campos no era refrescar a los turistas de Cancún con piñas coladas, sino utilizar las cubetas para sacar la coca del país.

El modo de operación de esta banda narco revela lo difícil que resulta para las exportadoras detectar cuando están siendo utilizadas para desarrollar negocios ilícitos.

La empresa narco empezó a germinar en setiembre del 2007 con la inscripción de una de cinco sociedades creadas como mampara para comercializar la droga.

Esa sociedad era una transportista que se ubicó en Ciudad Colón y era dirigida por dos costarricenses de apellido Barrantes (padre e hijo). En un inicio, sus cabezales y furgones trasladaban producto seco a Centroamérica y México.

Tiempo después, los Barrantes se aliaron con un hombre de apellido Zamora, con Campos y tres mexicanos. Uno de los extranjeros aportó dinero para adquirir varios contenedores refrigerados en los que, tiempo después, esconderían la coca entre los jugos congelados.

El método de tráfico elegido por el grupo no dejaba detalles al azar. Las puertas de los contenedores estaban alteradas hábilmente, para abrirlas sin dañar el marchamo de seguridad aduanera.

Durante años, la pericia de los traficantes impidió seguirles el rastro, pero su suerte cambió el 16 de julio de 2013. Ese día, uno de sus choferes salió del “salón” rumbo a San Salvador, donde las autoridades lo detuvieron horas después.

El grupo perdió 460 kilos de coca y a los mexicanos, quienes abandonaron el país dos días después del arresto del costarricense en la capital salvadoreña. No se volvió a saber de ellos.

Los líderes de la banda pausaron su operación por cinco meses. No podían usar sus furgones para continuar el negocio porque estaban en la mira de la policía de toda Centroamérica.

Sin embargo, antes la Navidad de ese mismo año, subcontrataron un cabezal de placas guatemaltecas y a un conductor de la misma nacionalidad. Entre bobinas de papel encubrieron 113 kilos de coca que solo alcanzaron a cruzar la frontera con Nicaragua.

El decomiso hecho en ese país sumó pistas para que los agentes nacionales, finalmente, arrestaran a los implicados, en abril de 2014. El año pasado, los sentenciaron hasta por 16 años de cárcel. Los hechos están consignados en la sentencia del Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, consultada para este reportaje.

E  l supermercado mantenía su trajín habitual aquella calurosa tarde del 16 de enero del 2014 en Heredia. Unos clientes recorrían los pasillos, hacían filas en las cajas, algunos pedían carnes y otros saboreaban los platillos en el área de comidas preparadas.

Ajenos al ajetreo de los compradores, en una de las mesas del food court, cuatro hombres, entre ellos un rumano, afinaban la logística para enviar un cargamento de cocaína a Europa.

La organización era dirigida por el europeo de apellido Beldeam, quien desde el 2011 se dedicaba a esos negocios ilícitos.

Ese día debían definir la estrategia para despachar un alijo de aproximadamente 22 kilos que habían trasladado dos días antes desde Golfito, Puntarenas.

Para referirse a la operación sin levantar sospechas el grupo usaba términos cifrados. "El alquiler", "la quincena", "pajaritos", "helados" y "perritos" servían para referirse al dinero, a la coca y a su forma de envío.

La reunión de aquella tarde también sirvió para acordar cómo sacar la cocaína guardada en la vivienda de uno de los miembros de la banda, ubicada en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. La droga sería ocultada en un contenedor de una exportadora de plantas ornamentales, en Siquirres de Limón. Así lo definieron antes de abandonar el supermercado.

Los detalles de cómo operaba la banda los recopiló este medio de la sentencia judicial que condenó a sus miembros, a finales del año pasado.

La revisión de este y otros cinco expedientes dan cuenta de que, para fraguar sus negocios, estos criminales utilizan lugares públicos tan comunes y visitados como supermercados, restaurantes, panaderías, hoteles y centros comerciales.

Así lo evidencian también los movimientos de otra banda narco de cubanos y costarricenses que entre 2014 y 2015 se dedicaron a enviar droga oculta en cajas de yuca y piña, a Estados Unidos y Bélgica.

Los puntos de encuentro de este grupo se muestran en la siguiente infografía.

E  l barco con los dos contenedores de palmito ya había zarpado de Limón con rumbo a Amberes, en Bélgica. Iba aguas adentro cuando se supo que otro contenedor de la misma finca había sido detenido por la Policía de Control de Drogas (PCD) en carretera: llevaba ocultos 727 kilos de coca.

Los tres contenedores habían salido de Río Cuarto de Alajuela la mañana del sábado 10 de junio anterior. La naviera a cargo de la exportación desconocía si los dos que iban camino a Europa estaban contaminados.

De inmediato, la Policía coordinó con las empresas involucradas el protocolo de seguridad. En esas circunstancias, la normativa establece que, después de haber navegado varias millas náuticas, el barco se regrese al puerto para bajar y revisar los contenedores. Para la naviera aquello habría generado millonarias pérdidas.

Luego de verificar las millas náuticas recorridas, las partes acordaron que el barco se revisara en Panamá.

Por suerte no estaba contaminado, pero este es un pequeño ejemplo de cómo el narcotráfico afecta a la naviera, al exportador, a todo nivel”. Alfredo Salas, director ejecutivo de la Cámara de Nacional de Armadores y Agentes de Vapores (NAVE)

Incidentes como ese han obligado a las empresas a implementar sofisticadas medidas de seguridad para evitar que en sus productos y barcos se filtre droga. Las precauciones se toman en los centros de producción, los predios, las rutas de transporte, las plantas de empaque y en los mismos puertos.

“Esto eleva el costo de la materia prima y del producto terminado. El personal también es vulnerable, por el riesgo de ser reclutado por el narcotráfico”, declaró Álvaro Alpízar, presidente de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC, por sus siglas en inglés).

Para los traficantes, la logística e infraestructura para exportar la producción nacional es la idónea para mover grandes cargamentos hasta Europa y Estados Unidos.

Así fue como, ocultos en contenedores, partieron desde nuestro país casi 18.000 kilos de cocaína. Esto representa más del 45% de los 39.500 kilos de droga que salió de Costa Rica y fue incautada en el extranjero, entre enero de 2010 y abril de este año.

Las vigas o travesaños, los techos, las paredes, el piso y prácticamente, cualquier espacio de esa gran caja de metal puede ser alterado para esconder droga.

Para contrarrestarlo, las empresas han creado manuales de revisión para detectar alteraciones como pintura fresca, soldadura o remaches mal colocados. Además, se han amparado en sofisticada tecnología como los medidores de densidad, un equipo que permite detectar si un contenedor lleva droga oculta en las paredes con una revisión desde el exterior.

Otras compañías se han aprovisionado de escáneres, cámaras de vigilancia, perros entrenados para rastrear estupefacientes y personal de seguridad en los patios, bodegas, transporte y embarcaciones. Adicionalmente, contratan a buzos para revisar los buques cuando atracan en los puertos.

Empero, esta ruta tiene limitantes. “La seguridad y las medidas de contingencia se ven afectadas por los costos y mucha gente prefiere jugársela antes de asumirlos”, detalla Salas.

Por ejemplo, pagar a un buzo para revisar el casco de un barco, cuesta entre $250 y $300 por hora. El servicio lo paga la naviera, pero luego traslada esos costos a las exportadoras.

“Hay muchas pequeñas empresas que no cuentan con recursos y quedan a la deriva”, lamenta Laura Bonilla, directora ejecutiva de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

Edgardo González, presidente de NAVE, cree que la colocación de escáneres en los principales puertos y puestos fronterizos puede combatir el problema.

“Si usted escanea el 100% de los contenedores puede detectar todo tipo de drogas. En esto hay responsabilidad del gobierno, que ha tenido almacenado por 10 años unos escáneres y nos siguen hablando de un plan, pero aún no hay un cronograma”, replicó.

Por el contrario, Álvaro Alpízar, de BASC Costa Rica, cree que pasar rayos X a toda la mercadería es solo una solución parcial.

“El narcotraficante tiene millones de dólares a su disposición y cuando usted termina de colocar un escáner ya él ha comprado 17 y sabe cómo esconder la droga”, sostuvo Alpízar.

El narcotráfico afecta la reputación y el impacto es de largo plazo. Hoy, un comprador de Europa o Estados Unidos compra con más tranquilidad en Costa Rica porque el riesgo es mucho menor que si importara de otros países en América Latina. Por supuesto, es algo que queremos proteger y mantener.

Procomer tiene como mandato promover las exportaciones. No nos compete inspeccionar contenedores, pero sí ayudamos a las autoridades en la investigación y prevención. Tenemos un convenio con el Instituto Costarricense de Drogas para acceder a nuestras bases de datos, registros de exportadores, declaraciones aduaneras, movimientos y transacciones.

Lo que establece la ley es el registro único de exportador y los datos son muy sencillos: fotocopia de la cédula de identidad, de residencia o jurídica, la personería jurídica emitida por un notario e información de los representantes legales. No es un control de actividad comercial, es una información básica de contacto del exportador.

No, no son nuestras competencias.

Lo que hacemos es presentar toda la información de la empresa a la policía. Nosotros no nos dedicamos a la investigación.

Esa licencia es un requisito administrativo. Cuando las empresas salen manchadas, por lo general, dejan de exportar, pero no pierden el registro.

En la última década, la Policía de Control de Drogas ha arrebatado a las bandas narco más de 194 toneladas de cocaína en territorio nacional. Varios de esos grandes golpes fueron contra narco exportadoras.

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