Pablo Sauma. Economista y exdirectivo de la Caja.
La crisis financiera del seguro de salud de la CCSS que se hizo especialmente evidente en el 2011 tiene su origen tanto en lo referente a los ingresos como a los gastos.
El equipo de especialistas nacionales nombrado para el análisis de la situación, del cual tuve el honor de formar parte, elaboró un informe con 91 recomendaciones para solucionar los problemas financieros a corto plazo, pero especialmente la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.
En mayo del 2015, casi cuatro años después de ese informe, la institución hizo un seguimiento a las 91 recomendaciones: 47 habían sido acogidas en su totalidad, 34 parcialmente y 10 rechazadas. Además, del total de acogidas, solamente 39 fueron concluidas y 42 estaban en ejecución.
Cabe preguntarse si ese resultado es satisfactorio. La respuesta es que no, por dos motivos principales. En primer lugar, porque, después de tanto tiempo, el número de recomendaciones atendidas y concluidas es muy bajo. En segundo lugar, porque los avances se han dado en las recomendaciones “de menor impacto” sobre la situación financiera.
En los últimos años, quienes manejan las finanzas del seguro de salud han puesto énfasis en tratar de solucionar el problema financiero a corto plazo, pero nadie en la institución parece estar pensando seriamente en garantizar la sostenibilidad financiera para el futuro.
"Debe simplificarse el sistema de pluses salariales a uno más simple y transparente. Debe reducirse de forma significativa el personal administrativo, pues en muchos casos hay personal que duplica y triplica funciones".
Bache financiero. Entre los años 2011 y 2013, el seguro de salud recibió en promedio ¢175.000 millones al año en transferencias del Gobierno Central. Esos elevados montos permitieron cerrar el bache financiero que prevalecía en esos momentos, lo cual acompañado con algunas tenues medidas de contención de las remuneraciones –especialmente en las extraordinarias, así como la creación de plazas–, hicieron creer a la población que las cosas se estaban solucionando. Sin embargo, eso no es así.
En el 2014 y el 2015, la transferencia del Gobierno Central se redujo y, por otra parte, se “aflojaron” las restricciones. Por ejemplo, las remuneraciones por tiempo extraordinario y disponibilidad crecieron en el 2015 en un 13,2% respecto al año anterior, mientras que ese crecimiento fue en promedio menos de un 5% anual en los tres años previos.
Nuevamente, comenzaron a relucir los problemas financieros, y los responsables de las finanzas del seguro se enfocan principalmente en la obtención de más fondos del Gobierno, en lugar de hacer los ajustes que corresponden a una solución permanente al problema.
Escapa a las posibilidades del presente, por asuntos de extensión, realizar un análisis detallado de las acciones por ejecutar para avanzar a esa sostenibilidad, pero conviene destacar las que a juicio de este autor son más relevantes.
Gastos. Por el lado de los gastos, en primer lugar, se requiere sustituir el enorme gasto en remuneraciones extraordinarias y disponibilidades, por un segundo turno de atención en los principales establecimientos de salud, que resultará en una mejor atención a la población y en una reducción de las listas de espera.
Además, debe simplificarse el sistema de pluses salariales a uno más simple y transparente. Debe reducirse de forma significativa el personal administrativo, pues en muchos casos hay personal que duplica y triplica funciones; en otros casos, el personal es altamente ineficiente en sus gestiones, de forma que solamente representan cargas para la institución.
Todos los puestos de jefaturas de mayor nivel, médicas y administrativas deben ser nombrados por plazo fijo con evaluaciones anuales, y en ningún caso deben ser nombrados en propiedad.
Debe instaurarse, de una vez por todas, el expediente único. Finalmente, debe garantizarse que al menos el 6% del gasto total anual se destine al mantenimiento y nuevos equipos y edificaciones, es decir, a inversión.
Ingresos. Por el lado de los ingresos, conviene destacar que el financiamiento del seguro de salud con recursos del Gobierno es una opción válida, pero debe ser un complemento a las acciones concretas de mejoramiento de la recaudación de las contribuciones obrero-patronales. En este último caso, aún hay mucho por hacer. Dada nuevamente la limitación de espacio, se incluyen solamente las acciones prioritarias a juicio del autor.
En primer lugar, se debe garantizar que todos los proveedores de bienes y servicios de la propia CCSS, del sector público en general, así como las empresas que reciben concesiones del Estado, cumplen con sus obligaciones de aseguramiento a sus empleados.
“Debe instaurarse, de una vez por todas, el expediente único. Finalmente, debe garantizarse que al menos el 6% del gasto total anual se destine al mantenimiento y nuevos equipos y edificaciones, es decir, a inversión”.
Ello implica cambiar la verificación actual de que “la empresa se encuentra al día en el pago de sus contribuciones –independientemente del número de empleados que tenga asegurados–”, a un sistema en el cual “se verifique que el número de trabajadores asegurados por la empresa corresponde al volumen de las ventas que le realiza a la propia CCSS o a cualquier institución pública”. Lo mismo se debe hacer con aquellas empresas cuyas tarifas son fijadas por el Estado, pues esas tarifas, que pagamos todos los costarricenses, llevan implícito el pago del aseguramiento de un número determinado de trabajadores.
Por otra parte, debe continuar el aumento de la base mínima contributiva hasta que alcance el salario mínimo de un trabajador no calificado menos el aporte patronal a la CCSS; pero también es imperativo que en las planillas todos los trabajadores del sector privado cuenten con una adecuada especificación de su ocupación, la cual pueda ser homologada con el decreto de salarios mínimos.
Además, debe definirse una estrategia definitiva para los trabajadores independientes y por convenios especiales. Por último, deben fortalecerse (¿reformar?) las labores de inspección de la institución, de forma que se garanticen resultados concretos y evaluables.
