23 de enero de 2018

"La situación fiscal es grave, riesgosa e insostenible. Amenaza con incrementar la inflación y las tasas de interés, estrujando el acceso a créditos y elevando la percepción de Costa Rica como un país riesgoso para invertir". Ese es el panorama para este año, según el Banco Central.

Sin embargo, en la futura Asamblea Legislativa no se vislumbra un consenso para aprobar una reforma que detenga esas consecuencias.

Los diputados que estrenarán curul en mayo próximo seguirán remando en las mismas corrientes que han impedido, desde el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006), convenir en una solución que frene el continuo deterioro de las finanzas públicas.

En el próximo congreso persistirá el antagonismo: un grupo presionará por crear nuevos impuestos mientras otro abogará por rebajar el gasto e incrementar la recaudación de los actuales tributos antes de aprobar más.

En el primer barco irían los aspirantes de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana(PAC) y Frente Amplio (FA), quienes favorecen una reforma fiscal.

Los impulsores del segundo plan serían los candidatos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario (ML), Integración Nacional (PIN) y el Republicano Social Cristiano (PRSC).

Eso sí, cada agrupación tiene sus matices, lo cual dificultaría aún más un acuerdo.

Así se desprende de un análisis elaborado por La Nación, que consultó la postura de 126 de los principales pretendientes a una curul, en siete partidos políticos. Por cada agrupación se entrevistaron 18 candidatos.

Los resultados muestran que la totalidad de aspirantes del PAC y el PLN consideran preeminente aprobar una reforma tributaria, que permita al próximo gobierno obtener mayores ingresos para combatir el déficit fiscal, proyectado en un 7,1% de la riqueza nacional para el 2018.

Esta posición, coincide con la del actual gobierno, que respalda en la Asamblea Legislativa un plan fiscal.

La iniciativa incluye modificar el impuesto de ventas a uno del valor agregado (IVA), con una tasa del 13% y aumentar la renta. Además, pretende ordenar los salarios de los jerarcas estatales y poner topes al pago de anualidades y salarios a los empleados públicos.

Ese mismo paquete tributario sería defendido por el PAC, en caso de que no se apruebe en el parlamento antes del 8 de mayo.

Por su parte, los postulantes del PLN están de acuerdo en promover una reforma fiscal que modernice la estructura tributaria, controle los disparadores del gasto y mejore la transparencia del sector público.

De acuerdo con el candidato a la vicepresidencia del PLN y el exministro de Hacienda Edgar Ayales, la propuesta del partido es discutir, de forma simultánea, la reforma tributaria junto con paquetes de reducción de gasto.

“Las medidas fiscales tienen que ir de la mano, el proyecto como se presenta implica que la propuesta tiene que ser balanceada, gradual, pero que se toque todo a la vez. No podemos aprobar primero impuestos sin entrarle al tema del gasto y viceversa”, dijo.

Sin embargo, hasta hace algunos meses, Antonio Álvarez y su bancada en la Asamblea, condicionaron el apoyo a la reforma del gobierno a la aprobación de reformas al empleo público.

“Creemos que no le podemos poner la mano en la bolsa a los costarricenses si antes no ponemos orden en materia del gasto.”, dijo en una entrevista a La Nación, luego de resultar electo como aspirante presidencial por el PLN.

En el caso de los candidatos del Frente Amplio, el 94% dijo estar a favor de una reforma fiscal, aunque fueron menos precisos en indicar los detalles de la misma. En algo sí están de acuerdo: debe ser una reforma progresiva, donde “el rico pague como rico y el pobre como pobre”.

Los actuales diputados frenteamplistas alegan que la reforma que está impulsando el Gobierno de Solís “no es un proyecto equitativo”, porque recae sobre la clase trabajadora. Esta agrupación, presentó su propio proyecto con medidas fiscales.

De acuerdo con el plan de gobierno de la agrupación, se estarían impulsando reformas a las grandes rentas y la riqueza; y estarían a favor del IVA del 13%, siempre y cuando no se graven bienes y servicios básicos.

Menos Gasto

En la otra orilla se ubican el PUSC, el ML,el PIN y el PRSC, quienes no consideran urgente aprobar nuevos impuestos. Para la mayoría de estos aspirantes, de llegar al Congreso, primero se enfocarían en la aplacar el gasto y aumentar la recaudación, antes de modificar la estructura tributaria.

La reforma 20.179, busca establecer cláusulas que limitan el presupuesto nacional cuando este excede los ingresos del Estado. El proyecto ya fue dictaminado y está para discusión en el plenario.

Esta posición es similar a la tomada por Luis Guillermo Solís en sus primeros dos años de gobierno, cuando prometió mejorar el cobro de impuestos y subir los ingresos, antes de promover nuevos impuestos.

Sin embargo, en el último año de mandato, el Ejecutivo ha enfrentado problemas de liquidez y ha urgido la aprobación de la reforma.

“El mejor paquete fiscal que necesita este país es la lucha contra la corrupción”, afirmó por su parte Wálter Muñoz, presidente del PIN y aspirante a una curul.

Al criterio de Muñoz se pliegan otros nueve aspirantes del PIN, quienes coincidieron con la necesidad de restringir los gastos y disminuir la evasión. Una sola candidata está de acuerdo en impulsar una reforma de imediato y otros siete no dejaron clara su opinión o no respondieron, pese a insistentes llamadas y correos de este medio.

En cuanto al Movimiento Libertario, sus potenciales diputados más bien se inclinan por una reducción de los impuestos actuales, por no aprobar nuevos tributos y por medidas para reducir el gasto.

Finalmente, el Partido Republicano muestra las posiciones más divididas: una tercera parte de los postulantes aprobaría una reforma fiscal, la mitad se enfocaría primero en frenar el gasto, uno más dijo que bajaría la tasa de impuestos y dos reconocieron no estar informados sobre el asunto.

Mientras los votantes definen quienes ocuparán los 57 escaños del congreso, el Banco Central envió -en su informe de revisión de la economía - un recordatorio a todos los implicados en el actual desequilibrio fiscal:

“La urgencia de que los diferentes actores de la sociedad costarricense interioricen la gravedad y riesgos asociados al deterioro y posición insostenible de las finanzas públicas, para la búsqueda de consensos nacionales sobre una reforma fiscal estructural”, concluye el documento.