Mayoría de candidatos a la Asamblea se opone al matrimonio igualitario

24 de enero de 2018

Si dependiera de ellos, casi dos tercios de los principales postulantes a diputados a la Asamblea Legislativa mantendría el matrimonio como un derecho exclusivo para parejas heterosexuales.

Así se desprende de un análisis hecho por La Nación, basado en entrevistas con 126 de los principales pretendientes a una curul, en siete partidos políticos.

Las entrevistas sucedieron entre septiembre y diciembre pasados.

El 9 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva que compromete al Estado costarricense garantizar un trato igualitario ante la ley a las personas homosexuales, en cuenta el derecho al matrimonio.

Entre los candidatos a diputados, solo una cuarta parte modificaría el Código de Familia para permitir esa unión, según las posiciones expresadas antes del fallo. Uno de cada 10 se abstuvo de opinar del tema.

El análisis no incluyó a partidos en los que uno de los ejes de su campaña es el matrimonio entre personas del mismo sexo, como el josefino Vamos (a favor) o aquellos con vinculaciones religiosas (en contra).

Casa Presidencial expresó el deseo de que la opinión consultiva de la Corte IDH tenga fuerza de ley mediante reformas salidas de la Asamblea Legislativa.

Eso sí, el director jurídico de Presidencia, Marvin Carvajal, aclaró que aún cuando no se reforme el Código de Familia, la Corte Interamericana señala mecanismos para garantizar los derechos a las personas LGBTI.

En otras palabras: una “bendición” del Congreso sería deseable para dar una señal de la solidez del Estado para cumplir los mandatos internacionales, pero está lejos de ser imprescindible para implementarlos.

Entre los posibles futuros diputados están los pragmáticos: “Cultural y socialmente no estamos preparados [para el matrimonio entre personas del mismo sexo]”.

Otros se decantan por nociones etimológicas: “La palabra ‘matrimonio’ viene de ‘matriz’ [es decir, del útero femenino]”. Otro puñado de aspirantes a la Asamblea Legislativa apoyan su oposición en fundamentos abiertamente religiosos: “Soy católico, apostólico y romano”.

Las repercusiones prácticas del matrimonio entre personas del mismo sexo son mínimas para la mayoría de costarricenses: no involucra platas públicas, no implica corrupción en el Estado, ni consecuencias sobre la seguridad ciudadana.

Sin embargo, el debate electoral ha estado secuestrado por este tema en las últimas dos semanas.

Las voces de los aspirantes a diputado en este tema quedaron disminuidas en su relevancia por la Corte IDH, pero ofrecen un retrato de cuán conservador o liberal se perfilaría un futuro Congreso a la luz del asunto más divisivo de su agenda social.

Posturas por partido.

Una reforma al Código de Familia se perfila difícil entre los futuros diputados.

Solo una mayoría de aspirantes del Frente Amplio (16) y del Partido Acción Ciudadana (13) apoyaría el cambio. El FA mantiene una línea favorable más robusta, con un 89%.

En el PAC, más de dos tercios de sus candidatos (72%) apoyan la reforma. Justamente, la posición dividida del partido le había valido las más sonadas críticas de los sectores liberales.

Una mención incómoda y recurrente es la designación del primer lugar por Heredia, Welmer Ramos, quien difiere en este tema con la posición del presidenciable Carlos Alvarado.

El PAC y el FA también son los únicos partidos cuyos planes de gobierno los comprometen con la promoción de una reforma a la figura del matrimonio en una próxima Asamblea.

El único otro partido cuyos candidatos se manifestaron a favor, aunque en minoría, fue el Movimiento Libertario.

Solo cuatro de sus candidatos principales (22%) le daría el ‘sí’ a una reforma, lo que los pone en desacuerdo con su candidato Otto Guevara. Él solo había manifestado su apoyo a la figura de sociedades de convivencia, no al matrimonio entre personas del mismo sexo. Cabe destacar que la Corte Interamericana rechazó de plano la aplicación de figuras distintas a la del matrimonio, pues afirmó que por sí mismas son otra forma de discriminación.

Ni uno solo de los aspirantes a diputado de los otros partidos apoya una reforma al Código de Familia.

Entre ellos, Liberación Nacional es la agrupación con un discurso más uniforme: sí a las uniones civiles o sociedades de convivencia; no al matrimonio.

Esa había sido la posición externada por su candidato presidencial Antonio Álvarez, quien afirmó estar en desacuerdo con la opinión de la Corte IDH por “la forma y el fondo”. Un total de 17 (94%) se ajustan a la línea del candidato.

Por su parte, Juan Diego Castro, del Partido Integración Nacional, ha expresado que no se opone al matrimonio igualitario, a pesar de que no se ha comprometido a promoverlo y no aparece en su plan de gobierno.

No obstante, sus diputados se dividen entre el rechazo de plano (28%) y el reconocimiento de tan solo algunos derechos para las parejas homosexuales (33%).

“Estamos de acuerdo en el principio de no discriminación –no con la figura del matrimonio como tal–, pero sí en respetar y otorgar derechos civiles”, expresó Erick Rodríguez, primer lugar por Alajuela.

El Partido Unidad Social Cristiana y el Republicano Social Cristiano muestran tendencias muy similares: en ambos partidos, aproximadamente la mitad se decantan por ofrecer algunos derechos, mientras que un tercio se opone llanamente sin ofrecer alternativas.

Las provincias

Las posiciones por provincia reflejan a grandes rasgos las mismas tendencias que se observan a nivel nacional, aunque hay algunos énfasis.

Los postulantes limonenses expresan las oposiciones más negativas (43%) contra cualquier reforma.

Por el contrario, los candidatos por Cartago (36%) y San José (34%) muestran un apoyo ligeramente acentuado a una reforma. Una clara mayoría de los heredianos (64%) están en contra del matrimonio, pero a favor de encontrar alternativas, como el reconocimiento de derechos civiles a través de otras figuras.

El tema del matrimonio homosexual ha sido eje de proselitismo conservador. Por ejemplo, estuvo presente en una multitudinaria marcha religiosa por el “Fortalecimiento de los Valores de la Familia Costarricense”, cuyos proponentes rechazaron, entre otros, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los aspirantes presidenciales del PUSC, PLN y Republicano Social Cristiano, entre otros, marcharon.

A pesar de que los proyectos de ley tratan de la figura civil del matrimonio, no la religiosa, ha sido difícil deslindar el cambio legal propuesto de los asuntos de fe.

Costa Rica tendría un Congreso con opiniones tan conservadoras como las de la ciudadanía, si los principales partidos quedaran representados equitativamente.

Dos tercios de los costarricenses (67%) se opone al criterio emitido por la Corte IDH, mientras que un 33% está a favor, según datos de la Encuesta de Opinión Pública dada a conocer ayer por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.

Otro estudio de marzo del 2017 reveló que siete de cada diez costarricenses declaran ser católicos (69,71%), mientras que poco más de uno de cada diez (13,42%) son evangélicos o pentecostales.

Un 77,59% consideraba la religión como un elemento muy importante en sus vidas.

Razones de los postulantes