Emergencias y cemento

Fue diputado joven por el PLN en 1990 (con 30 años) y repitió en 1998, pero su paso más polémico llegó como noticia vieja en el 2017, a propósito de su gestión como director de la Comisión Nacional de Emergencias en la administración Arias.

Gallardo renunció a ese cargo en el 2009 cuando se reveló que había adjudicado contratos de la CNE a exclientes suyos. Gallardo alegó que no hizo nada ilegal y que los empresarios ganaron las contrataciones por ofrecer mejores precios en cada concurso. Además, indicó que su renuncia no se debía a las denuncias, sino que dejó el cargo por problemas de salud.

A Gallardo y a otra funcionaria los investigó el Ministerio Público por los delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública. No obstante, en junio del 2011, el Juzgado Penal de Hacienda dictó una desestimación en favor de los sospechosos.

El caso resurgió en 2017, cuando se reveló que la firma que desató el escándalo en la CNE, estaba vinculada al empresario de cemento Juan Carlos Bolaños. Adicionalmente, un informe del OIJ evidenció más de 500 contactos telefónicos entre ambos entre 2014 y 2015.

Gallardo declinó renunciar a su candidatura a diputado por Renovación Costarricense luego de que la Comisión Investigadora del Congreso se lo solicitara: negó su relación con el caso del cemento chino y con la polémica reciente.

Los diputados concluyeron que el exfuncionario modificó concursos de contratación de la CNE, lo cual habría beneficiado a Bolaños. También consideraron que el político habría mentido al decir que su relación con el empresario obedeció a asuntos técnicos. Solamente el diputado de su partido, Abelino Esquivel, indicó que no se había comprobado que Gallardo tuviera algo que ver con el otorgamiento de los créditos a Bolaños.

Al respecto, Gallardo dijo a este diario: “No voy a renunciar porque no estoy vinculado en ningún trámite, ni gestión del crédito, ni del reglamento. No tengo nada que ver. Las conclusiones son falsas”.

Gallardo dejó el PLN en años recientes para unirse al partido cristiano Renovación Costarricense, fundado por Justo Orozco, aduciendo que los verdiblancos abandonaron sus luchas sociales y perdieron representatividad entre los educadores y sindicatos. Actualmente funge como asesor del presidente legislativo Gonzalo Ramírez.

Fortalecido y cuestionado

Es el político vigente con mayor trayectoria en partidos minoritarios. El médico fue diputado de 1998 al 2002. También se postuló cinco veces a la Presidencia de la República y a la diputación otras tres. Su partido fue vitaminado en el 2017 con el fichaje de Juan Diego Castro como candidato presidencial. Sin embargo, al eterno rostro del PIN lo persiguen dos polémicas.

Debido a un dudoso manejo de los cheques para justificar gastos de campaña, en el 2012 el TSE rechazó el pago de ¢42,6 millones de deuda política a su partido, tras las elecciones municipales del 2010. El Tribunal detectó que los supuestos pagos se realizaron luego de las elecciones, el último día posible. El BCR indicó que se hicieron transacciones con características irregulares: una secuencia de depósitos y giros de cheques que se fueron cambiando ordenadamente sin provocar faltantes de fondos. Es decir, el mismo dinero pudo moverse varias veces hasta justificar ¢43 millones. El partido presentó un recurso de reconsideración al TSE, pero fue rechazado.

Muñoz es protagonista de una segunda polémica. Según una acusación de la CCSS del 2012, el exjerarca de la institución, Eliseo Vargas, contrató una asesoría ficticia a Muñoz entre el 2002 y el 2004 por ¢23,4 millones. Según Muñoz, la demanda en su contra fue declarada inadmisible en el 2015, pero la Caja afirmó recientemente que reemprenderá las gestiones de cobro .

Como acusado también figura Vargas, quien ya había sido condenado por un caso similar en el que pagó una consultoría ficticia al microbiólogo Renato Soto Pacheco. Muñoz afirmó que él sí dio la asesoría, y que la acusación responde a una persecución motivada por sus esfuerzos de descubrir anomalías en la Caja.

En su gestión como diputado (1998-2002), Muñoz trabajó en proyectos para la regulación del precio de las medicinas y de productos de la canasta básica. Además, estuvo en el grupo de siete que se opuso a tramitar un plan para aumentar el salario de diputados en ¢315.000, aunque después fue criticado por estar dispuesto a recibir el aumento. Fue parte de 19 diputados que habían contratado familiares en la Asamblea Legislativa, en su caso, una sobrina.

La ‘eterna’ alcaldesa

Es de las más longevas al mando de un ayuntamiento. Tiene casi dos décadas en la municipalidad de San Pablo de Heredia, donde ha sido ejecutiva municipal y luego alcaldesa. En enero del 2012 fue suspendida durante 30 días sin goce de salario porque no informó a la Contraloría General de la República de que había demandado a su propia municipalidad, para reclamar el pago de ¢68 millones por anualidades y otros beneficios salariales.

Salas cometió dicha omisión pese a que desde octubre del 2009 la Contraloría había ordenado a las autoridades municipales informar, de inmediato, si un alcalde o exalcalde demandaba judicialmente el pago de anualidades, pues según esa entidad, esos funcionarios no tenían derecho a cobrar ese plus. Salas alegó que ella no faltó a su deber porque el Concejo había designado a la vicealcaldesa, para representar al Ayuntamiento en su caso.

La alcaldesa ganó la demanda en dos instancias judiciales y, aunque el municipio recusó el caso ante la Sala II, un error en la forma de plantear el reclamo por parte del abogado municipal impidió que los magistrados se pronunciaran sobre el asunto, con lo cual la Municipalidad debió pagarle. Menos de un mes después, la misma Sala II declaró improcedente el pago de anualidades en otro caso similar.

Adicionalmente, la Fiscalía General informó que en contra de la alcaldesa hay cuatro causas penales por los presuntos delitos de: nombramientos ilegales, falsificación de documentos, peculado e incumplimiento de deberes. Todas se encuentran en fase preparatoria de investigación. También el Tribunal de Ética del PUSC investiga una denuncia presentada contra la alcaldesa por parte de un exfuncionario municipal.

La Nación intenó contactar a Salas en reiteradas ocasiones para consignar su versión sobre estos temas, pero no devolvió las llamadas ni mensajes telefónicos.

Regalos por votos

Es abogada y exfuncionaria del IMAS. En el 2011 se inauguró como vicealcaldesa de la municipalidad de Flores, Heredia, puesto que ocupa hasta la fecha. En el 2014 fue sobreseída por una acusación de violación a la libre determinación del votante por hechos ocurridos en la campaña de elección de alcaldes de 2010.

Ese caso lo conoció el Tribunal Penal de San Joaquín de Flores. En la causa se la acusó de regalar cocinas de gas al exempleado municipal Marvin Alfaro y a sus cuñadas a cambio de su voto, mientras eran candidatos ella, el hoy alcalde Gerardo Rojas y el segundo vicealcalde Braulio Barrantes. Asimismo, le habrían ofrecido una casa a Alfaro y mantener su puesto en la municipalidad, si resultaban electos. El Tribunal no pudo determinar que las dádivas provinieran de recursos públicos, ni que ellos las ofrecieran en posición de funcionarios públicos, por lo que afirmó que no se les podía aplicar un tipo agravado de delito. Sin embargo, el Tribunal sí partió de la premisa de que la falta se cometió en su modalidad simple. Según la sentencia, los denunciados trataron de inducir el voto de Alfaro “por medio de dádivas y promesas de dádivas”, no obstante, el delito había prescrito, por lo que se les concedió el sobreseimiento.

Delgado insistió a La Nación en que se la incluyó en la acusación y en la posterior sentencia por ser parte de la fórmula municipal. La vicealcaldesa dijo que ella no pudo haber participado en los hechos denunciados porque, para aquellas fechas, se encontraba en Golfito. Este hecho no se destaca en la sentencia y, consultado sobre ello, Marvin Alfaro insistió en su versión de que la entonces candidata también le ofreció dádivas.

Abrió la puerta al cemento

Junto a Pedro Muñoz (PUSC) y Daniel Gallardo (Renovación Costarricense) es el tercer candidato a una curul vinculado al caso del cemento chino. Como ministro de Economía fue el responsable de promover el cambio en el reglamento a la importación de cemento en la actual administración. La comisión legislativa investigadora concluyó, mayoritariamente, que aceptó presiones de Casa Presidencial para hacerlo, lo cual terminó beneficiando al empresario Juan Carlos Bolaños. Ramos afirmó que aceleró el trámite ante “instancias superiores” de Casa Presidencial. Asimismo, ha dicho que su actuación ha estado apegada a la ley y a procedimientos adecuados. El Gobierno, a su vez, ha sostenido que su interés en el tema se motivó en el beneficio para los consumidores.

La comisión legislativa recomendó remitir el caso de Ramos a la Procuraduría de la Ética para que determine si incumplió el deber de probidad. El exministro accedió a renunciar a una eventual diputación en caso de que la Procuraduría determine que cometió esa falta. Asumió este compromiso ante una petición del candidato presidencial Carlos Alvarado, quien además fue su contendiente en la precampaña del PAC.

Como ministro del MEIC, Ramos también participó en las reuniones promovidas por el diputado Víctor Morales Zapata en Casa Presidencial con el empresario Juan Carlos Bolaños, varios ministros y funcionarios de gobierno, para discutir temas relacionados con el cemento chino.

Antes de su carrera política, el economista fue funcionario del Banco Central por 23 años. Se unió al PAC en el 2000 y fue asesor de su bancada en el Congreso del 2006 al 2014.

El exministro

Ha sido funcionario de alto nivel con el PUSC y el PAC. En 2014 fue nombrado ministro de Trabajo y durante su gestión se aprobó la Reforma Procesal Laboral. En 2016 renunció luego de que se revelara que había nombrado a una sobrina en el ministerio, lo cual violaba el Código de Ética del PAC y de la institución. Morales declaró que renunció para asumir las consecuencias.

El exministro figura en un proceso judicial reciente, el cual fue reportado por Diario Extra en el 2017. En el 2016, Morales concilió en un caso por malversación de fondos cuya denuncia se interpuso en 2015. Mientras fue alcalde de Aserrí, Morales ordenó usar recursos municipales para construir un muro de contención sobre una carretera nacional (en la cual el municipio no tenía jurisdicción) para evitar el riesgo de un deslizamiento sobre la casa de dos vecinas de su cantón. El exalcalde debió pagar ¢1,5 millones, realizar 200 horas de trabajo comunal e inhibirse de asumir puestos públicos por seis meses.

Morales fue viceministro de Trabajo de 1990 a 1993 y diputado de 1993 a 1994. Fue ministro de Trabajo en la administración de Miguel Ángel Rodríguez. En esa gestión se aprobó la Ley de Protección al Trabajador. Un mes antes de las elecciones presidenciales de 2006 se unió al PAC. Fue jefe y luego encargado de la organización territorial de la campaña de Ottón Solís en el 2010. Ese mismo año fue electo alcalde de Aserrí.

Actualmente es jefe de campaña de Carlos Alvarado.

El caso de las partidas específicas

Su paso por la Asamblea fue más notorio una vez que salió de ella. Miguel Ángel Guillén demoró 10 años tratando de librarse de cuestionamientos por un cargo de peculado en el trámite de partidas específicas que había gestionado en 1984, mientras fue diputado con el PLN. Fue sobreseído de la acusación en 1996. Las partidas favorecieron a la Asociación Nacional Agraria (ANA), cuya junta directiva estaba conformada por familiares suyos y de su cuñado.

En 1987, la Contraloría General presentó el resultado de una auditoría a las finanzas de la ANA entre 1984 y 1985. En ese lapso la asociación gastó poco más de ¢1,6 millones provenientes de fondos públicos, equivalentes a ¢53 millones de hoy. Un 40% se usó para pagar servicios, bienes u obligaciones a miembros de la junta directiva (familiares de Miguel Ángel Guillén y del secretario) y a empresas de Agustín Guillén, hermano del diputado. Los dineros se giraron sin un “sistema elemental de control interno”, determinó la Contraloría. El ente recomendó a la Asamblea Legislativa prohibir el giro de partidas específicas en los casos en que sus beneficiarios fueran familiares de diputados. La ANA terminó recibiendo partidas mucho mayores que las analizadas por la Contraloría: ¢16,5 millones en total (unos 547 millones en la actualidad).

El caso puso en una posición incómoda a su hermano Rafael Ángel Guillén (no vinculado con la ANA), quien fue director del Organismo de Investigación Judicial entre 1990 y 1994. El funcionario debió inhibirse de las investigaciones relacionadas con su hermano durante sus años de servicio, y en 1994 renunció para asumir la defensa legal de Miguel Ángel. Finalmente, el Estado no pudo probar que el exdiputado se beneficiara personalmente por las partidas que gestionó. Consultado sobre este caso, Miguel Ángel Guillén afirmó que las autoridades judiciales tampoco probaron que las contrataciones de la ANA hubieran sido un favorecimiento indebido. Guillén afirmó que fue eximido de responsabilidad por el Tribunal de Ética del PLN, del cual formaba parte. No obstante, el partido no guarda estos registros.

Miguel Ángel Guillén actualmente es asesor legal de la Municipalidad de Nicoya.

Suspensión tras la derrota

Hoy vive autoexiliado, pero fue líder de una de las principales tendencias liberacionistas, agriamente enfrentada a la de los Arias. Fue diputado, ministro de Obras Públicas y Transportes, secretario general y presidente del PLN. También fue precandidato presidencial en 1989 y 1993, y candidato en el 2002.

Su ascenso en la política se vio amenazado en 1988 cuando detuvieron al entonces presidente del BCIE, Ricardo Alem, con unos $760 mil en efectivo en una maleta, envueltos en calcomanías de la precampaña de Araya. La comisión legislativa sobre narcotráfico exoneró a Araya de responsabilidad en 1989. El caso provocó un largo enfrentamiento entre él y el exministro de Seguridad Hernán Garrón. En el 2009, Araya denunció a Óscar Arias, presidente por segunda vez en ese entonces, por poner esas calcomanías ahí para perjudicarlo, por intermedio de Garrón. La acusación fue refutada por el ministro de Presidencia Rodrigo Arias.

Luego de perder las elecciones presidenciales del 2002, el Tribunal de Ética del PLN suspendió a Araya por seis meses en el 2003 por haber recibido $25.000 de una empresa panameña como donación para su campaña. En el 2004, el partido renunció a investigarlo por una donación vinculada a Alcatel por $100.000 que no fue reportada al partido ni al TSE, así como una donación por $300.000 provenientes de empresarios de Taiwán. El Tribunal determinó que ya había sido cosa juzgada la donación panameña. En su momento, el político afirmó que él no ordenó pedir esos dineros, que su uso fue en gastos no reembolsables y dijo desconocer por qué no se reportaron.

Araya fue una de las figuras más visibles en la oposición del TLC con Estados Unidos. Renunció al PLN en el 2008 al afirmar que era “solo un cascarón”. Ese mismo año fundó Alianza Patriótica, junto a Mariano Figueres. Anunció su candidatura presidencial en el 2009, pero le terminó dando su adhesión a Ottón Solís, del PAC. Desde el 2016 se presentó como candidato a diputado por el emergente Todos.

Actual presidente del PUSC. Un informe del OIJ reveló que el abogado intercambió 197 llamadas telefónicas con el cuestionado importador de cemento Juan Carlos Bolaños entre 2014 y 2015. Muñoz reconoció que tiene una relación amistosa y profesional con el empresario en la esfera privada. Por estos vínculos tiene una causa abierta en el Tribunal de Ética del partido.

En el 2012 formó parte de la tendencia Renacer Socialcristiano, la cual se opuso al afán del grupo Convergencia Calderonista de rechazar la condena contra su exlíder Rafael Ángel Calderón Fournier por recibir comisiones ilegales. Se anunció como el primer precandidato presidencial por el PUSC en el 2012, pero terminó dándole su adhesión a Rodolfo Piza en el 2013.

Su posible regreso a la Asamblea será un viaje redondo para un político que ha fungido como diputado, representante del país en el extranjero y político municipal. Como diputado (1998-2002) se le criticó por aceptar, con otros tres diputados socialcristianos, un viaje a Las Vegas, pagado por la Asociación de Casinos de Costa Rica. Esa asociación también había pagado otro viaje a cuatro liberacionistas. En el 2000 también fue cuestionado como uno de los diputados cuyos viajes resultaban más onerosos para la Asamblea (ocupó el sexto puesto en un escalafón). Luego de dejar la Asamblea fue embajador de Costa Rica en Guatemala hasta el 2006. Desde el 2007 es alcalde de Belén. Su hermano es el actual diputado William Alvarado.

Diputado entre 2002 y 2006 junto a Laura Chinchilla. En el gobierno de Arias fue ministro de Turismo pero renunció en 2009 para unirse a la campaña presidencial de Chinchilla. En esa administración, fue jerarca de Turismo, y en 2011 fue nombrado ministro de la Presidencia.

En el 2012 se vio envuelto en su primer polémica, cuando legisladores de oposición lo acusaron de pedirles el voto contra la reelección de magistrado de la Sala IV Fernando Cruz. Le exigieron su renuncia, sin éxito, y lo desconocieron temporalmente como interlocutor del gobierno con el Congreso.

En 2013, se reveló un correo del legislador Wálter Céspedes, donde solicitaba a Benavides el nombramiento de familiares en instituciones públicas. La Fiscalía abrió una causa por presunto tráfico de influencias contra Céspedes, pero se desestimó por falta de pruebas.

Compareció en la comisión legislativa que investigaba supuestas irregularidades en la gestión de recursos para la construcción de la trocha fronteriza, pero negó su involucramiento.

Fue diputado del 2010 al 2014. En 2012, durante el debate fiscal fue uno de los 8 diputados que tenía propiedades subvaloradas ante Hacienda. Bajo su liderazgo, el Movimiento Libertario llenó de mociones (3.337 en total) el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria que se discutía por vía rápida. Se postuló a presidir el Congreso ese mismo año, pero sus colegas le retiraron el apoyo cuando trascendió que era aficionado a las peleas de gallos. Terminó renunciando a su aspiración. Actualmente registra una causa penal (en trámite de investigación preparatoria) por el delito de retención indebida de cuotas a la Caja Costarricenses del Seguro Social.

Fue diputada del PUSC entre 2002 y 2006. En marzo del 2005 fue cuestionada por usar un carro de la Asamblea para ir a celebrar el cumpleaños 56 de Rafael Ángel Calderón, quien cumplía prisión preventiva en La Reforma por el caso Caja-Fischel. “Los amigos se conocen cuando los amigos están mal”, contestó. La diputada había pedido el vehículo para ir a una gira en Talamanca. Los vehículos solicitados por la diputada fueron los que marcaron mayor kilometraje entre marzo del 2004 y marzo del 2005. Ella y otros tres socialcristianos presentaron un proyecto en el Congreso para la creación de la Defensoría de los Privados de Libertad, a instancias de Calderón. Además impulsó, junto con Carlos Avendaño y otros legisladores, un proyecto de ley para declarar a Jesucristo como señor único de Costa Rica. En agosto del 2005 se enfrentó con el candidato presidencial Ricardo Toledo por impedir la elección del diputado limonense Wálter Céspedes para la siguiente administración.

Fue diputado libertario entre 2002 y 2006 y jefe de fracción. Se opuso al proyecto de contingencia fiscal, discutido en el gobierno de Abel Pacheco. A su fracción se la acusó de romper, repetidamente, el cuórum y de presentar unas 1.000 mociones en el primer debate del plan. Se ventiló que en 2004 intercedió por la empresa Ajecen ante el Ministerio de Ambiente para que Setena agilizara los trámites de entrada de la marca Big Cola.

Diputada libertaria entre 2010 y 2014. Una de sus prioridades fue el avance de la vía entre San Carlos y San Ramón. Fue parte de 15 diputados que contrató familiares –dos hijos– en el Congreso. Destacó como la legisladora que más viajes hizo en el 2011. Se opuso a la reforma fiscal promovida por el PAC y el PLN.

En el 2012 fue señalada como parte de un grupo de 10 diputados que ayudaron a gestionar fondos del Ejecutivo para comunidades. El dinero provino de una partida que la Sala IV declaró inconstitucional para los presupuestos siguientes. La crítica elevada en ese momento fue que los diputados capitalizaban políticamente ante las comunidades el crédito por sus gestiones, al estilo de las antiguas partidas específicas. Zamora ayudó a la Municipalidad de Naranjo a conseguir ¢150 millones para poner una cancha sintética en su estadio, y luego se presentó ante el concejo para anunciar sus gestiones.

Se inauguró en la esfera pública como viceministro de la presidencia en el gobierno de Óscar Arias (2006-2010). Trabajó al lado del entonces ministro de la presidencia Rodrigo Arias y era el enlace de Casa Presidencial en el Congreso cuando se discutía la aprobación del TLC. En dicha administración se vio envuelto en el escándalo de las consultorías del BCIE. Esa situación salpicó principalmente a Rodrigo Arias. Se reveló que algunos asesores, que eran pagados con ese dinero, reportaban informes a Thompson.

Desde diciembre de 2010 es alcalde de Alajuela. En agosto de 2015, se denunció a un funcionario municipal por el supuesto otorgamiento irregular de patentes de licor. A Thompson posteriormente se le sumó a esta causa. El Juzgado Penal de Alajuela ordenó una suspensión de dos meses contra él, pero esta medida quedó sin efecto y fue sobreseído del caso en diciembre del 2016.

Actualmente figura en dos causas penales en etapa de investigación preparatoria por el supuesto delito de abuso de autoridad y otra por el supuesto delito de desobediencia. La Nación no obtuvo acceso a los expedientes, pero Thompson dijo que los procesos no tienen que ver con sus actuaciones personales, sino con recursos de amparo interpuestos contra la municipalidad. El primero tiene que ver con la realización de obras de mitigación de inundaciones en Barrio San José, de Alajuela, cuyo cumplimiento estaría en curso según el plazo fijado por la Sala Constitucional, según afirmó. De la segunda causa dice no tener detalles pues afirma que aún no ha sido notificado.

Thompson evaluó postularse como precandidato presidencial del PLN, pero desistió de sus aspiraciones.

Este médico guanacasteco y diputado en el gobierno de Laura Chinchilla, fue uno de los principales defensores del exministro Rodrigo Arias en el Congreso entre el 2011 y el 2012, durante la investigación legislativa por el manejo de dineros del BCIE. Una de las frustraciones en su gestión como diputado fue el intento fallido por promover un plebiscito para impulsar la anexión de los distritos peninsulares de Lepanto, Paquera y Cóbano a su provincia, iniciativa que promovió junto con un bloque de diputados guanacastecos y que lo enfrentó con los de Puntarenas.

En el 2011 acuerpó, sorpresivamente, un proyecto de ley antitabaco que era más indulgente con las tabacaleras, si se lo comparaba con otro proyecto de consenso que se discutía en ese momento en la Comisión de Asuntos Sociales. Aiza fue duramente criticado por sus colegas de otras fracciones, así como por la Red Nacional Antitabaco. Él defendió su propuesta aduciendo que tendría más viabilidad en el plenario. Es hermano de Sigifredo Aiza, quien se postuló como precandidato presidencial del PLN en el 2017.

Su carrera pública se ha movido entre Pococí y Cuesta de Moras. Fue ejecutivo municipal y alcalde de Pococí entre 1998 y el 2006. Vivió otros ocho años entre los pasillos de la Asamblea, primero como asesor (2006-2010) y luego como diputado (2010-2014). Fue subjefe de fracción del Libertario. En el 2010 fue el único congresista que votó a favor de una iniciativa de aumento de salarios para los diputados. Lo hizo aunque la presidenta Laura Chinchilla retiró su apoyo al proyecto que pretendía incrementar la remuneración de ¢2,3 a ¢4,3 millones. Engrosó las 3.337 mociones que el ML presentó ante el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria, que terminaría sepultado. En el 2013 tuvo una sonada pelea con Otto Guevara durante la Asamblea Nacional de su partido, e incluso anunció que se volvería diputado independiente, lo cual no concretó.

Único miembro de la fracción frenteamplista entre 2010 y 2014. heredero político del exdiputado José Merino, de quien había sido asesor. Fue candidato presidencial para el 2014. Su paso por la Asamblea tuvo un fuerte acento ambientalista, tanto en la presentación de proyectos como en la oposición a otros. El más sonado fue el impulso a la prohibición de la minería a cielo abierto, que se aprobó en el 2011. Fue uno de los diputados firmantes del proyecto de Ley de sociedades de convivencia y uno de los principales críticos del estancamiento de la fertilización in vitro en el país. Se le acusó de haber abierto un portillo a las uniones homosexuales cuando logró introducir una modificación a la Ley General de la Persona Joven. En materia fiscal se manifestó en contra de la transformación del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado.

En su primera gestión como diputado (2002-2006) impulsó una ley para exonerar de impuestos a las iglesias evangélicas y presentó un proyecto para declarar a Jesucristo como señor único de Costa Rica. En 2004, Justo Orozco lo expulsó del partido y fundó Restauración Nacional. Protestó en el Monumento Nacional contra el cierre de iglesias, realizado por el Ministerio de Salud, entidad que aceptó, posteriormente, las peticiones del diputado. También logró que se eliminara la legalización de la “píldora del día siguiente” dentro de la reforma a Ley general de salud. La consideraba abortiva, aunque es contraceptiva.

En su segundo periodo como legislador (2010-2014) se opuso, fuertemente, al proyecto de Ley de sociedades de convivencia, al de la fertilización in vitro y a la nueva ley de tránsito, planteando mociones para impedir su aprobación. A su vez, logró que se postergara la entrada en vigencia de un reglamento que obligaba a las iglesias a cumplir con la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Hijo del exdiputado del PUSC Rodolfo Sotomayor Guevara y exlíder de la Juventud Socialcristiana. Fue diputado en primer lugar por Puntarenas en el 2010, propuesto por Rafael Ángel Calderón Fournier. En materia fiscal, se opuso a la transformación del impuesto de ventas en el de valor agregado. Formó parte de la comisión investigadora de los préstamos del BCIE, que indagó al exministro Rodrigo Arias. Fue criticado en el 2012 cuando defendió que fueran secretas las deliberaciones para analizar el levantamiento de la inmunidad del liberacionista Jorge Angulo, acusado de extorsión. Él y los miembros de la comisión alegaron el respeto al derecho a la intimidad de Angulo, cuyo caso estaba en fase preparatoria del proceso penal.

Sotomayor apoyó al candidato Rodolfo Hernández en la campaña presidencial del 2014. Desde enero del 2015 se anunció su paso al Partido Republicano Social Cristiano.

Fue viceministra de planificación en el gobierno de Laura Chinchilla y ha trabajado como consultora en organismos internacionales. En la administración de Óscar Arias (2006-2010) fue asesora del entonces vicepresidente y ministro de planificación, Kevin Casas, quien tuvo que renunciar a su cargo luego de la divulgación de un memorando de su autoría con polémicas estrategias para la campaña del Sí al TLC.

Fue alcalde de San Mateo del 2003 al 2011. La primera vez que asumió la alcaldía tenía apenas 20 años y aún era estudiante de Derecho. Posteriormente, trabajó como asesor legal en el sector privado y en las municipalidades de Valverde Vega, Palmares, Orotina y Buenos Aires. En el 2008, dio su apoyo al expresidente Rafael Ángel Calderón para que fuera candidato del PUSC en las elecciones de 2010. Cuatro años más tarde se unió a un movimiento interno del partido, que, liderado por Pedro Muñoz, abogaba por no defender a Calderón.